El doble asesinato de integrantes de las cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, ocurrido ayer, viernes 31 de enero de 2025, es el hecho más reciente en una escalada de violencia que se agravó desde noviembre de 2024 en dicha zona
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones sociales, feministas, indígenas, garífunas, de derechos humanos y estudiantiles declararon hoy en emergencia la zona de las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, en el Bajo Aguán, debido a la escalada de violencia contra las comunidades.
Denuncian que grupos armados, con apoyo de guardias de la Corporación DINANT, han intensificado ataques para desplazar y asesinar a campesinos con el fin de apropiarse de sus tierras.
Las organizaciones acusaron, mediante un pronunciamiento emitido hoy, 1 de febrero de 2025, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de complicidad, señalando que, pese a las denuncias y la presencia policial en la zona, no ha tomado acciones efectivas para detener la violencia.
También critican la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados en 2022 con la Plataforma Agraria y COPA, los cuales buscaban una solución al conflicto agrario.
EL ASESINATO MÁS RECIENTE
En el más reciente hecho de violencia, fue el asesinato de Suyapa Guillén, integrante de la Red de Mujeres Campesinas, y su pareja, José Luis Hernández Lobo, miembros de la Empresa Asociativa Gregorio Chávez.
Este ataque se suma a una serie de agresiones que han dejado personas heridas y secuestradas, generando terror entre las comunidades campesinas.
El Bufete Estudios para la Dignidad (BED) denunció el crimen como parte de una serie de ataques contra organizaciones campesinas, iniciados el 24 de diciembre con el desplazamiento forzado de la cooperativa Camarones.
Ante la crisis, los movimientos sociales llaman a la solidaridad nacional e internacional para proteger a las familias en riesgo. Exigen una respuesta inmediata del gobierno y convocan a la ciudadanía a sumarse a las acciones de resistencia en defensa de los derechos de los campesinos del Bajo Aguán.
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SEMANA VIOLENTA
Previo a dicho asesinato, el lunes 27 de enero de 2025, la cooperativa Tranvío denunció la llegada de un grupo armado a sus tierras en proceso de recuperación, generando alarma entre las comunidades campesinas del Bajo Aguán.
Un video difundido en redes sociales evidenció el temor de las familias, con detonaciones y gritos de desesperación, según se informó, al menos 100 familias fueron desplazadas violentamente por un grupo criminal vinculado a la Corporación Dinant.
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Aunque la crisis en el Bajo Aguán es histórica, se ha recrudecido desde el 24 de diciembre de 2024, a pesar de la militarización, la prohibición de armas establecida en el decreto 117-2012 y la instalación de una comisión de la verdad tras el acuerdo tripartito entre el Estado, organizaciones campesinas y la OACNUDH, la violencia continúa sin control.
El abogado Víctor Fernández, integrante del Bufete Estudios para la Dignidad, afirmó que la violencia en el Bajo Aguán es promovida por la agroindustria, que utiliza su poder económico e influencia para atacar a comunidades campesinas y desalojarlas de sus tierras.
Destacó que las tierras en disputa están destinadas a la reforma agraria y son ocupadas por familias campesinas, sin embargo, la conflictividad ha aumentado porque estas comunidades han implementado un modelo productivo exitoso, diversificando su producción más allá del cultivo de palma, lo que supone una amenaza para los intereses agroindustriales.
“Lamentablemente, el Estado, el gobierno no han tomado una decisión firme e inmediata para resolver el problema. Un gobierno serio debería ratificar que esas tierras pertenecen a los campesinos. Sabemos que los grupos que enfrentan a estas comunidades tienen poder político y económico, lo que podría estar obstaculizando una solución definitiva”, expresó Fernández.
