En junio de 2022, las cuentas bancarias de Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona, prófugos de la justicia, fueron congeladas por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, a petición del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. -El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró la privación definitiva de dominio de las cuentas bancarias del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz Lupián, quien huyo a Nicaragua en 2022 para evadir la justicia hondureña, por un valor de L 7,045,098.24.
Además, el Poder Judicial señaló que cualquier parte procesal que no está de acuerdo con la resolución, tienen un plazo de tres días hábiles para interponer el recurso de apelación.
La solicitud de privación de dominio fue presentada en agosto de 2024 por los fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), durante el juicio de privación en el que se presentaron medios de prueba documentales y periciales.
El proceso judicial contra las cuentas de Díaz se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el Juzgado de Privación de Dominio, el cual busca incautar bienes y activos que se sospecha tienen origen ilícito.
Las cuentas bancarias del exministro han sido objeto de escrutinio desde hace varios meses, mientras la fiscalía presentó pruebas que vinculan los fondos con actividades que presuntamente involucran corrupción.
El Ministerio Público explicó en un escueto comunicado que el fallo se decretó el pasado 10 de septiembre, de más de siete millones de lempiras a favor del Estado de Honduras.
“Las siete cuentas bancarias que el Ministerio Público obtuvo el comiso definitivo manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51,500.554.55 millones”, señaló el ente acusador.
La decisión fue tomada luego de una serie de investigaciones que vinculan a Díaz con presuntas actividades ilícitas y de corrupción durante su gestión en el gobierno de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras actualmente sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
No obstante, los siete millones de lempiras incautados representan solo una fracción de los bienes bajo sospecha que las autoridades están investigando.
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NICARAGUA, EL REFUGIO DE EXFUNCIONARIOS HONDUREÑOS SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN
En junio de 2022, se conoció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a los exfuncionarios hondureños Ebal Díaz y Ricardo Cardona.
Ambos desempeñaron puestos clave en el gobierno de Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad, Díaz fue secretario de la Presidencia, y Cardona, titular de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), además de jefe de gabinete presidencial entre 2014 y 2022.
Según lo publicado en La Gaceta de Nicaragua, Díaz firmó su solicitud de nacionalización el 13 de noviembre de 2020, mientras que Cardona lo hizo el 27 de octubre de 2021.
Las naturalizaciones se concedieron sin que ambos cumplieran el requisito de residir durante tres años en territorio nicaragüense, como estipula la Ley General de Migración y Extranjería del país. Esto ha desatado cuestionamientos sobre la flexibilidad del régimen de Ortega en otorgar la ciudadanía a exfuncionarios extranjeros investigados por corrupción.
EBAL DÍAZ Y SU PASO POR EL CAMP
Ebal Díaz, exministro de la Presidencia y figura clave del Partido Nacional de Honduras (PNH), fue uno de los principales promotores de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), recientemente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta el momento no se sabe con claridad si Díaz continúa en la presidencia de la Comisión Permanente del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas (CP-CAMP), el organismo encargado de supervisar y promover las ZEDE en el país.
Criterio.hn encontró documentos internos de Próspera ZEDE, ubicada en Roatán en el departamento de Islas de la Bahía, en los que Díaz fue identificado como presidente del CP-CAMP en el que se describe su remuneración como uno de los funcionarios mejor pagados del organismo.
“El cargo de secretario o director del CP-CAMP percibía un salario anual de 70,000 dólares, además de beneficios adicionales en viáticos, seguro médico y otros conceptos, según el anexo de reestructuración presupuestaria del organismo en 2021”, cita el texto publicado en octubre de 2022 por este medio digital.
