Tegucigalpa, Honduras.- En un país donde, pese a la implementación de estados de excepción y otras estrategias, la violencia y la criminalidad continúan, se registra un número mayor de guardias de seguridad privada en comparación con los efectivos de la Policía Nacional. Esta situación genera inquietudes, especialmente cuando este sector ha sido cuestionado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con un cruce de datos proporcionado por la Secretaría de Seguridad, mediante la solicitud de información SSSS-2670-2024 gestionada por Criterio.hn, en Honduras, hasta finales del año pasado, se encontraban registrados 42,227 guardias de seguridad. Estos están distribuidos en 1,699 empresas de seguridad privada que operan en el país.
Por su parte, la institución dirigida por el general Gustavo Sánchez Velásquez contaba, hasta finales de 2024, con 21,500 agentes policiales (cifra que podría variar ligeramente). Esto significa que, según cálculos simples, en Honduras hay aproximadamente dos guardias de seguridad privada por cada miembro de la Policía Nacional.
Para Nelson Castañeda, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), resulta alarmante que el número de guardias de seguridad privada duplique al de policías, debido a dos factores principales: la evidente deficiencia en la seguridad pública y la falta de regulación de los guardias. Castañeda cuestiona qué garantías existen de que estos no formen parte de alguna agrupación criminal.
En cuanto a la falta de regulación, Castañeda señaló que muchas empresas de seguridad privada no cuentan con programas de formación adecuados para los guardias, lo que genera problemas relacionados con el manejo de armas, el desconocimiento de las leyes y, lo más crítico, la falta de claridad sobre el propósito de estas empresas. Es decir, no se sabe si su fin es servir al crimen organizado.
“Los controles en este sector son débiles. Muchas veces, no se conoce la identidad de los propietarios o socios de estas empresas. Existen antecedentes recientes que evidencian la necesidad de un control más estricto para evitar que estas estructuras sean utilizadas para actividades criminales. “Estas situaciones a menudo provocan incidentes lamentables”, explicó Castañeda.
Castañeda, al referirse a que existen antecedentes, tiene razón. El último hecho se registró el 28 de noviembre de 2024, en Catacamas, Olancho, cuando un grupo de supuestos civiles portando armas de grueso calibre se enfrentó a un contingente policial. El altercado ocurrió después de que los civiles bloquearan varias calles con sus vehículos de forma arbitraria, obstruyendo la libre circulación, solo porque en el interior de una iglesia se llevaba a cabo un velatorio.
Tras el enfrentamiento, las armas de fuego fueron decomisadas y, según la Policía Nacional, estaban registradas a nombre de empresas de seguridad. Además, se informó, aunque no se esclareció completamente, que los civiles involucrados estaban registrados como guardias de seguridad. A pesar de haber confrontado a las autoridades, los implicados permanecen en libertad, lo que resalta la falta de claridad y control sobre estos consorcios, tal y como lo planteó Nelson Castañeda.
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PERO, ¿POR QUÉ HACER ÉNFASIS EN EL DATO?
Este dato toma más connotación al recordar que el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en varias ocasiones denunció que las empresas de seguridad privada son instrumentos de grupos criminales para obtener diferentes beneficios, como mayor acceso a un número de armas que un ciudadano común no puede poseer, ya que la ley lo limita.
“Esto es grave, lo estamos investigando. Hemos realizado algunas capturas y detectado presencia del crimen organizado en ciertas empresas de seguridad privada. ¿Por qué? Usted, como ciudadano común, puede tener un número limitado de armas de fuego, pero si tiene una empresa de seguridad privada y se identifica como miembro, puede acceder a un número ilimitado de armas”, denunció Sánchez por primera vez en un foro televisivo.
Lo expuesto relativo al número de armas que pueden poseer estas empresas tiene lógica. El Reglamento para el Control de los Servicios Privados de Seguridad (Acuerdo No. 013-2009), no especifica un límite exacto en cuanto al número de armas que una empresa de seguridad privada puede poseer. El reglamento establece que las empresas deben utilizar armas con calibres permitidos según la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosiones y otros Similares, y cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Seguridad para la adquisición y uso de armas de fuego.
De acuerdo con la Ley de Control de Armas, un ciudadano común solo puede poseer hasta cinco armas de fuego y está limitado a adquirir municiones únicamente para las armas que ya tiene registradas a su nombre. Es decir, no puede adquirir, por medios legales, municiones para armas que no estén registradas bajo su identidad.
En este contexto, que el número de guardias de seguridad privada casi duplique a los elementos de la Policía Nacional podría ser la causa de varios factores que explican la elevada criminalidad y violencia que aún persisten en Honduras. Como mencionó Castañeda, no existe una regulación estricta que permita identificar a los guardias, verificar su experiencia en el manejo de armas de fuego y esclarecer bajo qué criterios y objetivos operan las empresas de seguridad, lo que podría evidenciar vínculos con el crimen organizado.
