La hemorragia minera y energética en Honduras

Como dos siameses, la industria minera y la producción de energía en Honduras nacieron de la mano, cuando a finales del siglo XIX, la empresa The New York & Rosario Mining Company instaló en el pueblo de San Juancito la primera planta hidroeléctrica del país. Casi 150 años después, estos dos sectores siguen siendo la punta de lanza del extractivismo en Honduras.

Por Ariel Torres Fúnes

Infografías y recursos visuales: Guillermo Burgos

Por muchas décadas, los gobiernos dejaron la matriz energética en manos de las transnacionales mineras y bananeras, al punto que a mediados del siglo pasado estas compañías generaban el 50% de la energía del país. La situación no ha variado del todo, con un Estado que mantiene un modelo energético dependiente del sector privado, proveedor del 83,4% de la red nacional.

A la izquierda se observa el inmueble donde operaron las oficinas de la primera planta hidroeléctrica del país, en San Juancito. A la derecha, trabajadores montan la primera torre de energía en Honduras.

La minería también sigue presente en el acontecer nacional, después que en 1880 el gobierno otorgara por primera vez 129 permisos para explotar el subsuelo hondureño. Hoy en día 950 concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios del país.

De hecho, nunca antes hubo tantas concesiones mineras y de generación de energía como ahora, siendo estos dos sectores los líderes del extractivismo en el país. En el caso de la minería, en las últimas dos décadas se aprobó el 35% de las concesiones otorgadas en los 142 años de la historia minera hondureña.

«El concepto del extractivismo aparece en 2009, cuando en América Latina aumentó el estudio sobre el auge de la minería y de la generación de energía eléctrica», explica a Criterio.hn el geógrafo estadounidense Benjamin Fash, un especialista de las implicaciones de estas industrias en el continente latinoamericano.

Como hemos reiterado en las cinco publicaciones anteriores del especial «Honduras en Venta», el auge al que se refiere Fash evidencia el modelo concesional que impulsa el Estado hondureño, generando conflictos sociales y poniendo en riesgo el medioambiente y la fiscalidad del país.   

El retorno de la minería

A mediados del siglo pasado, antes de ser desplazada por la industria bananera, la minería representaba el 80% de las exportaciones de Honduras. Actualmente supone el 5,6%. A pesar de esta disminución, en las últimas décadas el Estado ha promovido todas las facilidades para que las empresas nacionales e internacionales exploten los recursos minerales del país.

Después de varias décadas en declive, la minería reapareció en la escena económica nacional en 1998, cuando el gobierno de Carlos Flores Facussé utilizó como excusa el paso del huracán Mitch para aprobar a puertas cerradas una Ley de Minería apegada a los intereses de las compañías.

La Ley de 1998 no se distanció en esencia del enclave minero impulsado a finales del siglo XIX por el expresidente Marco Aurelio Soto, dueño del 25% de las acciones de la New York & Rosario Mining Company. Su aprobación permitió la explotación minera en cualquier lugar del país, además concedió a las empresas el uso ilimitado de agua, la potestad para desalojar a cualquiera que viviera adentro de las concesiones y eximió del pago de impuestos a las compañías.

Linea de tiempo de la minería en Honduras

Tras aprobar la Ley en 1998 el gobierno hondureño otorgó concesiones mineras de forma hemorrágica. Solamente en los últimos meses de ese año se extendieron 35 permisos, al mismo tiempo que el país se encontraba en plena crisis humanitaria tras el paso del huracán Mitch.

De acuerdo a los catastros mineros del Instituto Hondureño de Geología y Minas, (INHGEOMIN), entre 1998 y 2021 se otorgaron 654 concesiones, sobre una extensión de 478,729 ha (una dimensión similar al tamaño del departamento de Santa Bárbara).

Como hemos reiterado en las cinco entregas anteriores del especial «Honduras en Venta», el modelo concesional del Estado hondureño ha generado conflictos sociales y ha puesto en riesgo el medioambiente y la fiscalidad del país

Desde la aprobación de la Ley de Minería de 1998 no hubo gobierno que detuviera el flujo acelerado de los permisos mineros, los que se extendieron en prácticamente todos los departamentos del país.

Durante la administración de Flores Facussé (1998-2002) se aprobaron 76 concesiones; 118 durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006); 79 durante el mandato de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009); 26 durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti; 153 durante la gestión de José Porfirio Lobo Sosa (2010-2014): y, 202 en los dos períodos de Juan Orlando Hernández (2014-2022). 

Generalmente las organizaciones de la sociedad civil señalan que la explotación minera se profundizó a raíz del golpe de Estado de 2009. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de las concesiones otorgadas, el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, no se diferenció de los demás. Al respecto, entre enero y junio de 2009 se aprobaron 26 concesiones mineras, la misma cantidad otorgada por el gobierno de facto de Micheletti. 

«Lo que se ha visto en las últimas décadas en América Latina, es que los gobiernos de izquierda o derecha tienen el mismo modelo extractivista», comenta Benjamin Fash a Criterio.hn.

Resistencia ciudadana y consolidación de la minería

La empresa minera Goldcorp de Canadá fue una de las primeras compañías en obtener una concesión luego de aprobarse la Ley de Minería de 1998, explotando a cielo abierto la mina San Martin, ubicada en el Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

A pesar de su cierre en 2009, la mina San Martín sigue siendo uno de los proyectos más controversiales en Honduras, al secar 21 de los 24 ríos cercanos a su explotación, donde utilizó el cianuro para separar el oro de las rocas.

La mina de San Martín evidenció las repercusiones de la Ley de 1998, la cual permitió a las empresas el uso ilimitado del agua, eximiéndolas del cumplimiento de las leyes nacionales de protección ambiental. Sin embargo, este caso también sirvió para que las comunidades se organizaran en torno a los impactos en la salud pública y ambiental causados por la minería.

«La minería representa una pequeña parte de la economía nacional debido a la resistencia comunitaria. Honduras no ha llegado al punto de otros países latinoamericanos donde se logra convencer que la economía debe depender de estas actividades, donde las comunidades sacrifican sus recursos para el bien común», explica el geógrafo estadounidense Benjamin Fash.

Las demandas sociales provocaron que en 2004 el gobierno de Ricardo Maduro levantara una moratoria a la aprobación de explotaciones mineras a cielo abierto. Por presión de la sociedad civil, en 2007 la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) también declaró inconstitucionales 17 disposiciones de la Ley de 1998.

Sin embargo, bajo el contexto de la campaña «Honduras is open for bussines» y en seguimiento al Plan de Nación (2010-2022), en 2013 el gobierno de Porfirio Lobo Sosa puso en marcha una serie de políticas públicas para expandir el sector minero, al levantar la moratoria sobre la explotación a cielo abierto y aprobando una nueva Ley de Minería en 2013.

La empresa Goldcorp de Canadá explotó 13,250 kilómetros cuadrados en el Valle de Siria. Fuente: https://elpulso.hn/wp-content/uploads/2016/09/Captura-de-pantalla-2016-09-27-a-las-9.10.17-a.m..png

A pesar de su cierre en 2009, la mina San Martín sigue siendo uno de los proyectos más controversiales en Honduras, al secar 21 de los 24 ríos cercanos a su explotación, donde utilizó el cianuro para separar el oro de las rocas.

La mina de San Martín evidenció las repercusiones de la Ley de 1998, la cual permitió a las empresas el uso ilimitado del agua, eximiéndolas del cumplimiento de las leyes nacionales de protección ambiental. Sin embargo, este caso también sirvió para que las comunidades se organizaran en torno a los impactos en la salud pública y ambiental causados por la minería.

«La minería representa una pequeña parte de la economía nacional debido a la resistencia comunitaria. Honduras no ha llegado al punto de otros países latinoamericanos donde se logra convencer que la economía debe depender de estas actividades, donde las comunidades sacrifican sus recursos para el bien común», explica el geógrafo estadounidense Benjamin Fash.

Las demandas sociales provocaron que en 2004 el gobierno de Ricardo Maduro levantara una moratoria a la aprobación de explotaciones mineras a cielo abierto. Por presión de la sociedad civil, en 2007 la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) también declaró inconstitucionales 17 disposiciones de la Ley de 1998.

Sin embargo, bajo el contexto de la campaña «Honduras is open for bussines» y en seguimiento al Plan de Nación (2010-2022), en 2013 el gobierno de Porfirio Lobo Sosa puso en marcha una serie de políticas públicas para expandir el sector minero, al levantar la moratoria sobre la explotación a cielo abierto y aprobando una nueva Ley de Minería en 2013.

En las últimas dos décadas se aprobó el 35% del total de las concesiones mineras otorgadas en toda la historia minera hondureña, desde 1880.

La nueva legislación abordaba algunos de los planteamientos de la CSJ, pero no incluía las preocupaciones de la sociedad civil en cuanto a la transparencia, a la protección ambiental y a la participación ciudadana en la toma de las decisiones.

La ley del 2013, aún vigente, prohíbe otorgar en secreto las concesiones mineras (requiriendo de una notificación pública), sin embargo, califica como «confidencial» cierta información de los proyectos. En teoría, la ley también veta la minería en ciertas zonas del país. No obstante, como se abordó en la reciente publicación de este especial, las áreas de «exclusión minera» no son respetadas en la práctica, perjudicando las cuencas y las áreas protegidas del país.

En 2017, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales seis artículos de la ley y puso en pausa el avance de nuevos proyectos mineros. Sin embargo, en 2020 el Congreso Nacional reformó de nuevo a puertas cerradas la Ley de 2013 (mediante el Decreto 109-2019), promoviendo nuevas concesiones con mayores privilegios fiscales para las empresas.

Aunque la mayoría de las organizaciones civiles consideran que la nueva ley de minería de 2013 abrió un ciclo de concesiones mineras sin precedentes en la historia del país, lo cierto es que desde ese año hasta el 2021 se aprobaron 231 permisos (abarcando 94,282 ha), una cantidad menor a la concesionada entre 1998 y 2013 (384,447 ha).

Conseciones Mineras en 2020

https://territoriosenriesgo.unah.edu.hn/maps/new?layer=geonode:Concesiones_Mineras_2020&view=True

El catastro minero de enero 2021, muestra que actualmente hay 950 concesiones vigentes en Honduras. Si todos estos permisos entraran en operaciones, el área explotada sería de 565,128 ha, un 5% de todo el territorio nacional. Para tener una idea más clara, esa área acumulada sería algo más grande que el tamaño del departamento de Comayagua.

«El conflicto aparece cuando uno se pregunta a quién le pertenecen los recursos naturales, ¿son de la comunidad, de la empresa privada o del Estado?», comenta el estadounidense Benjamin Fash.

¿Desarrollo?

Los argumentos políticos bajo los cuales se aprueban las concesiones mineras y de generación de energía son incrementar el empleo, reducir la pobreza, atraer la inversión o cumplir con principios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, los resultados no concuerdan con estos argumentos.

«No podemos decir que Honduras es un caso llamativo por la cantidad de minería que hay. No es una actividad principal de la economía hondureña, sin embargo, tiene grandes afectaciones sociales y ambientales», señala Fash, uno de los principales investigadores de los estudios Territorios en Riesgo.

La industria minera representa apenas el 0.6% de la Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, en Centroamérica su participación económica solo es mayor a la mostrada por este sector en Costa Rica y en El Salvador.

«Podemos contrastar el verdadero valor de la minería analizando las estadísticas del INE, la minería aporta menos del uno por ciento del PIB, no tiene un gran impacto económico, por lo tanto, los incentivos fiscales que se les dan más bien están en detrimento de la economía e interés del país», comenta José Cáceres, coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT).

En 2021 se otorgaron 44 concesiones para explotar minerales, ese año el sector minero apenas generó 565.8 millones de lempiras. Para dimensionar su aporte, en ese mismo periodo las remesas familiares contribuyeron con 181,3 mil millones de lempiras, el 20% del PIB.

La minería y la generación de energía eléctrica son unas de las actividades que menos empleo generan en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del 2017 al 2019 la minería aportó entre el 0,15% y el 0,34% de los empleos el país, llegando a un máximo de 14 mil puestos.

Además, las condiciones laborales que ofrece el sector minero son deficientes. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INE, 70% de los empleados de la minería son pobres, de los cuales 50% vive en condiciones de pobreza extrema. El ingreso promedio de estas personas es de 3,238 lempiras mensuales, representando el 36% del costo de la canasta básica (8,900 lempiras).

«Quienes obtienen el mayor beneficio son las empresas, por lo que el gobierno debe decidir cuál es el mejor rumbo para darle una vida digna a la población y no solo favorecer a las compañías», comenta a Criterio.hn Cáceres.

La escasa contribución minera contrasta con el costo social y los impactos ambientales que genera. Como se abordó en la quinta entrega de este especial, en las áreas protegidas se registran 42 proyectos mineros y 36 concesiones sobre las microcuencas declaradas. También existen 82 permisos en los territorios indígenas.

De acuerdo a la Ley de Minería, los proyectos mineros deben cumplir con consultas comunitarias para la etapa de explotación, pero no de exploración. Por su parte, los proyectos de generación de energía eléctrica carecen de requerimientos de consultas.

Actualmente, las concesiones mineras y los proyectos de generación de energía eléctrica están presentes en 200 municipios del país (70% del total). Los permisos mineros se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía sobre 81 municipios.

El otro siamés

Así como las leyes aprobadas en 1998 y 2013 fueron el punto de partida para el repunte de la minería, la producción de energía entró a una nueva fase a partir de 1994 y de 2007, al aprobarse la Ley Marco del Subsector Eléctrico y la Ley de Promoción de la Energía Eléctrica con Recursos Renovables.

La empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo Sociedad Anónima (Lufussa), propiedad de la familia Kafie, tiene una capacidad instalada de 390 MW, la cual vende al Estado por unos 3,6 mil millones de lempiras anuales. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Planta_el%C3%A9ctrica_Pavana_II.jpg

Bajo un contexto de privatización de los servicios públicos y tras una profunda crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Ley de 1994 permitió la generación y distribución de energía al sector privado, el cual superó la capacidad del Estado en 2004. Las compañías térmicas pasaron de proveer el 19% de la matriz energética en 1990 a un 63% en 2005.

Para dimensionar el negocio de los empresarios con la liberalización del sector energético, la ENEE destina anualmente unos 24,3 mil millones de lempiras para comprar energía «sucia» y «limpia» a los generadores privados. Entre los grupos más favorecidos destacan el consorcio dirigido por los Facussé-Nasser (reciben unos ocho mil millones de lempiras anuales por venta de energía) y el de los Larach-Kafie (facturan unos 3,6 mil millones de lempiras).

El modelo concesional que impulsa el Estado hondureño genera conflictos sociales y pone en riesgo el medioambiente y la fiscalidad del país.

Con la aprobación de la ley de 2007, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales propuso cambiar la matriz energética hacia las fuentes renovables, argumentando que debía cumplir con los ODS de la ONU. Esto resultó en un negocio aún más lucrativo para las empresas privadas, agudizando la crisis económica de la ENEE.

Con la ley de 2007 se autorizó la compra directa de energía renovable sin licitaciones, a precios altos y privilegiando a los generadores privados que producen con hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas, eólicas, biomasa y geotérmicas, quienes pasaron de cubrir 38.4% de la demanda eléctrica del país en 2010, al 65.6% actual.

Como sucedió en 1994, la nueva matriz de energía renovable redujo aún más al Estado a un papel de comprador -y deudor-, generando en la actualidad apenas 16,6% de la capacidad del sistema eléctrico hondureño, por lo tanto, dependiente del 83,4% que proviene de la empresa privada.

El gran negocio

Según el último boletín estadístico de la ENEE, la capacidad instalada de energía en Honduras ronda los 2830 megavatios (MW), producidos 65.6% por fuentes renovables y 34.4% por energía con origen fósil.

Con el negocio servido sobre la mesa, a partir de 2007, productores de todo tipo, entre ellos políticos, empresarios y hasta narcotraficantes, empezaron a montar proyectos de energía renovable prácticamente en todos los rincones del país, incluyendo microcuencas declaradas, áreas protegidas y territorios indígenas.

Es decir, los empresarios tienen carta abierta para instalar sus proyectos en cualquier parte del país. Por ello, entre 2007 y 2017 se construyeron 36 nuevas hidroeléctricas privadas, de las 48 plantas que operan actualmente. Solamente en los territorios indígenas hay 35 proyectos de generación de energía, otros 38 se encuentran adentro de las áreas protegidas.

Según datos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), desde 2007 se firmaron más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales 90 entraron en operación hasta el 2021.

De los 200 contratos destacan seis que la ENEE firmó en 2014 con empresas vinculadas a la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros), extraditados a Estados Unidos en 2015. Entre estas compañías destaca Llanos del Sur, la cual vendió al Estado hondureño 14.8 MW en 2021. Cabe recordar que Los Cachiros también recibieron dos concesiones mineras.

A pesar del impulso de la energía «limpia», de todas las fuentes de la matriz energética, los mayores proveedores siguen siendo los generadores térmicos, cubriendo 30.7% de la capacidad instalada.

De la generación térmica, 29.7% es producida por 14 empresas privadas y apenas 1.1% es estatal. En cuanto a la producción hidroeléctrica, 19% proviene de represas estatales y 11% es comprada a 44 empresas. Dentro del sector fotovoltaico toda la generación es privada, vendida por 17 compañías. También operan tres empresas en la producción eólica, 15 en la fuente de biomasa, una empresa en la producción con carbón y otra geotérmica.

Dentro de la matriz destaca que 3,7% de la energía se genera con plantas de carbón. Mientras a nivel mundial estas se cierran por sus repercusiones ambientales, en Honduras se abren. Desde el 2015 entraron en operación cuatro de estas plantas, incrementando 242% las importaciones de carbón del país, el crecimiento más alto en el mundo en 2018.

En total, 95 empresas se reparten los 24,3 mil millones de lempiras que el Estado paga anualmente por la compra de energía, equivalente al 70% del presupuesto de la ENEE. Solo a las térmicas, la empresa pública paga al año 12.1 mil millones.

A los contratos también se les señala por estar sobrevalorados. Mientras el Estado genera cada kilovatio a 2 centavos de dólar, a nivel privado lo paga arriba de 12 centavos, siendo la segunda energía más cara de Centroamérica, solo por debajo de Nicaragua. Sin embargo, el precio ofrecido al consumidor es el segundo más barato en la región.

En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejó al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández revisar los contratos con las empresas privadas para rescatar la economía de la ENEE. La revisión no se realizó.  

El Estado genera apenas 16,6% de la capacidad del sistema eléctrico hondureño

El nuevo gobierno de Xiomara Castro propone salvar la ENEE, una institución que acumula una deuda histórica que supera los 75,6 millones de lempiras, cuyas pérdidas en energía -la comprada que se pierde en la transmisión- asciende a 37.8%, por mucho, la más alta de la región.

Es decir, de los 24,3 mil millones de lempiras destinados por el Estado para comprar energía a los productores privados, 9,1 mil millones son desperdiciados por las pérdidas técnicas.

«Cuando analizamos las pérdidas, nos damos cuenta que realmente no se necesitan construir tantos proyectos hidroeléctricos, lo que es urgente es mejorar el sistema para que no se pierda casi el 40% de la energía del país», advierte Fash, quien además se muestra preocupado debido a que el expresidente ecuatoriano y asesor del gobierno hondureño, Rafael Correa, recomienda construir más hidroeléctricas, «eso fue lo que él hizo en Ecuador».

A las pérdidas se suman las deudas y las exoneraciones fiscales. Solamente a los térmicos privados, la ENEE les adeuda unos 6,6 mil millones de lempiras, a pesar que entre 2012 y 2016, las empresas generadoras de energía renovable recibieron exoneraciones fiscales por unos 45 mil millones de lempiras.

«Pasamos de una matriz térmica a una renovable, pero hay que preguntarse qué se sacrificó para hacer esa conversión, como por ejemplo las exoneraciones fiscales. Si ya cumplimos el objetivo de reconvertir la matriz, hay que eliminar esos incentivos para obtener más beneficios», recomienda José Cáceres, coordinador del OUOT.  

Las cifras de las exoneraciones son alarmantes. Entre 2014 y 2018 el Estado otorgó 28,7 mil millones de lempiras en dispensas aduaneras a los generadores de energía renovable. Este monto super el presupuesto de la Secretaría de Salud en 2022.

«Una de las promesas del nuevo gobierno es revisar los privilegios fiscales, si lo hacen puede haber reacciones viscerales, van a medir la correlación de fuerzas de las elites económicas», advierte a Criterio.hn Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

¿Revertir la situación?

Durante sus 74 años de operación, la The New York & Rosario Mining Company extrajo 100 millones de dólares en oro, plata, cobre y zinc de las montañas de San Juancito. Ahora el pueblo es prácticamente un fantasma.

Tras nueve años de explotar el Valle de Siria, se calcula que la empresa canadiense Goldcorp generó unos 40,1 millones de dólares anuales. A cambio, la alcaldía de San Ignacio recibió 2.3 millones de dólares en impuestos, los pobladores presentaron problemas de salud y perdieron 21 de sus 24 ríos.

Al respecto, el gobierno de Xiomara Castro declaró al país «libre de minería a cielo abierto». Sin embargo, su anuncio ya se ha dado en otros gobiernos. «No es que se eliminarán las concesiones, sino que las solicitudes nuevas quedarán en suspenso, pero esto ya ha ocurrido antes en 2013 y 2017», aclara Cáceres, coordinador del OUOT.

En cuanto a la generación de energía, el actual gobierno propone un desarrollismo estatal. El presupuesto de la Secretaría de Energía pasó del representar el 0.0% al 11% del total del presupuesto nacional. De 109.8 millones de lempiras anuales en 2021, su presupuesto se incrementó a 19,2 mil millones en 2022.

«La Secretaría de Energía ahora maneja ahora 19 mil millones de lempiras, pero el problema es que no sabemos cómo y en qué los invertirán», señala Ismael Zepeda.

Las reformas a la nueva Ley de Energía aprobada en mayo de 2022, permitirá a la actual administración renegociar los contratos con los generadores privados. Sin embargo, la ley también instruye construir tres represas hidroeléctricas, las mismas que propuso Juan Orlando Hernández después del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota.

«No vemos una disminución en los proyectos hidroeléctricos, al contrario, la nueva ley también las promueve. Hay un cambio de discurso, pero no de política. No quieren cambiar la existencia de los proyectos, sino a quiénes les pertenece», añade Benjamin Fash, quien también advierte sobre las posibles repercusiones en la exploración y posible explotación de hidrocarburos en el país.

Ese es otro desafío para el gobierno de Castro. Como lo abordamos en la entrega «Exploración petrolera en La Mosquitia, ¿leyenda o realidad?», en 2020 el Estado hondureño aprobó un plan de explotación de hidrocarburos sobre 17 mil km² del Caribe hondureño.

Todos estos proyectos hacen eco en la sociedad. De acuerdo al último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), 76.6% de la población está a favor de revisar los contratos de energía con las empresas generadoras, 84% rechaza la explotación minera, pero 57.4% está a favor de la construcción de represas hidroeléctricas.

Como lo constata este especial de «Honduras en Venta», el país ha sido un eterno territorio explotado. Mercadear sus recursos naturales es el modelo de negocios de sus políticos, el resultado es un Estado concesional que compromete el medioambiente y la economía nacional, por lo tanto, también a la población. 

 

 

  • Publicaciones
Biografía
Desarrollador gráfico

Estudio Ingeniería eléctrica, nunca he tenido planes con el periodismo, sin embargo, he encontrado una pasión en el desarrollo gráfico al mostrar imágenes que cuentan historias y causan impacto, por ende, el periodismo me ha mostrado la importancia de alzar una vela para guiar un cambio en la sociedad.