Honduras enfrenta una realidad compleja en su lucha contra la violencia. La meta de reducir la tasa de homicidios plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias propuestas como el estado de excepción y la capacidad del país para transformar su panorama de inseguridad
Tegucigalpa, Honduras. – Luego de la publicación del Balance de InSight Crime de los homicidios en 2023 en el cual ubica a Honduras como el segundo país más violento de América Latina y el primero en Centroamérica, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que para 2024 la tasa de homicidios se reduciría en 25 por cada 100,000 habitantes.
El titular de la Secretaría de Seguridad posteó en su cuenta de X, dicha promesa.
Además, refirió que las fuentes de la violencia en el país centroamericano son, el crimen organizado, el común y factores culturales/convivencia.
Honduras cerró con una tasa de homicidios de 31.1 por cada 100,000, que en comparación con el promedio regional sobre la tasa de homicidios que es de 20,1 por cada 100,000 habitantes, Honduras permanece 11 puntos arriba, un reto que urge de la implementación de estrategias de seguridad a largo plazo mediante procesos de educación a la sociedad y de sensibilización de las causas y consecuencias de la violencia.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la respuesta del ministro de seguridad se basa principalmente en el estudio de las tendencias, es decir, la Policía Nacional conoce los meses y los lugares de mayor incidencia de homicidios.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos enfatizó que en Honduras hay un fuerte trabajo por hacer para reducir los altos índices de violencia y criminalidad que han arrebatado la vida de miles de hondureños y hondureñas, “nuestro desafío es bajar a niveles de criminalidad, que nos permita salir de la consideración de país con problemas de violencia, tan marcados que nos hacen superar la tasa razonable que se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud”.
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COMBATE A LA IMPUNIDAD
Honduras enfrenta grandes desafíos que van más allá de violencia y la criminalidad, entre ellos el acceso a la justicia, la cooptación de instituciones por el crimen organizado, y la corrupción que tienen un fuerte impacto en la seguridad ciudadana.
Para el abogado, Javier Acevedo, en el abordaje de la criminalidad, el gran desafío es el combate a la impunidad. En ese sentido, señaló que uno de los de los cuellos de botella que se han observado en los últimos años ha sido la poca funcionalidad del Ministerio Público para ejercer la acción penal en la persecución y sanción de los responsables de los crímenes. Situación que a su criterio “de alguna manera ha incentivado mantener los niveles altos de criminalidad en la medida que la acción contra el crimen va dando resultados y esa misma medida también se desmotiva para que otros cometan nuevos delitos”, enfatizó.
Por su parte, el abogado Nelson Castañeda, director del sector seguridad y justicia de la Asociación para Sociedad Más Justa (ASJ) consideró consideramos que un elemento crucial para que Honduras llegue a la media regional de la tasa de homicidios que es de 20 por cada 100.000 habitantes, se requiere un trabajo más integral entre el sistema de justicia, es decir, una Policía Nacional, un Ministerio Público y un Poder Judicial que trabajen entre sí para fortalecer la investigación y con ello reducir el índice de impunidad.
FINANCIAMIENTO A OTRAS SECRETARÍAS
Para el combate a la criminalidad, analistas son de la opinión que se deben atacar las causas por las que las personas se ven cooptadas por el crimen organizado, es decir, que la institucionalidad del Estado, genere estrategias integrales de prevención de la violencia a través del fortalecimiento institucional para garantizar el goce pleno de los derechos fundamentales de los hondureños y hondureñas.
Sin embargo, Nelson Castañeda, cuestionó que la perspectiva del gobierno actual, como de otros gobiernos es “únicamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad”. Resintió que actualmente a esta institución estatal se le aumentó el presupuesto –mismo que consideró como un aumento histórico— de más de 11,000,000 millones de lempiras.
Para Javier Acevedo, también es necesario, que el fortalecimiento de las instituciones esté acompañado de un proceso de educación y sensibilización social que conlleve a la prevención del delito.
Además, puntualizó que es necesario que se incida en el hábito de la denuncia, ya que, en el país centroamericano, existe una desconfianza en el sistema judicial.
