Aunque el ministro de Seguridad afirma que Honduras extendió el estado de excepción por 45 días, El Mirón verificó que no existe publicación oficial del PCM que respalde la medida. Esto implica que la suspensión parcial de derechos aún no ha entrado en vigor, lo que la convierte en un anuncio más simbólico que real, y según analistas, genera vulneración de garantías ciudadanas.
Tegucigalpa, Honduras. – Desde diciembre de 2022, Honduras permanece bajo un estado de excepción parcial. Aunque cada decreto presidencial fija la medida por 45 días, en la práctica ya suma 24 ampliaciones consecutivas, lo que ha convertido esta figura –utilizada de acuerdo con estándares internacionales en casos de emergencia— en un mecanismo sostenido de control militar y policial en el país.
La suspensión parcial de garantías inició bajo la justificación de combatir la extorsión y desde entonces se ha prorrogado mediante decretos ejecutivos (PCM).
¿QUÉ VERIFICAMOS?
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, declaró el pasado 27 de septiembre que el estado de excepción tendrá una nueva ampliación por 45 días.
Extensión estado de excepción sin PCM de Criterio Periodismo Amplio e IncluyenteSegún el funcionario, el estado de excepción es “la herramienta legal más efectiva que Honduras tiene para combatir a grupos criminales organizados, maras y pandillas, narcotraficantes, para debilitar su accionar”.
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¿DÓNDE ESTÁ EL PCM?
Tras el anuncio, los medios de comunicación hondureños informaron la nueva ampliación del estado de excepción. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que faculta al Ejecutivo aplicar esta medida excepcional de suspensión de derechos, no ha sido publicado.
El Mirón, la sección de verificación de Criterio.hn,realizó una búsqueda en los diferentes portales institucionales y no encontró el documento.
La página del Diario oficial La Gaceta presenta un error de conexión. De acuerdo con un técnico en informática al que consultó El Mirón, este error significa que la puerta de enlace detectó un ciclo (bucle) entre servidores proxybque impide que el sitio web se cargue correctamente. Añadió que el problema se debe a una mala configuración en los servidores del portal oficial y no a fallas en las computadoras de los usuarios.
Asimismo, hicimos una búsqueda en el portal de la Secretaría de la Presidencia y en el Portal Único de Transparencia. En este último solo está el PCM 024-2025, correspondiente a la extensión vigésima tercera (23) extensión, con vigencia del 16 de agosto hasta las 6:00 pm del 29 de septiembre.
Además, El Mirón contactó a Delia Arita, directora de comunicación de la Secretaría de la Presidencia, quien indicó que se encontraban de asueto por la semana morazánica. Señaló que no tenía conocimiento de quién es la persona encargada de documentar los PCM en la secretaría, ya que hasta el momento no les ha actualizado al respecto. Al consultarle por qué el documento no aparece en el portal web, respondió que suele tardar en publicarse y no creía que el encargado de informática lo subiera durante el feriado.
Por otro parte, El Mirón contactó al comisionado Miguel Martínez Madrid director de comunicaciones de la policía Nacional para consultar si tenían el PCM, pero no obtuvimos respuesta.
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NORMALIZACIÓN DE LA MEDIDA EXCEPCIONAL
La ausencia de publicación oficial del decreto ejecutivo que respalde la nueva ampliación del estado de excepción convierte a esta medida en un instrumento más simbólico que efectivo, advierten analistas. Sin la base legal que otorga la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el estado de excepción pierde fuerza jurídica y se reduce a una manifestación política sin garantías de legalidad ni impacto real en la seguridad ciudadana.
Para Mirna Flores, especialista en temas de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la continuidad del estado de excepción “tiene un mensaje meramente simbólico de la policía”. Añade que la mayoría de estos PCM ni siquiera han sido ratificados por el Congreso Nacional, como exige la Constitución. “Solo algunos fueron aprobados por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso; los demás se emitieron sabiendo que no pasarían el filtro legislativo, y ahora ni siquiera como PCM”, advierte Flores.
Flores también cuestionó la falta de transparencia y el escaso impacto real sobre la seguridad que reportan las cifras oficiales. Aunque se registra una disminución en los homicidios, la población sigue percibiendo altos niveles de inseguridad y desconfía de los resultados presentados por la Policía, institución que cada vez concentra más el control de la información. “El estado de excepción se ha desgastado y dejó de ser realmente excepcional. Es un mecanismo legalmente inestable, que no cumple con el mandato constitucional”, remarcó.
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EL ESTADO DE EXCEPCIÓN VULNERA DERECHOS
La vigencia extendida del estado de excepción en Honduras, que ha dejado de ser una medida extraordinaria, pone en riesgo la protección de los derechos humanos, de acuerdo con Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
El defensor de derechos humanos detalla que, en el marco de estas prórrogas sucesivas, han aumentado las denuncias por uso excesivo de la fuerza en allanamientos, lesiones contra personas detenidas y apropiación de bienes materiales sin garantías judiciales. Organismos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Prevención y Atención a víctimas de Tortura (CPTRT), han reportado desapariciones forzadas y arbitrariedades que se intensifican ante la suspensión de garantías constitucionales.
Desde la entrada en vigor del estado de excepción en diciembre de 2022, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido más de 1,000 quejas por abusos cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
En ese sentido, Acevedo advierte que la aplicación de estas medidas excepcionales recae principalmente sobre los sectores más vulnerabilizados y pobres del país, lo que genera discriminación y afecta la seguridad jurídica de toda la ciudadanía. “El estado de excepción ya no es excepcional. Al no publicarse oficialmente en el Diario Oficial La Gaceta, carece de sustento legal y puede ser objeto de reclamos e incluso demandas a nivel internacional por daños y perjuicios,” remarcó Acevedo, subrayando la gravedad de suspender derechos fuera de los canales jurídicos reconocidos.
El director de Ciprodeh concluye que la ausencia de reformas legales y el uso ordinario del estado de excepción perpetúan la impunidad y dificultan la construcción de políticas integrales para enfrentar la violencia. “Si el Estado continúa aplicando medidas sin control legislativo y sin ratificación, sólo se profundiza la crisis democrática y el riesgo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos,” sentenció Acevedo.
El Mirón concluye que la afirmación del ministro de Seguridad Gustavo Sánchez sobre la ampliación del estado de excepción es engañosa, porque, aunque anunció una nueva prórroga, no existe hasta ahora evidencia oficial que confirme la extensión de la medida.
