Pueblos Olvidados
Madereros y mineros: la tragedia tolupana
Los tolupanes se ubican en el departamento de Yoro, en la región centro norte de Honduras. Este departamento es uno de los principales bastiones del narcotráfico en el país. Con 5,305 asesinatos entre 2010 y 2021, es uno de los epicentros de la violencia. La extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas del exalcalde del municipio de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, es apenas una evidencia.
Por: Ariel Torres
Fotos: Horacio Lorca
Alrededor de las cinco de la tarde del 25 de agosto de 2013 dos sicarios irrumpieron una protesta montada en el corazón de uno de los bosques más abundantes del departamento de Yoro, en la región centro norte de Honduras.
Los manifestantes eran unos 150 indígenas tolupanes que habían tomado durante doce días, de manera pacífica, la carretera de acceso a San Francisco Locomapa, impidiendo el paso a las empresas madereras y mineras instaladas en sus montañas.
—¿Dónde están los cabecillas? —gritó uno de los sicarios, de nombre Selín Fúnez, un vecino de otra aldea.
—Los cabecillas somos todos —respondió valientemente el compañero Armandito, antes de que le pegaran un disparo en la cabeza.
—Si no nos dicen dónde están los cabecillas, acá vamos a matar a un montón de indios —amenazó Carlos Luque, Calín, el otro sicario.
Celso Cabrera Matute relata la embestida. Su voz se entrecorta, «son cosas que no se pueden olvidar», exclama indignado. Él es un testigo, un sobreviviente del ataque; no así su madre, María Matute (de 71 años).
«Mi mami les dijo que no fueran ingratos, pero Selín le pegó cuatro disparos. Al verla, me sentí descontrolado, como un niño despreciado. Ahora pienso cuánto batalló mi viejita para criar sola a sus seis hijos», reflexiona Celso.
En 2013, Celso Cabrera Matute perdió a su madre, cuando dos sicarios irrumpieron una protesta pacífica de los tolupanes que se oponen a los madereros y mineros en su territorio.
En aquel trágico domingo de agosto también fueron asesinados los hermanos y líderes de la comunidad, Armando Fúnez (de 44 años) y Ricardo Soto Fúnez (de 40 años).
Como un fratricidio, los presuntos autores materiales de los crímenes también eran tolupanes. Pero Selín y Luque formaban parte del otro bando de la tribu, quienes están de acuerdo o trabajan para los empresarios ladinos y extranjeros que explotan los recursos naturales de San Francisco Locomapa, propiedad comunal de los tolupanes desde 1864.
Protegidos por ciertos intereses, los sicarios permanecieron en la tribu hasta su captura siete años después. A Luque lo condenaron a 45 años de prisión; mientras Selín fue absuelto en 2020 por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, aparentemente por «falta» de pruebas.
Tras fugarse en 2018 del centro penal de Yoro, Luque fue encontrado sin vida en una aldea de San Francisco Locomapa. «Él no se escapó, a él lo sacaron del presidio para reventarlo», sostiene Celso, quien desconoce el paradero de Selín, el supuesto asesino de su madre.
La violencia no cesó con el triple asesinato, al contrario. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización que se ha fusionado con la tribu en la defensa de su territorio, denuncia que en San Francisco Locomapa han asesinado a 14 tolupanes desde 2013.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC–SJ, una instancia impulsada por los jesuitas, precisa que en las últimas décadas se han cometido 119 asesinatos en las 31 tribus tolupanes del país, 19 de ellos en San Francisco Locomapa.
Con el apoyo de estas organizaciones y de algunos medios de comunicación, las víctimas lograron traspasar el silencio que procuran sus victimarios.
«Los tolupanes registran el mayor número de líderes asesinados en Honduras. Son pueblos vulnerables al narcotráfico y al crimen organizado», señaló la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli Corpuz, tras visitar la tribu en 2015.
No es ningún secreto que el departamento de Yoro es uno de los principales bastiones del narcotráfico en el país. Con 5,305 asesinatos entre 2010 y 2021, es uno de los epicentros de la violencia. La extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas del exalcalde del municipio de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, es apenas una evidencia.
Expuesto a este conjunto de poderes externos, los tolupanes no dudan en atribuir los asesinatos en su territorio a las empresas madereras y mineras, en complicidad con algunas estructuras de la tribu.
«Ellos son los autores intelectuales», recalca Celso, antes de mostrar orgulloso las instalaciones de la Radio Dignidad, un medio comunitario que construyen sobre el mismo espacio donde los sicarios asesinaron a su madre.
Una tribu abandonada
Ramón Matute escucha atento a Celso; su testimonio es similar. A él le mataron a su padre Salomón Matute y a su hermano Juan Samael en 2019, ambos con medidas cautelares decretadas en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz del triple asesinato.
Los presuntos sicarios de Salomón y Samael, dos tolupanes de nombre René y Melkin Córdoba, se encuentran libres. «Son cuatro años de impunidad y dolor», exclama Ramón, quien junto a Celso y más de una decena de líderes son procesados judicialmente por oponerse a los negocios en su territorio.
Siguiendo el legado de su padre, Ramón Matute es el secretario del Consejo Preventivo, organización creada en 1990 para proteger la tribu, contraparte del Consejo Directivo, la instancia afín a los empresarios.
«Mi papá siempre me decía que la tribu era de todos, él siempre defendió el título ancestral. En las montañas me enseñaba los linderos del territorio y me decía “esto es de nosotros”», recuerda Ramón, quien a raíz de los asesinatos de sus familiares tuvo que asilarse en otro país.
El destierro ha sido un recurso histórico de sobrevivencia para los tolupanes, obligados por la conquista española a dejar sus tierras en la costa norte para protegerse entre la densidad de las montañas de los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.
Según el título ancestral de 1864, solicitado por el sacerdote español Manuel de Jesús Subirana al Estado hondureño, los linderos referidos por Salomón Matute en San Francisco Locomapa abarcan 7.5 caballerías en el municipio de Yoro, al sur del Refugio de Vida Silvestre Texiguat.
El territorio, que con las actuales medidas supone unas 512 hectáreas, consta de 19 aldeas instaladas en uno los bosques de pino más vastos del país, con un subsuelo también abundante en antimonio, oro y plata.
Relegada a la lejanía de su territorio, sin luz ni agua potable, apenas con señal telefónica, la tribu vive abandonada. En sus montañas el Estado prácticamente no existe.
«Solamente quien tiene recursos puede sacar a sus enfermos a Yoro, porque para llegar al hospital más cercano hay que contratar un vehículo que cobra tres mil lempiras. Nosotros hemos presenciado hasta mujeres que paren a sus bebés en el bus», comenta Ramón, quien por falta de recursos no pudo terminar sus estudios de Derecho.
A los tolupanes las autoridades públicas no solo los abandonan, sino que también los «excluyen» por desafiar los poderes en su territorio. Una prueba se dio durante el confinamiento de la pandemia, cuando la alcaldía de Yoro los discriminó al distribuir la asistencia humanitaria.
«El Estado de Honduras, a través de la Municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa «Honduras Solidaria», llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a las personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu», señaló el MADJ al presentar un recurso de amparo en 2020.
Presionado por las evidencias, un Juzgado de San Pedro Sula declaró la sentencia a favor de la tribu, sin duda, un hito histórico para una comunidad condenada a perder sus batallas legales.
Bosques en conflicto
Con un Estado ausente, el aislamiento no es por sí solo un mecanismo suficiente de protección para la tribu, porque a diferencia de ellos, para los madereros y los mineros, la distancia nunca ha sido un obstáculo para acceder a los recursos naturales.
«Recuerdo que, de niños nos montábamos en los camiones que salían de las montañas llenos de madera, lo hacíamos sin saber el daño que le hacían a la comunidad. Yo me vine a enterar del saqueo muchos años después», comenta el secretario del Consejo Preventivo.
Con 55% de su área con vocación forestal, la madera es un botín en el departamento de Yoro. En total, son 428 mil hectáreas de bosque, con pinos de alta calidad. Para talarlos, las empresas se amparan en los Planes de Manejo que aprueba el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
En 2020, el departamento contaba con 55 planes de manejo (46 privados y 9 públicos), acumulando un área de 35 mil hectáreas permitidas para explotar. Licencias que dan pie a una tala masiva, a una industria multimillonaria capaz de mover piezas en todos los poderes del Estado.
Para el caso, en 2020, el 1.1% de toda la madera aserrada en Honduras provino de San Francisco Locomapa; un negocio concentrado en dos empresas: la Venta Local de Madera y Transformación Ocotillo (Velomato) y la Industria Maderera René Eleazar (INMARE).
A diferencia de otras regiones indígenas, los tolupanes no se oponen al corte de la madera, sino a sus negociaciones, las que según ellos, solo benefician a los empresarios, a la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (Fetrixy), al Consejo Directivo y a las autoridades públicas que legalizan el negocio.
«Esa es la propiedad del papá del secretario del Consejo Directivo, mire, ahí tiene su ganado, sus carros, una buena casa. A diferencia del resto de la tribu, que vive en miseria», advierte José María Pineda, presidente del Consejo Preventivo, mientras cruza una angosta carretera de tierra, ruta de los camiones madereros y mineros.
«Habemos gente que hay veces no prendemos ni el fuego porque no hay nada que comer», comenta Rosa Adilia Vieda, una tolupana de 38 años que se unió al Consejo Preventivo después de los asesinatos en 2013, «si no defendemos nuestro territorio vamos a perder lo poco que nos queda», insiste.
De militar a terrateniente
Los terratenientes arribaron desde diferentes flancos. El primero fue el coronel en condición de retiro Óscar Filander Armijo Uclés, un egresado de la Escuela de las Américas que llegó a San Francisco Locomapa a mediados de la década de los setenta.
Uclés no era cualquier militar. Tras dirigir el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) en Colón, la principal sede de entrenamiento contrainsurgente en Centroamérica durante la década de los ochenta, el militar recibió del Instituto Nacional Agrario (INA) un título supletorio adentro de los linderos del territorio tolupán.
Para los pobladores, el título otorgado fue la llave del conflicto, un ejemplo de los privilegios y de la corrupción que acompañó a muchos militares en su proceso de conversión a empresarios después de la guerra fría.
«Fue totalmente ilegal porque al tener papeles ancestrales, nuestro territorio no se podía remedir», añade Ramón Matute.
Mientras asentaba sus intereses en las tierras tolupanas, Uclés constituyó en 1990, junto a otros 25 militares (17 compañeros de su promoción de 1967), el Grupo Hondureño de Inversionistas, S.A. de C.V (GHISA), una empresa agroindustrial y minera.
Al Uclés empresario lo acompañó la cúpula militar. En GHISA destacan dos exjefes de las Fuerzas Armadas (Luis Alonso Discua Elvir y Arnulfo Cantarero López), cuatro exjefes de Seguridad (Álvaro Romero Salgado, fallecido) Melanio Lázaro Soleno, Reinaldo Andino Flores y Claudio Laínez Coello), un excomandante de la Fuerza Aérea (Héctor Castro Cabus), un exjefe de la Fuerza Naval (José Osiris O’Connor Peña) y un exjefe de Inteligencia Militar (Herberth Munguía Morales).
A todas luces, la disputa territorial que se avecinaba era desigual. El poder que enfrentaban los tolupanes era una maquinaria de influencias. En cuestión de años, la llegada del excoronel Uclés, experto en combates militares en junglas y montañas, cambiaría la vida comunitaria de la tribu.
Los tolupanes han sufrido una extensa lista de ataques, a pesar de ello, mantienen firme en su convicción de proteger el territorio ancestral
En 1994 un grupo de ancianos provenientes de seis tribus tolupanes, a manera de testamento, manifestó su temor:
«Queremos mostrar a las nuevas generaciones jicaques de Yoro nuestra gran preocupación por las continuas invasiones y usurpación de nuestras tierra; de manera especial, denunciamos al general Filander Armijo Uclés quien ha cercado una vasta extensión de tierras de la tribu de San Francisco Locomapa».
Ninguna autoridad atendió el reclamo de los ancianos y en consecuencia, familias enteras fueron desterradas de la tribu.
«En 2014, Uclés nos sacó de nuestra propiedad, amenazándonos con quemar nuestra casa. Nos quejamos ante las autoridades, pero no hicieron nada», explica Dilber Córdoba a Criterio.hn.
Casos similares a la de los Córdoba abundan en San Francisco Locomapa.
Para ocupar los terrenos, los tolupanes eran un escollo para el militar retirado, quien conocía perfectamente el potencial económico del bosque. Junto a él, su sobrino Kenton Landa Uclés y el empresario Wilder Domínguez, montaron un emporio maderero a expensas del territorio tolupán, de esta etnia que tiene unos cinco mil años de existencia.
«Con ellos se cerraron caminos, se cercaron terrenos, se montó un sistema de vigilancia y aparecieron los sicarios en nuestro territorio», detalla un poblador.
Los madereros
Kenton Landa Uclés es el gerente general y propietario de Velomato, Wilder Domínguez de INMARE. Los dos son las caras visibles de la industria maderera en Locomapa, al que entran escoltados y en camionetas polarizadas.
En sociedad, ambos crearon en 2009 la empresa Inversiones del Atlántico Norte (Invertlan), actualmente uno de los principales aserraderos del país —ubicado en Choloma—, también exportadora de madera a Estados Unidos.
Los datos oficiales del ICF proyectan el tamaño del negocio de estas empresas, las que en los últimos doce años generaron unos 35 millones de pies tablares de madera. Una producción que, según el precio actual, tendría un valor comercial de aproximadamente 1.2 mil millones de lempiras.
Para generar 35 millones de pies tablares, se estima que desde 2006 a 2020, Velomato e INMARE cortaron unos 124 mil árboles en el territorio tolupán, una deforestación evidente en San Francisco Locomapa.
Sobre el papel, la explotación de estas empresas es legal, al contar con los permisos ambientales, operativos y los Planes de Manejo. Lo que denuncian los tolupanes con el MADJ, a través de más de 60 denuncias, es la presunta corrupción alrededor de sus licencias; además de la violencia que ejercen para mantener sus negocios.
El Consejo Preventivo argumenta que la tribu no fue consultada como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras desde 1995. Como prueba, presentan más de 500 firmas solicitando la cancelación de los permisos madereros en su territorio.
Los tolupanes sostienen que las licencias de las empresas son otorgadas en procesos corruptos e ilegales, bajo la complicidad del Poder Judicial, del INA, del ICF y de la alcaldía de Yoro.
Pero los empresarios también encuentran «empleados» entre los tolupanes. La Fetrixy y el Consejo Directivo son quienes dan la «aprobación indígena» a sus negocios, a la vez que arrastran irregularidades e interrogantes alrededor de su supuesta legitimidad como representantes de los pueblos tolupanes.
«Las empresas comercializan la madera a unos 35 lempiras el pie tablar, pero ellos se las venden a 80 centavos», señala Ramón Matute.
De acuerdo al Consejo Preventivo, la Fetrixy (creada en 1995) ingresa el 15% de la venta de la madera, la alcaldía de Yoro recibe el 16% por impuestos, y en teoría, el remanente se distribuye con los pobladores que apoyan la venta.
«Más allá de los porcentajes que ellos negocian, hay mucha corrupción en la Fetrixy y en el Consejo Directivo», denuncian los tolupanes.
Los reclamos señalan a José Alonzo Vieda, presidente del Consejo Directivo y a Noé Rodríguez, expresidente de la Fetrixy por más de doce años, un ladino que, según denuncian, funciona como «emisario» de las empresas para mover los hilos adentro de las comunidades.
Los tolupanes también aseguran que las compañías sacan más madera de la permitida. Al respecto, en 2006, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) concluyó que Velomato «incumplía con las leyes forestales, poniendo de manifiesto sus operaciones ilegales».
Evidentemente, la auditoría no detuvo la tala. Al contrario, desde 2006 hasta la fecha, el Estado ha criminalizado a decenas de tolupanes que denuncian estas supuestas irregularidades, por suponerlos responsables de obstaculizar los planes de manejo a favor de las empresas.
Sin el apoyo legal del MADJ, líderes como Ramón y Celso probablemente estarían encarcelados. «Los empresarios controlan a las autoridades, por ejemplo, el Juzgado de Letras de Yoro ha sido presidido por Keyla Fugón, una pariente de Wilder Domínguez Fugón», comenta otro tolupán criminalizado.
«Una fiscal de Yoro una vez nos dijo, “¿creen que vale la pena entregar su vida por defender el bosque?” Que una fiscal diga eso, deja mucho que pensar», comenta Ramón Matute.
Como si no era suficiente con los madereros, al territorio entraría otra industria igualmente problemática, cuando en 2015 el empresario y político Yani Rosenthal Hidalgo, a través de su bufete Medina, Rosenthal & Fernández Central Law, inscribió a la empresa minera Lachansa CO. S.A.
Desde Colombia a Locomapa
Dos años antes de ser sentenciado en Estados Unidos por lavar activos a narcotraficantes, el excandidato presidencial y actual presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, inscribió la empresa Lachansa a nombre de Rigoberto Viera Rivera y Saúl Rauda Hernández.
Sin embargo, en 2017 la compañía cambiaría de propietarios, apareciendo en escena el empresario colombiano Álvaro Hernández Londoño, actualmente su principal accionista (junto a su esposa e hijo), en sociedad con otros seis estadounidenses; todos desconocidos hasta ese año en el ámbito hondureño.
Con Viera Rivera y Rauda Hernández, Londoño también es socio de la empresa Aquafiers CO.S.A., la cual presta servicios hídricos, ambientales y mineros. Una compañía que tiene en su junta directiva a una exempleada del bufete de Yani Rosenthal, Medina, Rosenthal & Fernández Central Law.
Radicado en Estados Unidos, Álvaro Hernández Londoño proviene de una influyente familia empresarial de Colombia, remotamente emparentada con la familia del expresidente Álvaro Uribe y con otros personajes como Ricardo Londoño, un famoso corredor de autos asesinado en 2009, investigado en su momento por sus presuntos vínculos con el cártel de Medellín, en la época del entonces capo Pablo Escobar.
La empresa Lachansa se define como: «una compañía minera de antimonio con sede en Honduras y de propiedad estadounidense, establecida e incorporada bajo las leyes de Honduras en 2015. (…) Con actividades adicionales que involucran la socialización estratégica, la organización y el desarrollo de la tenencia de la tierra indígena».
¿La tenencia de la tierra indígena? Al contrario, los tolupanes argumentan que la empresa no cuenta con los permisos para operar en su territorio. Al respecto, en 2017 la Fiscalía acusó al jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo, por otorgar la licencia sin la autorización del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
De acuerdo con el catastro minero, 0.95% del territorio del municipio de Yoro está comprometido para la actividad minera, a través de cuatro concesiones de minería industrial y una artesanal. En ninguna de ellas aparece Lachansa.
«Ellos llegaron con la autorización del Consejo Directivo, nosotros nos dimos cuenta hasta que ya estaban trabajando acá. Como los madereros, la minera colocó vigilantes en cada comunidad, generando temor en la gente», comenta Ramón Matute.
Según su rótulo, la compañía aparentemente se instaló en la aldea La Capa, ubicada en Locomapa, en una zona donde ha operado la compañía Minerales La Capa S. de R.L., propiedad de Napoleón Martínez Izaguirre, concesionada en 1997 para explotar 364 hectáreas hasta el año 2037.
Al igual que los madereros, quienes conocían el potencial económico de los bosques tolupanes, Lachansa se asentó literalmente sobre una mina de oro. Según un estudio chileno, su área dispone de 1,5 millones de toneladas de antimonio, donde también se encuentran rastros de oro.
El conflicto minero también ha sobrepasado la defensa territorial, cuando en 2022, María Murillo, integrante del Consejo Preventivo, denunció a Santiago Londoño, vicepresidente de Lachansa e hijo de Álvaro Hernández Londoño, por hostigamiento sexual, tratos denigrantes y tentativa de trata en perjuicio de su hija de 16 años.
«Acompañado con tres de sus guardaespaldas, Santiago llegó un par de ocasiones a nuestra casa para llevarse a mi hija a cambio de dinero,” ella va a vivir bien”, me dijo. En otra ocasión quiso subirla a su carro», explica María, también criminalizada por las autoridades.
La denuncia no fue investigada.
A inicios de 2023 los tolupanes desconocían si Lachansa permanecía en sus montañas. Hacía varias semanas no escuchaban su maquinaria, ni habían visto la flota de vehículos de los colombianos junto a sus guardaespaldas cruzar por la carretera frente a sus casas, como sucedía constantemente en 2022.
Sin embargo, en las redes sociales, los Londoño aclararon la duda de los pobladores. «Gracias por todo el trabajo que haces cada día por nuestro futuro», escribieron debajo de una fotografía de Santiago Londoño en la mina ubicada en San Francisco Locomapa, fechada en enero de 2023, después de pasar las fiestas de fin de año en la ciudad de Yoro.
Hemos despertado
Cuando los sicarios mataron a Salomón Matute en 2019, asesinaron a uno de los pocos tolupanes que hablaba tol en San Francisco Locomapa, una lengua milenaria en peligro de extinción.
Yuma Gutiérrez llora cuando escucha a Ramón hablar sobre su padre. Ella entró al Consejo Preventivo un mes antes del crimen, «muchos se fueron por temor, pero a mí me dio valor para seguir adelante, porque son compañeros que caen por la lucha», comenta esta tolupana de 27 años, madre de tres hijos.
A pesar de las adversidades, como Yuma, cada uno encuentra motivaciones para seguir defendiendo su territorio. «El pueblo tolupán siempre ha sido atropellado por todos. Todo ese irrespeto es mi mayor incentivo para luchar», explica María Murillo, con más de una década en la organización.
La Radio Dignidad (FM 98.3) es un logro, otra motivación para los tolupanes. Construirla ha sido un desafío, sobre todo después de que en 2021 unos 60 hombres armados destruyeran sus muros.
Con la radio comunitaria el Consejo Preventivo llegará a los rincones más distantes de la tribu, a esas aldeas remotas donde seguramente encontrarán otros tolupanes dispuestos a sumarse a la defensa de su territorio.
Después de mostrar las instalaciones de la radio, Celso camina hacia un palo de mangos. Suspira. Fue ahí donde asesinaron a su madre en 2013. Después de unos minutos retoma el aliento y se despide: «Dicen que los que no sabemos leer ni escribir tenemos selladas la cabeza. Pero yo no siento que tengo sellada la cabeza. Nosotros hemos despertado».
Ariel Torres
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Fe de erratas: Criterio hace constar que el Consejo Directivo de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa, al que se hace referencia en esta nota, fue reemplazado durante una asamblea tribal celebrada el pasado 26 de marzo, tras representar por doce años “de manera ilegal e inconsulta a la tribu”, según el MADJ.
Nota relacionada: Después de 12 años, tribu tolupán de San Francisco de Locomapa elige nuevo consejo directivo
De acuerdo a los usos y costumbres de la tribu, el Consejo Directivo debe ser elegido cada dos años por integrantes de las veintidós comunidades que conforman la tribu de San Francisco de Locomapa, situación que no ocurría desde 2011. Por lo tanto, en todo momento en el que se hace mención al Consejo Directivo se está haciendo referencia al que dejó sus funciones el 26 de marzo.
