Aunque aseguran que eliminarán los fondos departamentales, crearán una figura casi idéntica que alienta la corrupción
Tegucigalpa, Honduras.- En los diputados del Congreso de la República existe renuencia a despojarse de la administración de fondos públicos y de la ejecución de proyectos comunitarios. Así lo han dado a entender altos directivos del Legislativo, quienes ahora aseguran que no es negativo que los legisladores administren fondos y ejecuten proyectos, sino que el problema radica en la forma en que lo hacen.
El 1 de noviembre de 2022, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, manifestó que existe la intención de ahora sí derogar el decreto 116-2019, pero, aún así, mantendrán a los diputados ejecutando proyectos y administrando fondos públicos. Se eliminarán los fondos departamentales y se crearán los fondos sociales comunitarios, una situación que ha generado reacciones negativas.
Ismael Moreno, sacerdote jesuita e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) dijo a Criterio.hn que cualquier intención por continuar permitiéndole a las diputadas y a los diputados ejercer ambas acciones es una “auténtica aberración”.
“Los diputados están para representar a sus departamentos y para legislar por el país. Cuando se dedican a manejar recursos particulares, están cometiendo corrupción política patrimonial, es decir, usando los fondos del Estado para elevar sus perfiles. Nada de ello pertenece al papel de un diputado”, dijo.
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De hecho, las declaraciones de los diputados oficialistas del Congreso de la República se contradicen con lo que pregonaron cuando tomaron posesión de sus cargos, el 23 de enero de 2022, en un contexto en el que habían prometido oponorse a prácticas que fomentan la corrupción.
¿POR QUÉ ES TAN MALO?
Durante años anteriores, la administración de fondos y la ejecución de proyectos comunitarios, en sí, han promovido la falta de transparencia y la rendición de cuentas. En Honduras, desde que se realizó un reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el decreto 156-2018, las diputados y los diputados están facultados a ejercer ambas acciones.
Para ello, una ley, contenida el decreto 116-2019, rige el fondo departamental; la normativa es considerada un pacto de impunidad, porque si un diputado o diputada comete actos de corrupción, la labor del Ministerio Público se verá limitada al momento de acusarles, esto porque debe esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas determine, mediante investigación, si han existido indicios de responsabilidad penal, así como la realización de una auditoría a los fondos administrados por la persona investigada, algo que puede demorar hasta seis años.
A pesar de que los fondos departamentales han sido mal utilizados, en el Congreso se mantiene la renuencia para derogar esta ley pero, sobre todo, para evitar que los legisladores dejen de administrar fondos públicos y ejecutar proyectos. El oficialismo ahora argumenta que llevar a cabo estas funciones, por parte de congresistas, no es algo tan negativo y que solo es necesario cambiar el nombre de la figura.
NO HAY FONDOS DEPARTAMENTALES, PERO…
Durante la legislatura correspondiente a 2022, el Congreso de la República no aprobó la asignación de fondos departamentales, pero en la reformulación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos sí se contempló la gestión de proyectos por parte de los legisladores, pero ahora bajo el argumento de que los fondos no son administrados directamente por ellos, sino que por el Ejecutivo.
En días previos, se anunció la intención de crear la figura del fondo social comunitario, que vendría a reemplazar a los fondos departamentales, pero que mantendría el mismo objetivo: que los diputados manejen fondos públicos. Además de ello, dejaría abierta la puerta a que diputadas y diputados continúen administrando fondos, sin la suficiente rendición de cuentas.
El secretario del Congreso, Carlos Armando Zelaya, expresó recientemente que él considera que administrar fondos es parte de un vacío que el Ejecutivo y las alcaldías municipales no pueden llenar y que le corresponde a los legisladores hacerlo. El mismo discurso que se vertió cuando se crearon los fondos departamentales.
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“Yo creo que el problema no es manejar fondos, sino que manejarlos bien, que no haya corrupción. Creemos que se deben mantener, porque creemos que se debe tener un fondo para ayudar a las comunidades. Hay un espacio entre lo que hace el Ejecutivo y las alcaldías, que nadie lo cubre, y ante ello las comunidades buscan apoyo, nos buscan a nosotros, hacen solicitudes. Tenemos la obligación de cumplirles”, manifestó Zelaya.
Las cuestionables declaraciones del secretario del Congreso pueden explicar, de alguna forma, por qué, aunque se trazó como objetivo al inicio de la legislatura, las diputadas y los diputados no han mostrado voluntad política destinada a derogar el decreto 116-2019.
DISCURSO AMBIGUO
Libertad y Refundación (Libre), que ejerce el oficialismo, argumenta que de nada servirá someterlo a derogación, porque ellos presuponen que las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal no les darán sus votos. La eliminación de esta nociva ley requiere de la mayoría calificada, es decir, 86 votaciones.
El ahora presidente del Congreso de la República, Luis Redondo, aseguró el 19 de abril de 2022 que su intención, desde que asumió su cargo, ha sido someter a derogación el decreto, y que, además, ya había cabildeado el voto de 84 legisladores, sin especificar quiénes eran estos diputados. Lo que no ha dicho es que, aunque supuestamente ha buscado eliminar el 116-2019, su intención ha sido preservar en los diputados y las diputadas la administración de fondos públicos y la ejecución de proyectos comunitarios.
En reiteradas ocasiones, Criterio.hn ha consultado a legisladores de Libre y del Partido Nacional acerca de la intención de eliminar la administración de fondos públicos, sin embargo, desde ambos lados se han presentado excusas distintas. El oficialismo, que ha cambiado su discurso con relación a cuando era oposición, dice que no es tan negativo. La oposición, por su lado, chantajea con prestar sus votos únicamente si se deroga la ley de amnistía política.
Dentro del borrador del memorando de entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno, con miras a la hipotética instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, figura explícitamente la necesidad de derogar la derogación del decreto 116-2019. ¿Realmente existe la voluntad política?
