Por: Leonardo E. Stanley
La gravedad del momento se evidencia a diario, la magnitud de los desastres naturales aumenta año tras año afectando a vastos sectores de la población. En muchos de nuestros países la contaminación crece, al tiempo que la biodiversidad se esfuma a pasos agigantados. Los efectos del cambio climático repercuten con fuerza en toda la región, con especial énfasis en los países de Centroamérica y el Caribe (CaC), paradójicamente, aquellos que menos responsabilidad les cabe.
Avanzar el proceso de transición energética no solo generaría beneficios ambientales, sino también económicos, sociales y políticos. En momentos en que la urgencia climática llama a repensar el modelo de producción y consumo, tanto como delata la necesidad de mutar hacia una matriz energética limpia algunos países en lugar de avanzar retroceden. En la región conviven experiencias de transición avanzada con sueños de gobiernos que buscan convertirse en una “potencia petrolera o gasífera”.
América Latina y el Caribe (ALC), sin embargo, es una región amplia y diversa. Más allá de las contradicciones, la transición comienza a andar en numerosos países, con una generación 100 % limpia algunos gobiernos están avanzado en temas de movilidad urbana, tales son los casos de Costa Rica y Uruguay. Los bajos costos de producción que implica la generación en base a fuentes eólicas, por otra parte, ha convencido al gobierno de Chile de impulsar una serie de proyectos de producción de hidrógeno verde para su posterior exportación. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, Colombia se ha convertido en un bastión de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Brasil, por su parte, se ha convertido en uno de los destinos predilectos de los inversores ambientalmente responsables: “florecen los bonos verdes”.
Los canjes de deuda
Considerado lo financiero, a primera vista destacan las propuestas de canje de deuda por acción climática o aquellos orientados a la conservación marina y la adaptación climática de los océanos. Ecuador viene de negociar la mayor conversión de títulos de deuda, liberando recursos para destinarlos a la conservación en las reservas marinas de las islas Galápagos. Fuertemente expuestos a los huracanes, ciclones y otros eventos extremos, los países del Caribe proponen nuevos instrumentos de financiamiento. Tal es el caso de la iniciativa Bridgetown, propuesta de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. O la propuesta presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dirigida también a países con altos niveles de deuda, con organismos multilaterales o de carácter bilateral, pertenecientes a la comunidad del Caribe.
Estos ejemplos muestran los avances producidos en la región, sea en inversiones o bien en instrumentos de financiamiento. Mientras surgen nuevos proyectos de energía solar se ponen en funcionamiento nuevos parques eólicos, y se espera que para el 2027 aumente al doble la generación de energía limpia. Pero falta, y mucho, para cumplir con las metas comprometidas. Poco se ha destinado a infraestructura de construcción de líneas de transmisión eléctrica, aspecto clave al momento de garantizar la efectividad de la transición. Según el reporte de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en definitiva, para avanzar con la transición y cumplir así con el compromiso asumido, América Latina y el Caribe necesita invertir más de 150 mil millones de dólares.
Un nuevo modelo de desarrollo
Un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible exige un esquema de financiamiento orientado al largo plazo. Alcanzar las ambiciones implica consistencia de políticas y medidas que logren orientar las decisiones de inversión con los objetivos de largo plazo. Ello implica alinear políticas (monetaria, cambiaria, fiscal) con el proceso de transformación hacia una economía resiliente y baja en carbono. En este sentido, los ministerios de Hacienda, Bancos Centrales y Supervisores Financieros pueden, con sus acciones, promover el conocimiento y la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático que afectan a la estabilidad financiera del sistema. Un grupo de países de la región vienen trabajando en esta dirección como Chile, Costa Rica, Uruguay y Brasil.
Lamentablemente el entusiasmo no es unánime. Unos discuten la transición, otros evitan hablar del tema, mientras un último grupo directamente la niega. Argentina, tras la asunción de Javier Milei, se ha convertido en la abanderada de este último grupo.
Pero entre quienes discuten los senderos de transición, también abundan las contradicciones. El gobierno de Lula se presenta como abanderado de la preservación de la naturaleza, mientras Brasil se encamina a convertirse en una potencia petrolera. O el caso de México, donde el gobierno se embarca en una nueva refundación de PEMEX al tiempo que florecen las inversiones en renovables. Y también debería evaluarse la consistencia temporal de las promesas realizadas por Petro y si las reformas resisten un cambio de gobierno. Un último caso lo evidencia Venezuela, cuyo gobierno directamente evita hablar del tema.
¿Cómo funciona el financiamiento?
Algunas propuestas resultan coherentes con la mirada de largo plazo de quienes la proponen, otras miradas reflejan un negocio financiero de corto plazo, incoherencia y que desatiende la problemática de largo plazo sobre el clima o el medio ambiente. Cabría preguntarse el sentido de entrar en un canje de deuda por clima si contemporáneamente el gobierno toma nueva deuda externa, sea pública o privada, para financiar una inversión en energías no renovables. De prosperar esta inversión, se dispararía el nivel de emisiones del país en cuestión, el cual resulta perdurable en el tiempo, comprometiendo los acuerdos originalmente asumidos.
Toda crisis impone desafíos, pero abre también ventanas de oportunidad y de cambio que han sido aprovechadas por algunos países en el pasado, mientras otros se postran ante la desesperanza y los miedos. Es allí cuando aparecen los mesías, personajes oscuros que niegan el cambio climático y perpetúan a la región en el pasado.
