Por: Josué Sabillón
Tegucigalpa.-El término economía informal es reconocido de esa forma posiblemente por la corriente neoliberal promulgada por el Programa “Empleo” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de centros de difusión del pensamiento neoliberal como el Instituto Libertad y Democracia del Perú. La informalidad no es una característica solamente de los vendedores estacionarios, muchos microempresarios y medianos empresarios que realizan negocios en la informalidad, entendida ésta como el no reporte de impuestos por operaciones, como tampoco el pago de seguro social a empleados, debido a procesos legales que conllevan una carga tributaria fuerte.
La economía informal está compuesta de unidades económicas organizadas, sus formas son mayormente de autoempleo, empleo familiar o asociativo, y no sólo se pretende la obtención de bienes monetarios, también, la misma reproducción humana en sus elementos fundamentales de salud, educación y vivienda y ha venido a resolver a los desempleados estructurales, quienes en la actualidad son un importante sector de la Población Económicamente Activa (PEA).
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La baja productividad y condiciones precarias de empleo y trabajo debido a tecnología de carácter artesanal no permite en muchos casos que se genere un excedente adecuado para la satisfacción de necesidades, debido a que en estas unidades económicas el trabajo no se caracteriza por la inversión de capital, sino por la inversión de la fuerza de trabajo o la auto explotación, la cual en muchos casos se da en el hogar, o en un espacio en disputa, ya sea en la vía pública o cerca de un complejo privado, además, su impacto se da mayormente en un espacio reducido, y muchas veces para el autoconsumo, no llegan a volverse exportadores de su producción.
La “ilegalidad” en la que operan muchas formas de economía informal deja mucho que desear respecto al papel del Estado en el control de la economía, y parece un reflejo de que su concentración del poder dentro de los límites de un territorio establecido queda relegada por el modelo neoliberal. Determinar que una entidad productiva es ilegal por el hecho de no pagar impuestos, no reportar al seguro social o al ministerio de trabajo pone de manera muy simple relaciones de poder que van más allá de un determinismo económico impuesto por el Estado y por las empresas que se sienten amenazadas por una forma de comercio no-hegemónica.
El Estado al ser un complejo tejido social no sólo debe abarcar las cuestiones que tienen que ver con la ley y el orden, sino una actuación que tenga en cuenta lo legal e ilegal como una relación compleja pero característica de muchos países, independientemente de su nivel de desarrollo o crecimiento y que sobre todo no se debe involucrar a diferentes actores sociales en una misma categoría de ilegalidad, que se deben considerar coyunturas históricas propias de cada grupo, para el caso, no es lo mismo hablar de economía ilícita (que involucra violencia) como de economía informal (no busca el control, sólo la supervivencia), estas relaciones involucran diferentes cuestiones políticas, morales y normativas.
Muchos recurren a la economía informal debido a que no pueden insertarse en la economía formal, y usan este espacio como una “espera”. Al ser un sector que absorbe mucha mano de obra desempleada se deben crear políticas públicas que les ayuden a dinamizarse, y comenzar por llamarles de una forma más digna, sugiero para tales efectos el término economía popular, o que en consenso sean los propios actores que decidan un nombre que los identifique.
Un comentario
Excelente artículo, me gusta en general todo. Muy inclusivo para el comerciante de bajos ingresos. Y crear una estrategia para que ellos tengan beneficios.
Si bien recuerdo cuando vivía en HN, que los empleadores (micro-empresas, vendedores ambulantes, etc) con cierta cantidad (poca) de ingresos, no podían registrarse en el Seguro Social Médico, El Régimen de Aportación Privada (RAP) por sus siglas. Y plantillas municipales “creo”, si esto contribuye a una inclusión para esta gente llamar vendedores ambulante y baleaderas (os) debería tener más soporte para que cuando estén adultos mayores gocen de servicios médicos gratuitos por sus aportes “impuestos y SSM.