El aumento de mujeres electas en alcaldías y diputaciones marca uno de los niveles más altos de participación política en Honduras. Sin embargo, las cifras reflejan una representación limitada dentro del Congreso Nacional y en otros espacios de decisión. Mientras persisten obstáculos como la falta de financiamiento para campañas, la violencia política y reglas electorales que continúan afectando la competencia en igualdad de condiciones.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa.-La participación política de las mujeres en Honduras ha crecido, pero todavía no es suficiente. Aunque en este nuevo periodo de gobierno (2026-2030) hay más alcaldesas y diputadas que en los periodos pasados, muchas siguen enfrentando obstáculos como la falta de dinero para hacer campaña, la violencia política y reglas electorales que no siempre les permiten competir en igualdad de condiciones.
En este contexto se presentó el informe “Liderazgo político de las mujeres en Honduras: perspectivas y desafíos” que expone con cifras claras los avances y todo lo que aún falta por cambiar.
Actualmente, la Ley Electoral ya establece que los partidos políticos deben destinar un 15% de la deuda política, al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres; no obstante, ese porcentaje está dirigido a formación y empoderamiento interno, no a campañas electorales. Desde esa perspectiva, las organizaciones de mujeres que impulsan una reforma a la Ley Electoral proponen que también se asigne un porcentaje específico del financiamiento político para respaldar directamente a las candidatas. Con ello, buscan que la participación de la mujer no se limite al cumplimiento de la paridad en las planillas, sino que cuente con recursos reales para competir.
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La inclusión de más mujeres en alcaldías y diputaciones no es un hecho aislado. Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de las mujeres, considera que este avance responde al trabajo sostenido del movimiento de mujeres, en particular del Centro de Estudios de la Mujer y del Foro de Mujeres de Políticas, que han centrado sus esfuerzos en fortalecer capacidades, impulsar incidencia política y dar visibilidad a liderazgos, tanto cuando ejercen cargos como cuando compiten como candidatas.
Asimismo, explicó que este acompañamiento no termina con los procesos electorales. Actualmente se promueve un seguimiento directo a las mujeres que ya ocupan espacios de decisión, tanto a nivel local como nacional. Como parte de esas acciones, recientemente se desarrolló un encuentro de alcaldesas orientado a impulsar una gestión municipal con perspectiva de género, y se prevé realizar jornadas similares con diputadas y otras funcionarias.
Honorina Rodríguez advirtió que la participación histórica de las mujeres no siempre se traduce en acceso real a la toma de decisiones. Entre los principales obstáculos identificó las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia política, así como factores sociales como la clase, el origen étnico o la condición de discapacidad. A ello se suma la desigualdad en el acceso a recursos de campaña, señalando que los partidos políticos priorizan el financiamiento de candidatos hombres.
En consecuencia, el desafío no se limita a promover un mayor número de candidaturas de mujeres, sino a impulsar reformas electorales que garanticen una integración del Congreso Nacional con paridad y alternancias reales. Entre las propuestas que buscan las organizaciones de mujeres figuran el establecimiento de planillas encabezadas por mujeres, cuotas reservadas o aplicar fórmulas de integración que aseguren un equilibrio efectivo entre hombres y mujeres en la conformación del Poder Legislativo.
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En relación con el informe, la representante de ONU Mujeres, Mildred García Rodríguez, dijo que este documento confirma un aumento en la participación política de las mujeres. Sin embargo, advirtió que ese avance todavía no cierra la brecha existente. A su criterio, el reto ahora no es solo reconocer el crecimiento en cifras, sino reducir las desigualdades que aún limitan una participación efectiva.
En ese sentido, explicó que el objetivo del informe es llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de romper los llamados “techos de cristal” y avanzar hacia cambios que trasciendan los datos estadísticos. Indicó que la apuesta, es que los avances registrados en el ámbito político se traduzcan en transformaciones concretas en la vida cotidiana de las mujeres.
MÁS PRESENCIA DE MUJERES, PERO LEJOS DE LA PARIDAD REAL
El informe, auspiciado por varias plataformas internacionales y nacionales, establece que como producto de las elecciones del 30 de noviembre de 2025, se eligió a 22 mujeres al frente de alcaldías y 38 diputadas propietarias junto a 37 suplentes, la cifra más alta registrada en la historia de Honduras. Sin embargo, ese avance tiene un límite claro: las legisladoras representan apenas el 29.3% del pleno del Congreso Nacional y las alcaldesas un limitado 7.4%.
De igual forma, Denia Castillo, directora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, considera que el aumento de alcaldesas y diputadas representa un avance, aunque limitado. Señala que el crecimiento ha sido mínimo, con apenas unas cuantas alcaldías más que en otros periodos de gobierno. Si bien, en la región sur, el cambio es más visible, al pasar de una a cuatro mujeres al frente de municipalidades. A su juicio, el trabajo territorial y el acompañamiento a liderazgos locales han sido claves en ese resultado.
Sin embargo, advierte que la brecha de participación sigue siendo amplia. “La violencia política de género, continúa afectando a mujeres de distintos partidos, una situación que fue documentada a través de un observatorio en la región sur”. En ese sentido, enfatiza que no basta con alcanzar los cargos, sino que se requiere respaldo social y articulación para enfrentar esas barreras.
Asimismo, el debate no se limita únicamente a la cantidad de mujeres electas, sino también en la forma en que ejercen su representación. La necesidad que las diputadas actúen de manera conjunta y estratégica, más allá de las diferencias partidarias, aparece como un elemento clave para impulsar cambios concretos. De esa manera, dentro de las propuestas en discusión sobre la reforma electoral se plantea una aplicación efectiva de la alternancia y mecanismos que garanticen que, cuando una mujer deje un cargo, sea sustituida por otra.
Aunque el número de mujeres electas ha aumentado en el Congreso Nacional, su presencia en los espacios reales de poder sigue siendo limitada. De los 29 cargos que integran la Junta Directiva del Congreso, sólo siete están ocupados por mujeres, lo que equivale al 24%. La cifra evidencia que la exclusión no termina con la llegada al Congreso, sino que continúa y se reproduce en la estructura interna del poder donde las mujeres continúan teniendo menos acceso a posiciones clave de decisión.
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Además, la directora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez, valoró que tras las elecciones se registró un leve incremento en diputaciones, mientras que el avance en alcaldías continúa siendo reducido y distante de la paridad establecida en la ley. Señaló que, aunque el marco normativo reconoce la igualdad, en la práctica, las mujeres todavía no alcanzan una participación sustantiva en los espacios de toma de decisiones.
De igual forma, planteó que la reforma electoral pendiente debe convertirse en una oportunidad para introducir cambios de fondo que garanticen igualdad en los resultados y no solo en la postulación. Entre los mecanismos, mencionó el establecimiento de fórmulas que aseguren que la paridad se mantenga desde las elecciones internas hasta la integración final del Congreso Nacional.
No obstante, la discusión deja claro que cualquier reforma electoral deberá incluir medidas concretas para frenar la violencia política de género, especialmente aquellas prácticas que incluyen o limitan la participación de las mujeres, incluso a través de restricciones económicas. También queda en evidencia que avanzar hacia una paridad real pasa por asumir corresponsabilidades en el tema de cuidados, siendo las mujeres las que siguen enfrentando cargas adicionales que influyen directamente en su participación política.
Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil, sostiene que, aunque el actual Congreso Nacional registra el porcentaje más alto de mujeres electas desde 2001, siguen siendo minoría. A su criterio, el avance numérico no elimina los obstáculos estructurales que limitan el acceso real de las mujeres a cargos de elección popular.
En ese sentido, identifica como principales barreras, la desigualdad en el acceso a recursos económicos y la carga de los cuidados. Señala que los hombres obtienen financiamiento con mayor facilidad, mientras que muchas mujeres enfrentan la dificultad de no tener con quien dejar los hijos e hijas durante actividades políticas. Para ella, más que falta de dinero, existe una falta de conciencia dentro de las dirigencias partidarias, que no incorporan estas realidades en su dinámica interna.
Finalmente, también queda en evidencia que el aumento en la representación de las mujeres responde, en buena medida, a reformas como la paridad y la alternancia. Sin embargo, el actual sistema electoral limita su efectividad, ya que estas medidas suelen aplicarse principalmente en las elecciones primarias y no en las generales. En la práctica, las planillas en las elecciones generales están encabezadas por hombres y las mujeres quedan en posiciones con menores posibilidades reales de resultar electas.
En conclusión, los datos del informe y las voces de organizaciones de mujeres coinciden en un punto central: el aumento en el número de alcaldesas y diputadas no garantiza por sí solo una participación política en igualdad de condiciones. Persisten barreras relacionadas con el financiamiento de campañas, la violencia política, las responsabilidades de cuidado y las propias reglas del sistema electoral. Mientras estas condiciones no cambien, la presencia de mujeres seguirá creciendo con límites claros y la paridad establecida en la ley continuará siendo más una meta normativa que una realidad dentro del poder político.
