Por: Redacción CRITERIO
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La Constitución de la Republica data de 1982, emitida bajo decreto 131 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, bajo la edición número 23,162 con fecha 20 de enero de 1982.
Esta carta magna ha sido modificada y violentada cuantas veces lo han querido hacer los políticos, basándose siempre en la ya trillada y famosa frase, “por esta única vez”.
El uso y abuso de la constitución para los fines políticos ha llegado a tal magnitud que el ya fallecido político liberal del departamento de El Paraíso, Rodrigo Castillo Aguilar dijo que, “la Constitución había que violarla cuantas veces fuese necesario”
Los movimientos de oposición y sobre todo el Partido Libertad y Refundación tienen como propuesta política, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que dé como producto, una nueva Constitución que permita la refundación del país ante la existencia de un Estado fallido.
El líder de la oposición Manuel Zelaya Rosales, el 7 de abril de 1988, siendo diputado por Olancho, condenó la frase de su correligionario y en un escrito presentado al Congreso Nacional expresó: “exigimos que la Corte Suprema de Justicia, sin vacilaciones, ejecute los actos legales pertinentes en contra de las autoridades que han perpetrado este atentado a nuestra constitución”.
En 1936 encontramos también al diputado nacionalista Plutarco Martínez cuando defendía el continuismo del dictador Tiburcio Carías Andino y dijo “La Constitución es pura babosada”.
Los partidos de corte derechista, Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL), Partido Demócrata Cristiano (PDCH), se oponen a la tan sola idea de convocar a una asamblea nacional constituyente, mientras que el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) apoya la idea, el Partido Unificación Democrática (UD), concebido como partido de izquierda se ha plegado a los institutos políticos de derecha y se opone a la idea.
Algunos políticos conservadores, en su mayoría de los partidos Nacional y Liberal, consideran que Honduras no necesita una nueva Constitución porque la que está en vigor, puede ser reformada en más de un 90 por ciento.
La verdad es que la actual carta magna hondureña ha sido violentada infinidad de veces y ha sido considerada por el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias como “un adefesio jurídico”
Criterio.hn ante esta polaridad de ideas en torno a la convocatoria o no de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución de la Republica, ha consultado varios analistas de la realidad nacional sobre la necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Edy Tabora, director ejecutivo de C-LIBRE, ante la pregunta de si es posible una Asamblea Nacional Constituyente manifestó que, “es posible y necesaria, asambleas nacionales constituyentes ha habido como 15, así que una mas no sería la excepción, sobre todo en este momento que es más que necesaria, comenzó diciendo.
Apuntó que el problema sería repetir los vicios que se han dado desde 1821 que se han dado asambleas nacionales y posteriores Constituciones, excluyentes de los intereses de las grandes mayorías.
Desde el inicio del Estado, primero el Estado centroamericano y luego con el estado hondureño implicó primero que solo podían elegir los hombres, luego solo hombres que sabían leer y escribir y que tenían determinada cantidad de dinero con eso se inició el Estado y la última asamblea nacional constituyente de 1980 también fue una asamblea convocada desde los sectores que habían tenido una dictadura y solo participo la elite económica y política.
En Honduras luego de esa asamblea ha habido dos golpes de estado; uno en el 2009 contra Manuel Zelaya Rosales y otro en el 2012 cuando se destituyó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia razones de más para que haya una nueva asamblea y la posibilidad de que exista dependerá de la exigencia popular.
Ivania Galeano, asesora jurídica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), dijo que, “creo que más que valorar si es posible, tenemos que partir de que es necesaria, porque nos encontramos ante un estado fallido ya que el golpe de estado lo que ha desencadenado es un corte de la institucionalidad por parte del poder militar que claramente rompe con los elementos esenciales de un Estado de derecho”.
Ante estas circunstancias la única forma de reconstruir el estado para que esté al servicio de todos los hondureños y hondureñas, que es la finalidad de ser del Estado, es a través de la Asamblea Nacional Constituyente, apuntó Galeano.
“Las condiciones las tenemos que generar desde la ciudadanía, la movilización social y popular que ha iniciado con el movimiento de las antorchas y las protestas en todo el país, debe pasar a un proceso de profundización de esas movilizaciones y de ese nivel de conciencia colectiva y a través de esa movilización y demanda colectiva exigir, no solo la asamblea, sino ser actores en ese proceso.
Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), expresó que cree que si es posible, porque el movimiento social desde el año 2009 ha tenido una dinámica extraordinaria y la conciencia colectiva ha afincado una propuesta desde la comunidad, desde las localidades y desde las cosmovisiones y que las capacidades están construidas para ello.
Apuntó que, “ los grupos oprobiosos no permitirían una constituyente como el pueblo la quiere y señaló el caso de la Corte Suprema de Justicia es la máxima expresión y ellos (oligarquía y Partido Nacional), están comprando 7 años más de impunidad a toda costa, como sea y contra quien sea y mucho menos que van a permitir una reforma profunda”.
Méndez, destacó que ve enormes oportunidades de lograr la Asamblea Nacional Constituyente, porque los avances sociales del país son extraordinarios y el movimiento social en el país ha ido generando mucha fuerza, mucha voluntad y mucha creación de conciencia y esos factores son positivos y que están llevando este proceso de maduración que causa mucho optimismo.
Reyna Rivera, miembro de la Comisión de Abogados Defensores del Estado de Derecho, dijo que es un tema sumamente complejo, porque hay varias vías de llegar a una Asamblea Nacional Constituyente: una situación de ingobernabilidad donde el propio pueblo empuja al gobierno a solicitarla, que creo que en este caso sería el modelo idóneo para Honduras, “pero esto tendría que llevarnos a una situación de alta polarización y de alta movilización social de un pueblo reclamando, tal como sucedió en Guatemala, donde la ciudadanía le revocó el mandato al presidente”.
Rivera agregó que, en el modelo hondureño, se debería llamar a la asamblea, pero bajo un control popular debido al alto nivel de movilización social que existe en Honduras, pero “llamar a una Constituyente bajo el modelo legislativo existente no ofrece ninguna ventaja. Lo que permitiría más bien seria que el gobierno que se quiere convertir en Estado, sea el que defina y reconfigure el modelo de Asamblea Constituyente a sus propios intereses”.
La única constituyente que puede favorecer a las grandes mayorías y encaminarlos hacia una ruta progresista de mayor inclusión social, sería un modelo donde la ciudadanía masivamente lo reclame y donde el gobierno tenga que ceder poder en el camino de construcción del proceso, analizó Rivera.
Jennifer Erazo, representante en Honduras de la Fundación Frederich Ebert señaló que cree que hay un trabajo enorme por hacer en torno a este tema por parte de los sectores sociales, el poder político y económico para construir un nuevo pacto social a partir del golpe de estado y todo lo que ha ocurrido, pero “no estoy segura si hay condiciones para convocarla”.
Habría que medir el contexto, la fuerza y la prioridad estratégica de que ocurra o no porque una asamblea nacional constituyente debe ser respaldada por todos los sectores y si hay un sector que controla el poder político que va a dominar la misma entonces es un ejercicio que queda en lo seco.
“Pero si es un proceso más integral cree que tomara un poco más de tiempo como sociedad hondureña avanzar hacia ello”, destacó Erazo.
Finalmente Erazo dijo que, si se llega a dar y es producto de un ejercicio colectivo de la sociedad hondureña que así lo decide creemos que sería un importante paso como sociedad para sentar las bases de un nuevo pacto social en Honduras.
