Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En Honbduras existen al menos 41 procesos penales que se llevan a cabo en los tribunales de justicia por delitos contra el honor desde el 2013, según reportes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
La organización detalla que 13 casos corresponden a periodistas, ocho a políticos partidarios, tres a sindicalistas, cuatro a defensoras del territorio, dos a defensoras de derechos humanos de las mujeres, dos víctimas que exigían justicia por un pariente asesinado, y un funcionario público. La mayoría por haber divulgado información o haber emitido una opinión respecto a asuntos de interés público.
Hoy C-Libre junto al Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) emitieron un pronunciamiento en relación a la existencia en la legislación hondureña de los delitos contra el honor y su aplicación a casos concretos.
Las organizaciones se refieren al caso más reciente del periodista David Romero Ellner, quien ha sido condenado a diez años ocho meses de privación de libertad, no conmutable, al no gozar de beneficios de excarcelación, porque en el pasado fue condenado por el delito de violación. La semana pasada la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Tegucigalpa, por delitos de injurias constitutivas de difamación contra el profesional de la información.
Romero Ellner fue querellado por Sonia Gálvez, esposa del exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.
Mediante la masiva, las organizaciones defensoras de los derechos humanos recuerdan que el periodista estaba trabajando en denuncias de interés público. Aunque apuntan que algunas de las expresiones podrían referirse a la vida privada de la afectada.
Asimismo, que durante el proceso judicial, el ex juez del Tribunal de Sentencia José Dimas Agüero Echenique denunció que el vicepresidente del disuelto Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, le llamó y le dijo que: “el hombre ordenaba que condenaran al periodista”. Acusación por la cual, el juez fue separado del Tribunal de Sentencia y el Ministerio Público no investigado hasta la fecha.
Al tenor de los anteriores señalamientos, C-Libre y Ciprodeh consideran que la causa del periodista está relacionada con libertad de expresión, por la naturaleza del procedimiento utilizado para la sanción y la desproporción de la pena, por lo que enfatizan que diferentes órganos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como de las Naciones Unidas, han recomendado al Estado de Honduras, despenalizar las figuras de injuria, calumnia y difamación.
Los defensores consideran que la sola existencia de los delitos contra el honor, y la emisión de sentencia con penas desproporcionadas, poseen además el efecto de intimidación y autocensura sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión, que no solo afecta a las personas sancionadas, sino también a la sociedad ante el temor de ser sancionado por las mismas conductas.
C-Libre y Ciprodeh exponen, además, su preocupación en otros casos de periodistas condenados por desarrollar su ejercicio profesional como el de Ariel D´Vicente condenado en 2016 por calumnias constitutivas de difamación, debido a una querella promovida por un alto oficial de la policía, que en la actualidad se encuentra prófugo por los hechos denunciados por el periodista y reconocidos por la Fiscalía al acusar al agente policial.
Otro de los casos referidos es el del también periodista, Julio Ernesto Alvarado, condenado en un abordaje periodístico por el “uso de palabras chocantes en un asunto de interés público”, dice el pronunciamiento.
TONY HERNÁNDEZ
Por otra parte, recuerdan que el ejercicio de la libertad de expresión también se vio vulnerado con las amenazas emitidas por Juan Antonio “Tony” Hernández, contra la prensa por haber denunciado sus vínculos con el narcotráfico. Actualmente Hernández, hermano del jefe de gobierno Juan Hernández, se encuentra privado de libertad en Estados Unidos, precisamente por delitos de narcotráfico.
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El impacto de la criminalización del ejercicio periodístico es devastador para los profesionales de la información. Genera un efecto paralizante y promueve un contexto de autocensura en el que los periodistas temen investigar sobre cuestiones de interés público: C-Libre-Ciprodeh.
C-Libre y Ciprodeh, consideran que actualmente en Honduras existe una limitación que reduce el espacio de debate público y abierto, además de representar una amenaza de largo plazo para la sociedad civil no solo por limitar el derecho a la libertad de expresión sino a la defensa de otros derechos humanos fundamentales “y aunque no negamos que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, consideramos que la protección de la reputación de una persona debería resolverse por medidas o sanciones que afecten en menor medida a la libertad de expresión o sanciones que no incluyan la privación de libertad”.
Exigencias de C-Libre y Ciprodeh:
- Que el Estado de Honduras adecue la legislación penal y civil a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, y proponemos que la regulación sobre el honor deberá estar regulada por vía civil y en casos excepcional podría estar regulado en el código penal siempre que se contemple los criterios de proporcionalidad y estableciendo una eximente de responsabilidad penal por asuntos de interés público.
- Que el Estado de Honduras debe atender los recursos pendientes en el caso del periodista David Romero Ellner, garantizándole el debido proceso.
- Que el Ministerio Público, debe investigar la denuncia de tráfico de influencias presentada por el ex juez Dimas Agüero Echenique.
- Que no se consume la privación de libertad del periodista David Romero Ellner.
