Tegucigalpa, Honduras. – A un poco más de un mes de que inicie el año electoral, en el que la población deberá elegir a los próximos actuales precandidatos candidatos presidenciales que dirigirán el país en el período 2025-2030, resurgen las tensiones entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el sector del transporte urbano por el pago del subsidio.
Aunque el pago del subsidio al transporte urbano ha sido un tema que ha tensado las relaciones entre el sector empresarial y el gobierno de Xiomara Castro, en los últimos días el conflicto se ha intensificado. A pesar de que el Congreso Nacional aprobó, el pasado 25 de septiembre, aprobó el decreto ejecutivo entregar los 224 millones de lempiras, el pago aún no ha sido efectuado.
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) justificó, mediante un comunicado, que la demora en el pago a los concesionarios obedece a dos factores relacionados entre sí: la interferencia de empresarios del sector que, en alianza con diputados opositores, intentaron evitar la aprobación del decreto ejecutivo enviado por Xiomara Castro y, posteriormente, la falta de firmas en los recibos y planillas de verificación necesarias para formalizar la ejecución del subsidio.
Además, la institución dirigida por Rafael Barahona precisó que, de los 224 millones aprobados por el Congreso Nacional, 150 ya está cargado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y supuestamente serán acreditados próximos días. El resto, 94 millones, continuarán en demora porque algunos empresarios del Distrito Central no están cumpliendo con la documentación.
Mientras tanto, la dirigencia del transporte urbano, representada por el empresario Wilmer Cálix, denunció que los argumentos del IHTT no concuerdan con la realidad, ya que en numerosas ocasiones han intentado establecer mecanismos de diálogo con las autoridades, quienes responden con excusas para seguir postergando el pago de este subsidio o “bono compensatorio”.
“Hemos estado escuchando, pero cuando uno solo escucha mentiras, la paciencia se agota. No hay cumplimiento del pago del subsidio. Con este dinero no es que el gobierno se lo regale a los empresarios, sino que es un subsidio directo al usuario, de tres lempiras a la tarifa del pasaje. Entonces, quienes han estado subsidiando al usuario no es este gobierno, sino nosotros”, explicó el dirigente.
Por lo tanto, Cálix, propietario de numerosas unidades que circulan por rutas de Tegucigalpa Y Comayagüela, advirtió que, tras ser “engañados“ durante casi todo el año e intentar establecer diversos tipos de acuerdos con las autoridades, en los próximos días iniciarán protestas a nivel nacional que podrían incluir un paro de labores, afectando directamente a los usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte, conformado por unidades deterioradas y conductores temerarios que ponen en peligro sus vidas.
La escalada en el conflicto y la postura de los empresarios del transporte urbano podrían estar relacionadas con el próximo año electoral, ya que, al no recibir el pago del subsidio, buscarían generar inestabilidad en el gobierno de Xiomara Castro. Esto se basa en antecedentes que reflejan una dinámica similar: en administraciones anteriores, este selecto grupo de empresarios, algunos con inclinación evidente hacia los partidos con mayor respaldo en el país, fue clave para facilitar la llegada de ciertos gobernantes al poder.
“El sector del transporte urbano ha cobrado notoriedad en los últimos gobiernos por dos factores clave: por un lado, ser las principales víctimas de la extorsión; y por otro, haber demostrado su capacidad para desestabilizar gobiernos cuando no se cumplen sus demandas. Esto, aparentemente, es lo que está ocurriendo con el gobierno de Xiomara Castro”, analizó el abogado Kenneth Madrid.
Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que, durante los últimos 12 años de gobiernos nacionalistas, especialmente en la administración de Juan Orlando Hernández, el sector del transporte urbano mantuvo relaciones poco conflictivas con el gobierno. Esto se debió, en parte, a que algunos de los empresarios más influyentes en el rubro formaban parte de ese partido, a pesar que también habían incumplimientos.
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AMBAS PARTES HAN INCUMPLIDO
Lo cierto es que, aunque ambas partes exponen sus argumentos sin aportar evidencias claras que respalden sus denuncias, han incumplido el convenio establecido al inicio del gobierno de Xiomara Castro. Dicho acuerdo establecía un subsidio de tres lempiras para los usuarios del transporte urbano y comprometía a los concesionarios a mejorar sus unidades, renovar la flota y asegurar conductores capacitados para brindar un servicio de calidad a la población.
Aunque la aprobación del subsidio en el Congreso Nacional tomó varios meses para ser presentada y algunos días más para lograr consenso entre los diputados, los empresarios del transporte mantienen las unidades en estado de deterioro, operadas en su mayoría por conductores que no cumplen con los requisitos necesarios para conducir estos vehículos.
Fotografía del interior de un bus. Pie de foto: Así permanecen algunas unidades de bus en la capital, con evidentes daños tanto en su parte interior como exterior y, de esa manera, se mantienen prestando un servicio de mala calidad al usuario.
Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los conductores de transporte urbano ocupan el segundo lugar a nivel nacional en conducción temeraria, solo superados por los motociclistas, quienes figuran en la mayoría de los accidentes viales.
