Tegucigalpa, Honduras. – La implementación del estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, ha permitido identificar la implicación de algunos funcionarios policiales y militares en actos delictivos, los cuales han aumentado con la suspensión de garantías constitucionales que les otorgan mayores facultades.
“Este modelo de estado de excepción ha permitido identificar las malas prácticas que se venían cometiendo dentro de la Policía Nacional. Los casos de policías implicados en actos irregulares sugieren que existe un mayor control interno de investigación”, evaluó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Además, mencionó que, con el estado de excepción, para las autoridades de investigación es más fácil identificar las redes criminales dentro de la institución, ya que, amparados en las facultades que este les otorga, algunos uniformados perpetran fechorías durante capturas y allanamientos de viviendas.
“Por ejemplo, en general, cuando se realiza un operativo de allanamiento, debe seguirse un procedimiento legal, pero con el estado de excepción, no es necesario. Entonces, las autoridades pueden, y han identificado, qué grupos policiales utilizan estas labores para cometer ilegalidades, justificándolas con las atribuciones que tienen”, opinó Acevedo.
El procedimiento legal para realizar un allanamiento de vivienda, como mencionó Acevedo, está establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, que en esencia requiere el conocimiento previo del propietario y una orden emitida por un juez. Sin embargo, desde el 6 de diciembre de 2022 hasta la fecha, este artículo ha perdido temporalmente su efecto.
Esto se debe a que fue una de las seis garantías constitucionales suspendidas por el Poder Ejecutivo al emitir el decreto de emergencia. Según la normativa, este decreto debía ser ratificado por el Congreso Nacional en un plazo máximo de 45 días, pero no fue así, lo que inicialmente revistió la medida de inconstitucionalidad.
Acevedo considera positivo que el estado de excepción haya permitido desarticular algunas redes criminales dentro de la Policía. Sin embargo, también señala que, en otros aspectos de la seguridad ciudadana, esta medida no ha cumplido con lo previamente establecido. La violencia y criminalidad, especialmente la perpetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, siguen afectando a la población.
“Particularmente lo considero positivo porque antes estos casos no se hacían públicos; de hecho, se solían ocultar y manejar con hermetismo dentro de las fuerzas policiales. Sin embargo, esta medida también es cuestionable por varios aspectos”, analizó Acevedo.
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POLICÍAS IMPLICADOS EN ACTOS ILEGALES PERPETRADOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Lo expuesto por Acevedo se refleja en la reciente captura de 14 policías, quienes fueron detenidos en los últimos días por cometer arbitrariedades mientras estaban en servicio. Estos agentes se aprovecharon de las facultades otorgadas por el estado de excepción para abusar de su autoridad, extorsionar a personas y cometer otro tipo de fechorías.
Por ejemplo, el pasado 13 de agosto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a cuatro elementos policiales en Tegucigalpa, la capital hondureña. Estos agentes habían arrestado a una persona y, posteriormente, le exigieron 10 mil lempiras para liberarlo, una práctica también perpetrada por grupos de narcotraficantes y organizaciones criminales.
De acuerdo con la investigación, los cuatro implicados —el subinspector Emerson Aldair Vindel Gaitán; el clase I Kenneth Esaú Varela Canales; y los agentes Emerson Antonio Flores Matamoros y Erick Omar Andino Martínez— ya habían establecido un esquema delictivo para interceptar al ciudadano y las condiciones bajo las cuales lo liberarían.
El cotejo de hechos establece que los policías ya habían estudiado a su víctima. Primero, ingresaron a un restaurante de comida rápida, sacaron al ciudadano y le informaron que tenían datos que indicaban que él se dedicaba a actividades ilegales. Luego, lo subieron a una patrulla con número de registro 454.
Después, despojaron al hombre de todas sus pertenencias y, mientras le explicaban lo que debía hacer para ser liberado, lo trasladaron por varios puntos de la capital hasta llegar a un cajero automático. Allí, retiró 10 mil lempiras y se los entregó a los agentes.
No obstante, los policías le exigieron 50 mil lempiras adicionales que debía entregar antes del mediodía del día siguiente. Le advirtieron que, si no cumplía con el acuerdo extorsivo, lo presentarían ante el Ministerio Público como narcotraficante, lo que podría haber concluido con la implantación de evidencias falsas, una práctica histórica en la institución.
El ciudadano, tras ser liberado del secuestro policial, denunció el hecho al Sistema de Emergencia 911. En cuestión de horas, la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) arrestó a los policías involucrados, quienes formaban parte de una red criminal. Estos ahora permanecen recluidos en la cárcel de Támara, en Francisco Morazán enfrentando un proceso judicial.
Gustavo Sánchez mencionó esta estrategia es una “autodepuración” que se continuará realizando en la institución. Fotografía: Jorge Burgos/Criterio.hn
De hecho, aunque solo esta semana se han registrado 14 arrestos, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, asegura que en lo que va de 2024 han puesto a disposición de las autoridades a 54 policías. Es decir, solo en la segunda semana de agosto se ha registrado el 26% del total de capturas.
Sánchez, quien ha sido criticado por acusar a los sectores que señalan las deficiencias policiales, aseguró que para lograr estos arrestos están llevando a cabo auditorías internas en la institución, supervisadas por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).
“Estamos implementando diversas estrategias. Una de ellas incluye auditorías internas y la evaluación de nuestro personal. También tenemos planes para combatir los actos ilícitos que puedan cometer algunos funcionarios policiales”, afirmó en medios de comunicación.
