Mientras la presidenta denuncia un plan para quebrar el orden constitucional, el expresidente Juan Orlando Hernández lo niega y se victimiza, en un contexto marcado por audios electorales y represión a la protesta.
Analistas sostienen que las tensiones actuales no responden a un golpe clásico, sino a maniobras que buscan socavar el proceso democrático y normalizar salidas autoritarias.
Tegucigalpa, Honduras. – Del irrespeto en el plano nacional al internacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sido objeto de ataques aun sin haber concluido su periodo presidencial. Una de las agresiones más recientes provino del cabildero y asesor político estadounidense Roger Stone, quien la calificó de “perra marxista” tras la publicación de un homenaje póstumo al cantautor hondureño Mario de Mezapa.
Este evidente ataque es apenas una manifestación superficial de una fractura más profunda, que quedo expuesta cuando, pasada la medianoche del martes, la mandataria alertó sobre una acción dirigida a quebrantar el orden constitucional y democrático contra su gobierno, así como sobre la planificación del retorno del expresidente indultado Juan Orlando Hernández.
En respuesta a la denuncia, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, instó a Castro a buscar una “salida elegante” y la acusó de incurrir en “negación política”. Sin embargo, evitó referirse al posible arribo del expresidente, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
Juan Orlando Hernández negó la acusación de Castro sobre un plan para ingresar a Honduras y romper el orden constitucional. Afirmó que existe una persecución política en su contra, denunció riesgos para su vida y la de su familia, y responsabilizó al gobierno y al Partido Libertad y Refundación (Libre) por cualquier atentado.
Al mediodía de este martes, el Ministerio Público informó la recepción de nuevos audios presuntamente vinculados a una investigación por delitos electorales. En ellos se alude a cuestionamientos de fraude, a la proclamación anticipada de un candidato presidencial, a contactos políticos y a la búsqueda de una salida jurídica –incluido un eventual juicio político– que requeriría mayoría calificada en el Congreso Nacional.
En un comunicado previo, el MP anunció que los siguientes audios en ser revelados se referirían presuntamente a un exmandatario que gobernó Honduras durante 10 años, lo que abrió la especulación que podrían involucrar a Juan Orlando Hernández, quien ejerció el Poder Ejecutivo entre 2014 y 2022, y previamente presidió el Congreso Nacional entre 2010 y 2014.
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¿FUE LA REPRESIÓN UNA SEÑAL DE UN CAMBIO DE MANDO NO DECLARADO?
Horas antes de la denuncia de la presidenta hondureña, se hizo evidente que la transición del poder habría comenzado de facto, aun sin que Castro haya entregado formalmente el poder, cuando la fuerza pública expulso y reprimió un plantón apostado en las afueras del Centro Logístico Electoral, ubicado en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Durante el gobierno de Castro, el uso de la violencia estatal había dejado de ser la respuesta normalizada frente al reclamo popular. La acción, sin embargo, fue celebrada por sectores del periodismo corporativo como un supuesto retorno al Estado derecho.
La presidenta Castro anunció que solicitó un informe al comisionado general Gustavo Sánchez Velásquez, titular de la Secretaría de Seguridad, y al general Roosevelt Hernández Aguilar, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, para que se identifique a los responsables y se apliquen los correctivos correspondientes, luego de que –según le manifestaron– ninguno de los mandos superiores ordenó acciones de represión contra el pueblo.
Desde Seguridad se emitió un comunicado defendiendo la acción, argumentando que su accionar se rigió por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, negó haber utilizado gas lacrimógeno y anunció investigaciones internas y análisis forenses de videos para determinar responsabilidades. En la misma línea, las Fuerzas Armadas comunicó que se iniciaron las investigaciones y se identificó al oficial superior involucrado, quien fue relevado de su cargo y estará a disposición de las autoridades para la deducción de responsabilidades.
Criterio.hn consultó a Miroslava Cerpas, comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911, sobre el marco y los actores qué habrían participado en los hechos de represión registrados en las afueras del Infop. Según la información proporcionada, la Policía Militar habría lanzado las bombas lacrimógenas desde el interior del recinto, mientras que la Policía Nacional habría enfrentado a los manifestantes con uso excesivo de la fuerza.
Al interpretar lo ocurrido en el contexto de la denuncia realizada durante la madrugada por la presidenta Xiomara Castro, Cerpas sostuvo que, desde el momento en que el director de la Policía Nacional se comunicó para revisar los videos y deducir responsabilidades, “hay claramente un intento de sublevación a la autoridad motivada por los grupos de poder económico y las instrucciones que está girando el Partido Nacional”.
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EL RIESGO ES DEMOCRÁTICO, NO GUBERNAMENTAL
Javier Acevedo, abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), señaló que la alerta emitida por la presidenta Castro debe asumirse con seriedad y ser investigada, aunque advirtió que en el país no existe ambiente propicio para hacerlo. Sostuvo que no se trata de un golpe clásico, sino de una acción orientada a socavar el proceso democrático y la capacidad de decisión de la ciudadanía, más allá de un gobierno en particular.
Acevedo sostuvo que los hechos ocurridos en las afueras del Infop evidencian que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas han modificado sus prácticas, pese a un acuerdo informal para reducir el uso de la fuerza durante el actual gobierno. Señaló que el despliegue policial y el uso de gas lacrimógeno reflejan la persistencia de viejas lógicas represivas en los cuerpos de seguridad.
Víctor Fernández, abogado e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), analizó la coyuntura desde una perspectiva que va de lo global a lo local, situando la crisis hondureña en un escenario regional más amplio. A su juicio, las tensiones actualmente responden a una disputa por el control del proceso democrático, en la que confluyen intereses internos y dinámicas geopolíticas que inciden directamente en el rumbo del país.
Desde ese enfoque, Fernández planteó que la alternativa pasa por fortalecer la organización popular y la movilización consciente de la ciudadanía, como herramientas para defender la democracia, vigilar el proceso electoral y frenar intentos de captura del Estado y de normalización de salidas autoritarias.
“Lamentablemente el ambiente por ahora no es favorable para la gente, para las grandes mayorías, es una pena que la institucionalidad nacional y global, en lugar de ser parte de la solución, son parte del problema y siendo parte del problema tenemos que sostenerles económicamente, tenemos que sostener su negligencia, su responsabilidad y su comportamiento doloso para generar estos niveles de incertidumbre, estos niveles de ansiedad en la población”, concluyó.
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