Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – La Coordinadora de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos – COIPRODEN, manifiesta que el Estado de Honduras debe atender las peticiones de los estudiantes universitarios y de segunda enseñanza y no criminalizar la protesta.
Señala que el que protesten, es una manifestación de su necesidad de ser escuchados y de contar con espacios de participación y de que sus intereses sean parte de la agenda pública y social del país.
Advierte que lo que es cuestionable, es que la respuesta gubernamental a esta expresión estudiantil, lejos de atender sus justos reclamos y de generar para ellos espacios de diálogo al más alto nivel, ha consistido en una dura e injustificada represión, en contraste con la actitud paciente y abierta que tuvo con la dirigencia de los transportistas que igualmente se tomaron las calles y carreteras del país.
Comunicado:
La Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos – COIPRODEN, conformada por 22 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan con niñez y juventud, ante la represión, detenciones y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones estudiantiles, se pronuncia de la siguiente manera:
La policía hace uso excesivo de la fuerza y de los gases lacrimógenos contra los estudiantes
Las y los estudiantes de nivel universitario y medio han iniciado un movimiento de protesta pacífica en varias ciudades del país con tomas de varios institutos de educación media y algunas vías de comunicación, demandando un bono de transporte 1,500 lempiras y rebaja de dos lempiras al pasaje del transporte público, debido a que los actuales precios afectan directamente su oportunidad de acceder al derecho a la educación; además, demandan recuperar el derecho pleno a tener organizaciones estudiantiles de manera independiente, sin tutelaje o intervenciones de las autoridades; contar con el derecho a estudiar los grados de 7mo a 9no en la jornada nocturna y recuperar la asignación del bono estudiantil que les ha sido negado.
La juventud estudiantil tiene derecho a la manifestación pública, derecho garantizado por la Constitución de la República y por instrumentos nacionales e internacionales. Que protesten es una manifestación de su necesidad de ser escuchados y de contar con espacios de participación y de que sus intereses sean parte de la agenda pública y social del país. Lo que es cuestionable es que la respuesta gubernamental a esta expresión estudiantil, lejos de atender sus justos reclamos y de generar para ellos espacios de diálogo al más alto nivel, ha consistido en una dura e injustificada represión, en contraste con la actitud paciente y abierta que tuvo con la dirigencia de los transportistas que igualmente se tomaron las calles y carreteras del país. En ese sentido, el Estado exhibe una doble moral al aplicar el rigor de la ley de manera diferenciada, según el sector social que se manifieste.
Los y las estudiantes han sido víctimas del uso desproporcionado y abusivo de la fuerza debido a que durante los desalojados se emplean disparos con balas de goma, golpes con toletes, intoxicación con gases lacrimógenos que afectan su salud y la de los transeúntes, además que algunos de sus líderes han sido detenidos sin acceso a defensa en la detención policial. Igualmente, el gobierno amenaza con sanciones penales y administrativas a los estudiantes y maestros que apoyasen las manifestaciones. Estas medidas en general develan la ausencia de mecanismos de diálogo, la imposición de un modelo represivo de respuesta a las demandas sociales y el aumento de las violaciones a los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud. Estos extremos fueron parte de las practicas constatadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente Visita in Loco al país.
La Red COIPRODEN además observa con preocupación la ausencia de una respuesta social activa desde las autoridades que tienen como responsabilidad velar por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, y asesorar al poder ejecutivo sobre el respeto a los derechos fundamentales de esta población, entre ellos el rol del Instituto Nacional de la Juventud (INJ), la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la Secretaria de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), quienes deben actuar como mediadores frente a los justos reclamos de miles de estudiantes que a nivel nacional demandan condiciones para el acceso real a su derecho a la educación. A vista y paciencia de quienes deben garantizar los derechos de los estudiantes la Secretaría de Educación criminaliza la protesta estudiantil, y emprende acciones de represión académica contra estudiantes y docentes que los apoyan.
Por tal razón Recomendamos:
Instaurar al más alto nivel un espacio de diálogo para escuchar las demandas de las juventudes estudiantiles del país, tanto del nivel secundario, como universitario y garantizar que se aseguren mecanismos efectivos para el monitoreo y cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.
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Instamos a que la problemática sea atendida de manera integral con la participación de la Secretaría de Educación (SEDUC), Instituto Nacional de la Juventud (INJ), la DINAF, el CONADEH, la Secretaria de Derechos Humanos y con la observación de organizaciones de niñez y juventud, UNICEF y la Oficina del OACNUDH.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades policiales y militares a respetar la integridad de las y los estudiantes, así como a los defensores de derechos humanos.
Abstenerse de aplicar sanciones administrativas o de otra índole contra los estudiantes y sus maestros.
Recordamos al gobierno de la República que frente a cualquier otra consideración debe primar el interés superior de la niñez, adolescencia y la juventud.
Tegucigalpa, M.D.C. a los 23 días del mes de agosto de 2018
