Una empresa hondureña vinculada a sobornos en la Tasa de Seguridad y otra sancionada en Ecuador por incumplir contratos, participan en la licitación para dotar a la Policía Nacional con 5,000 chalecos antibalas y equipo de brechaje
Pese a los antecedentes de sobornos y de incumplimientos en contratos previos, estas compañías lograron presentar ofertas para proveer equipo táctico a la Policía Nacional, encendiendo las alarmas sobre transparencia y depuración en la Secretaría de Seguridad
Tegucigalpa, Honduras. – Una empresa hondureña cuyo representante ha sido mencionado en un juicio en Estados Unidos por el pago de sobornos a través de la Tasa de Seguridad, participa en un proceso de licitación pública para la compra de chalecos antibalas y equipo de brechaje destinados a la Policía Nacional.
Otra de las empresas que participan en ese proceso es High Defense End Solutions LLC, propiedad del venezolano Mark Von Reitzenstein, misma que ha sido señalada incumplir un contrato y de vender equipo defectuoso y obsoleto a la Secretaría de Defensa de Ecuador.
Según medios de comunicación ecuatorianos el Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador (SERCOP), inhabilitó por seis años a la empresa High Defense End Solutions, que estará vigente desde el de diciembre de 2023 hasta el 2 de diciembre de 2029.
SEGURIDAD PLANEA LA COMPRA DE 5,000 CHALECOS ANTIBALAS
El proceso se desarrolla bajo el número SEDS-LPN-GA-2025-2026 y tiene como objetivo la adquisición de dos lotes de equipamiento. El primero contempla la compra de 5,000 chalecos antibalas nivel III-A, mientras que el segundo corresponde a 10 equipos de brechaje para operaciones tácticas.
De acuerdo con el acta de recepción y apertura de ofertas, varias empresas nacionales e internacionales presentaron propuestas para competir por el contrato que se estima entre los 50 y 60 de millones de lempiras.
En el lote 1, el Consorcio Van Heusen-SBP presentó la oferta más baja, con un monto de 56,810,000 lempiras. Otra de las participantes fue Vivi & Comercial, que presentó una oferta por 62,100,000 lempiras para la dotación de chalecos antibalas.
A su vez, la empresa Innova Packing S.A. de C.V. concursó con una propuesta por 69,431,250 lempiras. El Consorcio GMAS S.A. de C.V./High end Defense Solutions LLC también se sumó a la competencia, ofertando 67,475,387.50 lempiras.
Finalmente, la empresa Comercializadores y Consultores de Productos de Exportación e Importación (CCOEXPI) S. de R.L. de C.V., ofertó por un valor de 71,415,000 lempiras, siendo la propuesta más alta para el lote de chalecos.
Según el Portal Honducompras, hasta el momento, este proceso de licitación no ha sido adjudicado.
Lea: Exfuncionarios hondureños salpicados en red de sobornos ligados a la tasa de seguridad
LOS FANTASMAS DE LA TASA DE SEGURIDAD BUSCAN CONTRATOS CON SEGURIDAD
La representación de CCOEXPI recae en Jaime Arturo Nativí Gálvez, quien fungió como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por las filas del Partido Liberal de Honduras, un nombre que figura en expedientes judiciales de Estados Unidos vinculados a sobornos durante la administración de la Tasa de Seguridad en Honduras.
Nativí, junto a otros exfuncionarios y empresarios hondureños y estadounidenses, fue mencionado en el juicio celebrado en la Corte del Distrito Sur de la Florida contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, director ejecutivo de la compañía Atlanco.
Atlanco, dedicada a la fabricación de uniformes y accesorios para fuerzas de seguridad, habría pagado sobornos millonarios a empresarios y funcionarios hondureños para asegurar contratos estatales en la provisión de equipamiento policial y militar.
Entre los implicados figura Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el Comité Técnico de la Comisión Tributaria de Seguridad, conocido como Tasa de Seguridad Poblacional.
El nombre de Jaime Arturo Nativí Gálvez, actual representante de CCOEXPI según el Portal de Contrataciones, aparece también en los documentos judiciales. Según la acusación, Nativí recibió al menos 75,000 dólares, como parte de tres pagos realizados desde Atlanco.
El contador forense Michael Preton declaró en la corte que Nativí habría recibido hasta 350,000 dólares a través de transferencias electrónicas canalizadas por la empresa Achieve, utilizada para encubrir los movimientos de dinero.
Preton aclaró que su investigación se limitó a los movimientos bancarios registrados, y que no fue posible rastrear los montos entregados en efectivo a los involucrados.
El hecho de que un empresario señalado en estas operaciones de soborno participe actualmente en un proceso de licitación con la Secretaría de Seguridad levanta cuestionamientos sobre los mecanismos de control y depuración en los procesos de compras públicas.
Vea: Secretaría de Seguridad adjudica contrato a empresario ligado a los Hernández Alvarado
LICITAN COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS CON PRESENCIA DE EMPRESAS INHABILITADAS EN ECUADOR
La empresa estadounidense High Defense End Solutions LLC, propiedad del venezolano Mark Von Reitzenstein, participa en conjunto con el Consorcio GMAS S.A. de C.V. en una licitación pública que ronda entre 50 y 60 millones de lempiras para proveer a la Policía Nacional de 5,000 chalecos antibalas nivel III-A.
Sin embargo, la compañía arrastra un historial de cuestionamientos en Ecuador, donde fue sancionada e inhabilitada como contratista estatal debido a incumplimientos contractuales. A pesar de ello, logró ser beneficiada con un contrato que superó los 34 millones de dólares, lo que levantó críticas por la falta de controles en los procesos de compra pública.
La sanción contra la empresa se originó en un contrato firmado con la Policía Nacional de Ecuador el 6 de febrero de 2023, por un monto de 2.7 millones de dólares, que establecía la entrega de 5.5 millones de balas calibre 5.56×45 mm antes del 17 de septiembre de ese mismo año. Según el medio Primicias, la empresa cumplió apenas con el 50% del suministro pactado.
Ante ese incumplimiento, la Policía Nacional ecuatoriana canceló el contrato el 8 de diciembre de 2023, ya bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa y con Mónica Palencia como ministra del Interior. La decisión derivó en un litigio entre el Estado y la compañía, aunque el reclamo no estuvo relacionado con la calidad del producto, sino con el retraso en la entrega
Los señalamientos contra High Defense End Solutions se profundizaron en enero de 2025, cuando las Fuerzas Armadas de Ecuador recibieron 31,000 cascos y 30,000 chalecos balísticos que fueron descritos como equipamiento de baja calidad, de acuerdo con el portal LupaMedia. Esa compra, efectuada de manera reservada, significó un gasto de 34 millones de dólares para las finanzas públicas de ese pa
En una revisión de documentos del registro de Florida, se encontró que High End Defense Solutions fue creada en julio 2009, por Carmen Von Reitzenstein y la sociedad JCL Enterprise & Investments, LLC. En archivos actualizados a junio de 2025, Mark Von Reitzenstein, aparece como el representante de la firma.
No obstante, esta no es la única compañía vinculada al empresario y su familia. En el mismo registro aparecen otras sociedades registradas a nombre de Carmen y Mark Von Reitzenstein, entre ellas Kambio Telecom LLC, Karakol Yacht Charter LLC y al menos seis más, lo que refleja un amplio entramado empresarial que ahora pone su mirada en Honduras a través de la venta de equipo táctico.
El hecho de que un empresario señalado en estas operaciones de soborno participe actualmente en un proceso de licitación con la Secretaría de Seguridad levanta cuestionamientos sobre los mecanismos de control y depuración en los procesos de compras públicas.
La adjudicación de esta licitación aún no se ha concretado, pero la participación de CCOEXPI coloca nuevamente bajo la lupa el historial de corrupción asociado al financiamiento de la seguridad pública en Honduras.
