Es grave que presidenta Xiomara Castro utilice la institucionalidad para proteger narcopolíticos

Analistas consideran arriesgado que la presidenta de la República haga uso de sus facultades constitucionales para suprimir una herramienta que ha sido crucial en la lucha contra el narcotráfico, como es el tratado de extradición. 

Portada: Secretaría de Prensa

Tegucigalpa, Honduras. – La cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, ordenada por la presidenta Xiomara Castro el pasado 28 de agosto, trasciende una simple disputa sobre injerencias externas.

La decisión de denunciar esta vital herramienta para combatir el narcotráfico sugiere que la mandataria hondureña podría estar utilizando su poder e influencia institucional para obstaculizar la lucha contra este flagelo, dicen analistas.

A pesar de las contundentes evidencias que señalan al tratado de extradición como el mecanismo más eficaz en la cooperación entre Honduras y otros países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico, Castro persiste en su decisión de mantener la cancelación.

Lea: Sismo político en Honduras: cancelación de extradiciones provoca revelación de más narco-políticos

PRESIDENTA HONDUREÑA SIGUEN SIN RETRACTAR CANCELACIÓN DE EXTRADICIÓN

La presidenta Xiomara Castro realizó la más reciente ratificación de la denuncia del tratado de extradición durante una cadena nacional emitida la noche de ayer, martes 3 de septiembre.

Castro comenzó su intervención declarando: “condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos’”, aunque reconoció la extradición como un arma esencial para impartir justicia, no se retractó de su decisión de cancelarla, limitándose a afirmar que no permitiría que esta herramienta se utilizará con fines electorales.

La presidenta Xiomara Castro utilizó la cadena nacional, una vía estatal, para abordar el tema del video de Carlos Zelaya y para reafirmar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico en Honduras. Foto: Secretaría de Prensa

La mandataria, se abstuvo de ofrecer una explicación al pueblo hondureño sobre el tema más urgente: el video publicado por un portal de noticias especializado en crimen y narcotráfico, InSight Crime en el que se ve a su cuñado, Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes, aceptando dinero para financiar campañas electorales.

En lugar de aclarar las medidas que tomaría ante la evidencia presentada en el video, en la cadena se centró en exponer su versión de los hechos que han ocurrido en estos últimos días en el país.

Reiteró, como lo hizo días antes, que todo este ambiente forma parte de un ataque contra su gobierno, orquestado por fuerzas oscuras, las mismas de 2009, con el propósito de gestar un nuevo golpe de estado, algo que, en sus palabras, debe ser detenido.

La cadena, que contó con la presencia del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y la secretaría de Defensa, Rixi Moncada, -una reunión similar a la del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)-, reafirmó el compromiso de Honduras en la lucha contra el narcotráfico.

Como prueba de ello, se reveló el nombre de 33 políticos y exfuncionarios del Partido Nacional de Honduras (PNH) y del Partido Liberal de Honduras (PLH), actualmente investigados por la justicia hondureña.

Además: Salida de Carlos Zelaya del Poder Legislativo: un golpe a la familia presidencial

SOLICITUDES A PRESIDENTA CASTRO

Tras la cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro ha enfrentado una oleada de reacciones, mientras algunos sectores exigen su retractación de la cancelación del tratado de extradición, otros han llegado a pedir su renuncia.

Un ejemplo, es el precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH) y diputado disidente de Libre, Jorge Cálix, quien, en una conferencia de prensa esta mañana, solicitó la rectificación de la cancelación del tratado para evitar complicidad con los narcotraficantes.

“Le pido a la presidenta Castro, como ciudadano y por el bien de ella y su familia, que se retracte de esa decisión. Rectifique, porque eso la convierte en co-conspiradora. Véase en el espejo de Juan Orlando”, afirmó Cálix. (Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn)

Por su parte, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pidió a través de una carta la renuncia de la presidenta Castro. Según Castellanos, la permanencia de la mandataria socava la credibilidad del Estado de derecho en Honduras.

Además, criticó el argumento de Castro en la cadena nacional, señalando que: ‘desconocer estos vínculos y atacar a otros señalados como una medida desesperada para desvirtuar las graves acusaciones no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado’, según parte del documento de Castellanos.

¿LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA COMPROMETIDA?

Al respecto, el abogado Joaquín Mejía criticó la decisión de la presidenta Xiomara Castro de mantener la cancelación del tratado de extradición, calificando la postura como contradictoria.

Según Mejía, es incoherente que la presidenta presente una lista de figuras vinculadas al narcotráfico, algunas de las cuales son buscadas por Estados Unidos, y al mismo tiempo insista en que sean juzgadas únicamente por la justicia hondureña, a pesar de que tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad han sido infiltradas por el narcotráfico.

“Es muy peligroso que la presidenta de la República utilice sus facultades constitucionales para eliminar una herramienta que ha sido esencial en la lucha contra el narcotráfico”, subrayó Mejía a Criterio.hn  (Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn)

Aunque reconoció que la presidenta tiene el poder para cancelar el tratado, Mejía cuestionó los motivos detrás de esta decisión, sugiriendo que podría haber un dilema moral de fondo.

A su juicio, el argumento de que se cancela el tratado en defensa de la soberanía nacional ya no resulta convincente, pues, si ese fuera el verdadero motivo, también se habría anulado el acuerdo que permite la presencia de bases militares estadounidenses en Honduras.

Además, Mejía expresó preocupación por la retórica de la presidenta, quien ha sugerido que las acusaciones contra políticos hondureños vinculados al narcotráfico son represalias políticas, un argumento similar al utilizado por el expresidente Juan Orlando Hernández.

Para Mejía, la eliminación del tratado de extradición envía un mensaje preocupante: la falta de voluntad para combatir el crimen organizado, especialmente ahora que se han hecho señalamientos contra familiares de la presidenta Castro.

Aquí: Rixi Moncada asume como secretaria de Defensa, mientras compite por la presidencia de la República

¿VERDADERO COMBATE AL NARCOTRÁFICO?

Pese a que el gobierno ha argumenta el combate que ha tenido al narcotráfico, pero ha tenido funcionarios vinculados al narcotráfico, para el caso, Elías Melgar Urbina, quien fungió como subsecretario de Defensa Nacional de Honduras, de 2022 y fue suspendido abruptamente en 2023, sin que a la fecha se conozca su estado legal.

Melgar ya ha sido relacionado con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez y la empresa de seguridad Orión, conocida por su violencia contra defensores de tierras en el Valle del Aguán.

Durante el juicio de Fuentes, la Fiscalía de Nueva York sugirió posibles conexiones de Melgar con el narcotráfico, y testimonios señalan su participación en operaciones con Orión, involucrada en la represión de campesinos.

Elías Melgar Urbina, fungió como subsecretario de Defensa, en el gobierno de Xiomara Castro, de 2022 a 2023.

Aunque el gobierno de Honduras insiste hoy en eliminar un tratado de extradición que ha sido crucial para llevar a narcotraficantes ante la justicia, no lo consideran una limitación a la misma.

Esta postura contrasta con años anteriores, cuando una comisión del Congreso Nacional, encargada de investigar y emitir un informe sobre los operadores de justicia relacionados con temas de extradición, recomendó un juicio político contra el exfiscal de la República, Óscar Chinchilla, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, por omisiones y negligencia en extradiciones solicitadas por Estados Unidos.

USO DE INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA PARA PROTECCIÓN

El abogado Raúl Pineda Alvarado sostuvo que el debate sobre la extradición no avanzará si se remite al Congreso Nacional, y que, en caso de no hacerlo, sería un acto inconstitucional.

Raúl Pineda Alvarado, abogado y analista político. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)

Sin embargo, si no se rectifica la cancelación, Honduras podría quedar expuesta a la opinión pública internacional sobre la no cooperación y además podría conllevar sanciones económicas y la revocación de visas.

Pineda también afirmó que, en su opinión, esta decisión no tendrá repercusiones legales para la presidenta Xiomara Castro, pues no se suele responsabilizar a alguien por tomar decisiones equivocadas, las cuales, en este caso, parecen más influenciadas por factores externos que por intereses nacionales.

La cancelación del tratado de extradición, junto con la aparente presión para que el secretario de Defensa renuncie, sugiere que hay hechos que se buscan ocultar y que se ha manipulado la institucionalidad hondureña para encubrirlos.

“Los criminales no tienen afiliación política; su lealtad es al dinero. Los políticos, que fueron verdugos, se convierten en víctimas de su ambición y deseo de poder”, expresó en entrevista con Criterio.hn.

  • Periodista comprometida con Honduras, amante de los animales, las letras y la justicia. He escrito para medios nacionales e internacionales, creo fielmente que desde esta trinchera se puede incidir para lograr verdaderos cambios en favor de los sectores más vulnerables. Ver todas las entradas
Contenido a tu alcance

Periodismo de calidad en tus manos

Suscríbete y se parte de nuestro newsletter