Mientras la presidenta Xiomara Castro reivindica avances y justicia ambiental en la COP30, informes y testimonios exponen el contraste entre la narrativa oficial y el aumento de conflictos, opacidad y militarización en la gestión de los territorios y bienes naturales
Tegucigalpa, Honduras. – Desde el corazón de la Amazonía, la presidenta Xiomara Castro habló ante la plenaria de la COP30 con un mensaje que combinó geopolítica, justicia ambiental y memoria feminista. “La tierra tiene derecho a vivir libre de abusos y explotación”, dijo al iniciar su discurso en Belém do Pará. Pero detrás de las palabras, en Honduras, persisten las tensiones entre el relato de protección ambiental y las políticas que continúan favoreciendo el extractivismo y la opacidad institucional.
Castro aseguró que su gobierno “no ha otorgado una sola concesión nueva sobre los bienes naturales” y que los “batallones verdes” creados bajo la estrategia Cero Deforestación 2030 han reducido la tala ilegal en más del 90% en zonas protegidas. Sin embargo, organizaciones ambientales y comunidades indígenas denuncian que estos batallones operan sin transparencia ni mecanismos de rendición de cuentas.
Pedro Landa, coordinador de la Red Continental Iglesias y Minería, advierte desde Belem, que la realidad está lejos de la narrativa internacional. Landa señala que la militarización ambiental impuesta por los batallones verdes implica transferir funciones civiles y comunitarias a las Fuerzas Armadas, con presupuestos elevados, pero sin transparencia sobre sus resultados. “No existen reportes oficiales sobre la efectividad en protección forestal, producción agrícola ni la reducción de desnutrición”, afirma.
Los graves impactos de la deforestación, visibles en inundaciones y deslaves, contradicen las cifras oficiales. El caso de la degradación en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano –que está en riesgo de perder su título de reserva natural— y el tráfico ilegal de maderas preciosas en la Moskitia revelan la persistencia de crisis forestal y falta de control estatal.
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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Aunque la mandataria destacó programas de reforestación y fondos para microcuencas, los datos nacionales muestran que Honduras mantiene una de las tasas más altas de deforestación y conflictos socioambientales en Centroamérica. Según reportes de observatorios ambientales, más de un centenar de comunidades enfrentan proyectos de minería metálica e hidroeléctrica que continúan operando bajo concesiones heredadas y sin revisiones efectivas.
El informe anual de la Conflictividad Socioterritorial 2024 del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) identifica un total de 58 conflictos socioambientales activos en Honduras, caracterizados por alta intensidad y riesgo, especialmente en departamentos como Atlántida, Colón y Yoro, donde predominan casos relacionados con acaparamiento y privatización de tierras ancestrales, expansión de monocultivos, represas hidroeléctricas y proyectos mineros.
Reitera que la conflictividad por los bienes comunes—tierra, agua, suelo y bosques—se manifiesta en patrones de despojo, destrucción de ecosistemas, contaminación de fuentes hídricas y fragmentación del tejido social. Las agresiones van desde el uso desproporcionado de la fuerza y la militarización de territorios hasta amenazas, estigmatización y criminalización de defensores ambientales.
El documento evidencia que la respuesta estatal, lejos de garantizar la protección colectiva, ha privilegiado la promoción de megaproyectos de infraestructura y energía, frecuentemente excluyendo procesos genuinos de consulta previa y socialización con las comunidades afectadas.
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PROPUESTAS PARA EL SUR GLOBAL Y DEMANDAS POR JUSTICIA
La presidenta Castro puso énfasis en la deuda ecológica del norte global y en la “refundación ecológica y moral” del sur, pero en el plano interno, los pueblos garífunas, tolupanes y miskitos continúan denunciando la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. “Se habla de justicia ambiental, pero no se consulta a las comunidades ni se detiene la criminalización de quienes defienden el bosque”, planteó un delegado indígena que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
En ese sentido, Pedro Landa describe que el consentimiento libre, previo e informado sigue siendo una aspiración no respetada en proyectos agroindustriales y de infraestructura. “El gobierno continúa decisiones de Estado pese a la oposición de las comunidades, vulnerando derechos tutelados en acuerdos internacionales como el de Escazú, aún pendiente de adhesión por parte de Honduras”, denuncia Landa.
Al no existir consentimiento libre, previo e informado—obligatorio según estándares internacionales—muchos proyectos y megaproyectos siguen su marcha pese al rechazo de las comunidades, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Mocorón o la expansión agroindustrial en territorios lenca.
La distancia entre discurso presidencial y práctica territorial se refleja en la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, consultas genuinas y participación comunitaria en la gestión ambiental. La justicia climática que Honduras defiende en foros globales aún no se traduce en protección efectiva y garantizada para los pueblos y bosques del país.
Mientras la COP30 marca nuevos compromisos globales, en Honduras persiste el desafío de cerrar la brecha entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de las comunidades que resisten el avance del extractivismo y la militarización ambiental.
