A casi tres años de su implementación, el régimen de excepción se ha convertido en un mecanismo permanente de represión que abre la puerta a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales e impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado ya por casi tres años en Honduras, se ha convertido en una herramienta que lejos de frenar la criminalidad, está profundizando violaciones a los derechos humanos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) actualmente investiga diez quejas relacionadas con posibles casos de desapariciones durante el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022. Entre ellos, confirmó la desaparición de una persona trans en la que estarían implicados agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
La titular de CONADEH, Blanca Izaguirre, cuestionó la extensión indefinida de la medida, que ya suma casi tres años, sin ofrecer los resultados prometidos en materia de seguridad. “Lo que está pasando con ese estado de excepción es que se está abriendo la puerta precisamente para desapariciones y para que se den ejecuciones extrajudiciales”, advirtió.
Izaguirre señaló que los datos recopilados por el ente estatal en centros de detención y postas policiales evidencian contradicciones con las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Seguridad. A su juicio, el estado de excepción ha perdido su carácter de medida extraordinaria para convertirse en un régimen permanente que vulnera derechos fundamentales, en lugar de combatir de raíz la criminalidad. Resaltó, además, que en este contexto electoral la medida resulta aún más preocupante, pues aumenta la tensión y genera riesgos adicionales de violaciones de derechos humanos.
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DESAPARICIONES FORZADAS EN HONDURAS SE CONVIERTEN EN UNA CRISIS NACIONAL
Las advertencias del Conadeh se suman a las realizadas por organizaciones de sociedad civil como Cristosal, que alertan sobre un incremento constante de desapariciones en Honduras. Su directora en el país, Karen Valladares, sostuvo que la situación ya debe considerarse como una crisis nacional, que golpea especialmente a los barrios y colonias más vulnerabilizados por el control territorial de estructuras criminales y que muestra la ausencia de mecanismos efectivos de búsqueda y de protección por parte del Estado.
De acuerdo con los monitoreos de Cristosal, en lo que va del 2025 ya se registran más de 75 personas desaparecidas, incluso bajo el estado de excepción vigente. Las estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad revelan que entre 2012 y 2022 fueron reportadas 9,838 desapariciones, con un pico en 2019 de 1,356 casos y una caída durante la pandemia a 496 registros.
Los datos recopilados por la organización muestran que la mayoría de las víctimas son hombres (62%), aunque las mujeres representan un 38% y los menores de edad un 30% de los casos a nivel nacional.
Cristosal identificó como principales focos de desaparición a las grandes ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero destaca que este fenómeno se extiende ahora a municipios y departamentos como Intibucá, Comayagua, Yoro, Valle, Ocotepeque, La Paz y las Islas de la Bahía.
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FAMILIAS SIN RESPUESTAS DEL ESTADO
En su informe reciente, Cristosal documentó testimonios de familiares de jóvenes desaparecidos en barrios como la Rivera Hernández en San Pedro Sula, quienes denuncian la falta de respuesta estatal efectiva. “Las familias nos decían que al interponer la denuncia en la Policía o en el Conadeh, se limitan a contestarles: ‘Dejen de llamar, porque no hemos encontrado a la persona desaparecida’”, relató Valladares.
Esta situación, afirmó, evidencia la impunidad y la ausencia de protocolos de búsqueda inmediatos, fundamentales en las primeras 24 horas tras la desaparición.
Para Valladares, el contexto de violencia en barrios y colonias —marcado por el control de estructuras criminales, el despojo territorial y la criminalización social— ha convertido las desapariciones en una práctica extendida en todo el país. “Esto ya se ve en Honduras como una práctica forzada que pasó de ser un mecanismo de control social a una práctica que beneficia la total impunidad”, advirtió.
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LLAMADO A REFORMAS LEGALES Y POLÍTICAS DE BÚSQUEDA
La directora de Cristosal subrayó la necesidad urgente de tipificar el delito de desaparición en la legislación nacional. Actualmente, solo se castiga la desaparición forzada, pero no otras modalidades ligadas a pandillas, persecución política o ataques contra defensores de territorio.
Además, exigió activar mecanismos de alerta inmediata, como la Ley de Alerta Morada que aún espera ser aprobada en el congreso Nacional pese a la emergencia de las desapariciones de niñas y mujeres. “No podemos seguir diciendo a una familia: ‘ponga la denuncia, a ver qué pasa’, cuando la vida de una persona puede estar en riesgo”, señaló.
Valladares instó al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia a impulsar reformas y aprobar leyes que garanticen el acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y sus familias.
