Reactivar el empleo por hora enfrenta críticas de expertos y sindicalistas, que señalan que, sin controles claros, la modalidad podría replicar la precariedad laboral observada en experiencias anteriores. La discusión gira en torno a cómo compatibilizar la flexibilidad que busca el gobierno entrante con la estabilidad y los derechos protegidos por la Constitución y el Código del Trabajo.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa—. La polémica sobre la contratación por hora resurge en Honduras mientras el gobierno entrante analiza alternativas para reducir el desempleo. Analistas advierten que, sin fiscalización efectiva, esta modalidad podría reproducir la precariedad laboral que motivó su derogación durante la administración actual.
El empleo por hora vuelve a estar en discusión en Honduras después que la presidenta Xiomara Castro lo derogara. El presidente electo, Nasry Asfura, propone retomarlo como parte de su plan para reducir el desempleo, aunque todavía no se sabe cómo se aplicaría o si será necesario aprobar una nueva ley.
En experiencias anteriores, el empleo por hora generó dudas porque ofrecía poca protección a los trabajadores. Aunque la ley reconocía derechos como salario proporcional, seguridad social y ciertas garantías ante despidos, la falta de control hizo que muchas empresas no cumplieran estas obligaciones.
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Fredín Funez abogado laboralista dijo que, “habría que conocer cuál es la propuesta de ley que el presidente electo quiere implementar, porque si es una ley igual que la ya derogada, esa no tiene cabida en el marco jurídico laboral que garantiza la Constitución de la República y el Código del Trabajo”.
Asimismo, dijo que con el empleo por hora lo que se busca es evitar el irrespeto de la estabilidad laboral y evadir el pago de los derechos laborales. Esto significa que los trabajadores no podrían asociarse, no tendrían acceso al Seguro Social y, en el caso de las mujeres, perderían beneficios fundamentales como el pre y postnatal. En otras palabras, se pretende restringir los derechos que la Constitución de la República y el Código del Trabajo garantizan a todos los empleados.
Sin embargo, dice que, aunque estas medidas se presentan como algo positivo, en realidad son perjudiciales. Su objetivo no es proteger a los trabajadores, sino limitar sus derechos y su seguridad laboral, eliminando las garantías básicas que deberían existir en cualquier empleo.
La Constitución de la República, en su Artículo 129, protege la estabilidad laboral, asegurando que los trabajadores no puedan ser despedidos injustificadamente. Este artículo garantiza que, si alguien pierde su trabajo sin justificación, tiene derecho a volver a su puesto con los salarios atrasados o recibir una indemnización. El reto ahora es cómo compatibilizar esto con un tipo de contrato que históricamente ha reducido la estabilidad laboral.
El Código del Trabajo también regula el empleo por hora. El Artículo 8 establece principios generales de protección, como condiciones dignas de trabajo y respeto a derechos fundamentales. El Artículo 325 permite contratar por horas y reconoce derechos como salario proporcional y seguridad social, pero deja margen a interpretaciones que, en la práctica, han generado precariedad.
Durante el gobierno de Xiomara Castro, la derogación buscaba evitar riesgos como la explotación laboral y la evasión de responsabilidades por parte de los empleadores. Con la administración entrante, el debate sobre su regreso refleja la presión política y empresarial por hacer más flexible la contratación.
REGRESO DEL EMPLEO POR HORA AMENAZA DERECHOS LABORALES POR FALTA DE CONTROL
Analistas señalan que el problema principal del empleo por hora no es la ley en sí, sino la débil supervisión. La falta de recursos en las inspecciones permite que algunas empresas operen sin cumplir la normativa. Esto significa que reactivar la modalidad podría repetir los problemas que se buscaban evitar.

José Luis Baquedano dirigente sindicalista de las Centrales de Obreros dijo que, “en Honduras muchas empresas contratan a los trabajadores por dos meses y los despiden para que no adquieran derechos. Luego los vuelven a contratar meses después.
Lo que realmente se necesita es inversión que genere empleo. Hay más de un millón y medio de hondureños desempleados y más de dos millones en el sector informal. Cada año ingresan al mercado laboral entre 80.000 y 100.000 jóvenes sin oportunidades. Muchos no estudian ni trabajan porque sus familias ganan muy poco y no pueden costearles estudios. Con el salario mínimo actual y el alto costo de la canasta básica, es difícil para una familia cubrir siquiera la educación de sus hijos”.
Asimismo, manifiesta que el 99% del empleo en el país es precario. La Inspección General de Trabajo debe evitar abusos de los empresarios. Ya existe una ley de inspección con multas que pueden superar los 200.000 lempiras e incluso llegar al cierre de una empresa.
Sin embargo, cuando se han hecho denuncias y se han comprobado violaciones, el Ministerio del Trabajo ha dicho que no aplica sanciones para no ahuyentar la inversión. Así, los trabajadores ven vulnerados sus derechos mientras algunos empresarios se vuelven intocables.
Cuestionó que muchos trabajadores desconocen que cuando un contrato se renueva repetidamente, eso constituye una relación laboral continua y genera derechos. El empresario no lo explica porque no le conviene y el trabajador, por desconocimiento, a veces pierde sus derechos. Después de los 60 días del periodo de prueba, el trabajador ya debería tener garantizados todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo, los contratos colectivos o cualquier ley laboral.

El empleo formal sigue siendo escaso en el país. Muchas personas recurren a trabajos informales o temporales, lo que limita su capacidad de exigir derechos dependiendo de empleadores que priorizan sus ganancias sobre las condiciones laborales.
Aún no se sabe cómo se implementaría el empleo por hora si vuelve, si se aplicará la normativa anterior, si habrá nuevos mecanismos de control, ni cómo se asegurará que los trabajadores reciban los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo les otorgan.
El debate actual deja claro que no basta con reinstalar la modalidad. Para que funcione, cualquier reforma laboral debe incluir controles efectivos. Sin supervisión real, el empleo por hora podría convertirse de nuevo en una herramienta que favorece a las empresas y debilita la estabilidad y seguridad de los trabajadores.





