Entre 18,000 y 20,000 menores de edad viven hoy en las calles de Honduras, expuestos a abusos, explotación, y múltiples formas de violencia, resultado tangible de la falta de políticas eficaces y la indiferencia institucional
Desde 2015, cerca de 146,000 niñas y niños han sido retornados al país tras migrar, reflejando una crisis humanitaria persistente y la profunda deuda estatal con la protección y garantía de los derechos fundamentales de la infancia
Tegucigalpa, Honduras. – La niñez en Honduras enfrenta un panorama crítico de abandono estatal, marcado por exclusión educativa, migración forzada, violencia y retrocesos legislativos que agravan su situación. Más de un millón de menores están fuera del sistema educativo y la falta de medidas efectivas ha dejado a la niñez en una situación de extrema vulnerabilidad.
Vásquez subraya que, si bien existen leyes y espacios institucionales, en la práctica no se implementan ni hay recursos asignados para garantizar los derechos de la infancia, dejando como resultado tangible la situación de más de 15 mil niños en calle y miles de muertes violentas de menores de edad en los últimos años, además otros problemas estructurales como la migración infantil, embarazo en adolescentes y la deserción escolar.
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VIOLENCIA Y CIFRAS ALARMANTES
La Red Coiproden, organización que ha documentado a lo largo de 36 años las carencias y peligros a los que se expone más del 70% de la población menor de 30 años, quienes siguen siendo golpeados por la violencia y la falta de oportunidades. Señala que, a pesar de esfuerzos y marcos legales, el Estado sigue sin garantizar derechos fundamentales como acceso a educación, salud integral, y seguridad, dejando a niños, niñas y adolescentes a merced de la violencia, el crimen organizado y la cooptación por parte de maras, pandillas y otras estructuras delictivas.
De acuerdo con WilmerVásquez, entre 2022 y 2024 fueron documentadas 373 muertes violentas de personas menores de 18 años y, en lo que va de 2025, ya suman 64 víctimas en este grupo etario.
De manera global, la Red Coiproden ha monitoreado 2,260 muertes violentas de adolescentes y jóvenes entre 0 y 30 años en los últimos cuatro años, y un total de 359 solo en 2025. Aunque existe una reducción del 17% respecto al año pasado, estas cifras –para Vásquez— siguen siendo inaceptables e ilustran la magnitud del abandono histórico institucional.
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SIN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
La educación sexual integral es fundamental para prevenir el embarazo adolescente y construir una sociedad más informada, igualitaria y libre de violencia sexual. Honduras había logrado un avance significativo con la aprobación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, que reconocía la urgencia de abordar la problemática mediante información científica y protección de derechos, especialmente en un país donde uno de cada cuatro partos corresponde a menores de 19 años.
Sin embargo, este progreso sufrió un retroceso tras el veto presidencial, perpetuando así la falta de respuestas integrales a una de las crisis sociales más graves del país.
En ese sentido, remarcó, la urgencia de implementar una educación sexual integral en el sistema público educativo hondureño, considerando que es indispensable para abordar la violencia sexual desde sus raíces. Señala, que una currícula integral —organizada por edades y dirigida tanto a familias como a niñas, niños y adolescentes— permitiría proveer información preventiva y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia que ocurre en entornos públicos y privados.
Especialistas y organizaciones coinciden en que la educación sexual integral es fundamental para prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y romper ciclos de violencia y pobreza en Honduras. Sin embargo, actores conservadores y la falta de decisión política han postergado una implementación real en las escuelas públicas, pese a que existen marcos normativos y estrategias que reconocen su importancia.
Alvarado enfatizó que la sola sensibilización no basta: es imprescindible fortalecer los mecanismos de denuncia y castigo, exigiendo que tanto el Ministerio Público como el sistema judicial actúen de oficio ante casos de violencia y abuso sexual, para garantizar justicia y reparar el daño a las víctimas.
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OTRAS PROBLEMÁTICAS
Otra de las problemáticas a las que se ven enfrentada la niñez hondureña es la crisis de la niñez en condición de calle que ha alcanzado proporciones alarmantes y revela el profundo abandono estatal. De acuerdo con datos de Casa Alianza, entre 18,000 y 20,000 niñas y niños sobreviven en las calles, la mayoría provenientes de familias que viven en extrema pobreza y exclusión social. Estos menores de edad afrontan diariamente riesgos gravísimos como explotación laboral, violencia física y sexual, trata de personas, desnutrición y severos daños a su salud física y mental.
Analistas consideran que la falta de políticas eficaces y la indiferencia institucional perpetúan esta vulnerabilidad, relegando a miles de niños y niñas a un ciclo de desprotección y olvido en todo el país.
Por otro lado, la situación de la niñez hondureña migrante refleja una crisis humanitaria persistente y alarmante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, entre 2015 y agosto de 2025, un total de 145,874 niñas y niños han sido retornados al país tras intentar migrar, de los cuales 48,280 son niñas y 97,594 son niños.
Estas cifras evidencian la magnitud del fenómeno y exponen a la infancia a reiteradas condiciones de vulnerabilidad, separación familiar y riesgo de sufrir violencia, explotación o discriminación tanto en tránsito como tras su retorno, profundizando así la deuda estatal en materia de protección y derechos de la niñez migrante.
Pese a las graves problemáticas que enfrenta la niñez hondureña —como la violencia, la migración forzada, el trabajo infantil y la desprotección estatal—, al sector infantil se le sigue negando el acceso a mecanismos internacionales de justicia. Con la reciente negativa del Congreso Nacional de ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se impide que niñas, niños y adolescentes presenten denuncias ante instancias internacionales cuando el Estado hondureño no garantiza sus derechos o no responde frente a violaciones graves. Esta decisión deja a la infancia sin un recurso adicional de protección y limita seriamente su acceso a la justicia, perpetuando su vulnerabilidad ante diversas formas de abusos y malos tratos.
