Epidemia, Emergencia y Corrupción

Por: CEDOH

EL PROBLEMA

En los últimos días han proliferado múltiples y sustentadas denuncias sociales sobre la increíble dimensión de la corrupción en la ejecución de los millonarios recursos destinados al manejo oficial del impacto sanitario, económico y social del COVID-19, en base a la opaca utilización del presupuesto nacional y de los préstamos provenientes de bancos internacionales, que deberemos pagar con intereses durante muchos años. Como pólvora se han propagado los detalles (datos, fotografías, videos) de precios sobredimensionados de hospitales móviles, mascarillas, batas desechables, guantes, gafas, bolsas de alimentos y otros; compras innecesarias e injustificables ante una emergencia (televisores, cafeteras, mesas de noche); empresas suplidoras sin experiencia en el rubro; empresas de parientes y militantes del partido de gobierno; material y equipo comprado con recursos públicos, donados a centros y hospitales privados, en particular al hospital militar; racionamiento extremo de material de bioseguridad al personal de los hospitales, en contraste con la distribución generosa a militares, policías, bomberos y otros; politización vergonzosa y descarada de la distribución de ayuda alimenticia; atribución de la responsabilidad de los datos erróneos a “errores administrativos” de personal que no había hecho muy bien su trabajo y anuncio público de que “recaerá todo el peso de la ley” sobre quienes no manejen adecuadamente el presupuesto destinado al impacto del Covid19.

EL CONTEXTO

Toda emergencia nacional que implique dispensa de los procesos administrativos de compras y adquisiciones por parte del Estado, abre las puertas para el uso abusivo y desmedido de los fondos públicos; por ello no es de extrañar que, ante una emergencia como la pandemia del COVID-19, un gobierno como este, señalado y denunciado por altos niveles de corrupción en tiempos normales de manejo del presupuesto, continúe haciendo lo mismo sin importar el daño que causa, las necesidades de la gente y la crisis sanitaria y social que se está produciendo por la amenaza de contagio, la imposibilidad de salir a trabajar, la falta de ingresos y las dificultades para acceder a alimentos y atención en salud.

Lo anterior se agrava por el nivel de “hipercorrupción” al que hemos llegado como país; por el cinismo asociado a quienes toman las decisiones; y por la creencia generalizada de que el control del Estado faculta al gobernante y a su círculo cercano de amigos, familiares y militantes de partido, a apropiarse de buena parte del presupuesto para fines privados, en una especie de “comisión” que los dirigentes políticos y funcionarios cercanos le cobran a la sociedad por el cumplimiento de su deber en tiempos de emergencia.

Todo ello se inserta en un contexto de interpretación errónea y cínica del fenómeno de la corrupción en el país, al considerar que esta se produce en los peldaños bajos e intermedios de la burocracia estatal y no en la cúpula y en los más altos niveles de la toma de decisiones. En esta línea de interpretación, los entes especializados del Estado se han dedicado a diseñar toda clase de procedimientos y acciones, incluida la complicación de los trámites, para asegurar el manejo transparente del presupuesto público en las instancias menores del Estado, sin prestarle atención a la gran corrupción que se produce en las más altas esferas del gobierno: se concentran en la corrupción menor, desviando así la atención de la corrupción mayor, presentándose como los grandes adalides del combate a un fenómeno que desintegra y daña a toda la sociedad.

El cinismo y el desborde de la corrupción ha llegado a niveles tan altos que ya ni siquiera cuidan las apariencias y llegan a asumir que pueden ocultar el robo descarado y abierto presentando facturas infladas de empresas cómplices y/o creadas ad-hoc, obtenidas por profesionales de la corrupción, acostumbrados a hacerlo de esa manera con la garantía de no ser descubiertos por la telaraña de involucrados que miran para otro lado cuando saben que algo anda mal, incluyendo a personal de la Secretaría de Salud que conoce, o debería conocer, que un hospital provisional importado de otras latitudes por una cantidad cuantiosa, puede construirse en el país por una cantidad infinitamente más pequeña si se eliminaran los cobros indebidos a los proveedores para otorgarles la compra. Lo mismo ocurre con las fuerzas armadas que parecen ignorar que el hospital militar es un ente privado y que solicitar o aceptar una donación cuantiosa del Estado, como en este caso, constituye un acto de corrupción por el cual deberán rendir cuentas tarde o temprano.

LAS IMPLICACIONES

Hasta el momento se han destinado más de 80 mil millones de lempiras (3,250 millones de dólares) para enfrentar el impacto del Covid-19 en Honduras, una cifra descomunal si consideramos las dificultades económicas y financieras del país. Buena parte de estos recursos comprometen la capacidad de gestión de los próximos gobiernos y, por supuesto, el bienestar de la sociedad hondureña en los siguientes años. A pesar de lo anterior, habría muchas esperanzas de salir bien librados de esta epidemia si los recursos aprobados se destinaran a abordar, en primer lugar, la emergencia en salud y, en segundo lugar, el impacto económico y social de la misma en los próximos meses y, quizás, años. Pero las denuncias de corrupción en el manejo de esos recursos por un gobierno señalado como altamente corrupto, es sumamente preocupante, y nos hace pensar en un panorama muy pesimista.

Si nos imaginamos por un momento que el porcentaje de apropiación indebida de esos recursos llegara al 10% o 12.5% que estiman los cálculos de algunos especialistas, estaríamos hablando de OCHO MIL A DIEZ MIL MILLONES DE LEMPIRAS que se estarían robando quienes están al frente del combate a la epidemia, lo cual se sumaría a los cálculos de pérdidas anuales por corrupción que ascienden a 65 mil millones (igual al 12.5% del PIB, de acuerdo al CNA/2020), lo que enciende todas las alarmas y debería alertar a todo el sistema de partidos políticos que tendrán que asumir las consecuencias directas en un futuro cercano; a las organizaciones de sociedad civil que monitorean el desempeño gubernamental; a los organismos internacionales que otorgan préstamos para enfrentar la epidemia, sabiendo que buena parte de los mismos irá a parar a manos privadas de quienes están actualmente al frente del gobierno; y, finalmente, a esa ciudadanía que es engañada, manipulada y despreciada por políticos cínicos que se aprovechan de sus necesidades para obtener su voto en las elecciones y luego traicionarla una y otra vez desde los tres poderes del Estado y desde los gobiernos municipales.  

LA ALERTA CIUDADANA

Ante esta situación, urge la veeduría ciudadana, más allá de los veedores nombrados por el mismo gobierno, que pagarán con creces su papel de encubridores de lo que es, y seguirá siendo, el más grande robo a la sociedad hondureña en una situación de injusticia y calamidad en la que habrá de pagar un alto costo en muertos, desempleo, desigualdad, precariedad y exclusión. Se trata de desarrollar un enfoque micro y un enfoque macro para desenmascarar a los culpables, ponerlos en evidencia y hacerlos pagar tarde o temprano por los abusos y delitos que están cometiendo.

1. Un ENFOQUE MICRO que nos lleve a fiscalizar desde la sociedad, incluyendo a medios, periodistas e iglesias no comprometidas con el gobierno; organizaciones de sociedad civil que investigan y denuncian; organizaciones sociales y partidos políticos de oposición; universidades y ciudadanía indignada: el uso y destino de los 80 mil millones de lempiras, considerando los siguientes criterios de monitoreo de compras y distribución: QUÉ (materiales, equipos, medicinas, infraestructura sanitaria, alimentos, estímulos); PARA QUÉ (urgencias, necesidades reales ubicadas en espacios determinados); PARA QUIÉNES (destinatarios/beneficiarios: personal de salud, hospitales públicos, despedidos de empresas, trabajadores informales, personas pobres y en extrema pobreza, etc.); CUÁNTO (cantidades para una semana, un mes, dos meses o más); A QUIÉNES (proveedores confiables y con experiencia); CUÁNDO (tiempo en que estarán disponibles, distribuidos y en uso). No solamente hay que ser honrados, hay que parecerlo, dice un dicho popular. Debemos asegurar que no solamente valen las facturas que se presentan sino lo que está antes, en y después de ellas. Es reparable tanto una compra innecesaria de mesas de noche, televisores, cafeteras, como un hospital de muchos millones que, además, vendrá dentro de varios meses, cuando haya pasado la emergencia, la compra millonaria de material y equipo sanitario que se destina a hospitales privados y que no llega hasta los hospitales públicos que los necesitan o las raciones de alimentos que llegan únicamente a los militantes del partido de gobierno.
2. Un ENFOQUE MACRO que apunte a los responsables directos e indirectos de la apropiación indebida de los recursos públicos, empezando por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA con cuyo conocimiento, dirección e instrucción, se mueven todos los recursos destinados a la epidemia; el PERSONAL ASIGNADO POR EL PRESIDENTE para que realice las compras, a quiénes, para quiénes, a qué precios y en qué cantidades; el PARTIDO DE GOBIERNO que tiene la oportunidad de avergonzarse y rechazar la corrupción evidente, pero que se vuelve cómplice para beneficiarse personal, familiar y políticamente; al PODER LEGISLATIVO, que se lava las manos aprobando el uso incontrolado de los recursos, sin exigir cuentas al poder Ejecutivo; al TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS que asume una actitud vergonzosa ante los señalamientos de corrupción y que parece más un vocero de los corruptos que una instancia de control; y a los MEDIOS, PERIODISTAS, IGLESIAS E INSTANCIAS DE GOBIERNO DISFRAZADAS DE SOCIEDAD CIVIL que sabiendo lo que pasa, guardan silencio y se vuelven cómplices.