El Consejo Nacional Electoral (CNE) maneja un presupuesto de 2,053 millones de lempiras, un 16.65 % más que los 1,760 millones aprobados para las elecciones primarias de 2021. Hasta el 17 de febrero, se registraron 63 transacciones, de las cuales 10 (15.87 %) fueron compras directas, sin embargo, el monto total de estas adquisiciones sigue siendo desconocido debido a la falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
Además, el proceso de otorgación de la tecnología electoral ha sido cuestionado por el monopolio de Smartmatic, empresa de inversionistas venezolanos con antecedentes de fraudes electorales. La compañía obtuvo los contratos del Sistema de Identificación Biométrica y el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que juntos suman 532.1 millones de lempiras. Además, recientemente se informó que también se le adjudicó la conectividad de 1,728 centros de votación que carecen de acceso a internet satelital.
Tegucigalpa, Honduras. –El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha implementado un proceso de adquisiciones y contrataciones para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 en Honduras, marcado por la adjudicación de compras directas y la concentración de contratos en una empresa con señalamientos he haber propiciado fraudes electorales en varios países.
De acuerdo con los datos disponibles en el portal de Honducompras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), el CNE realizó 63 transacciones entre octubre de 2024 y el 17 de febrero de 2025 a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales.
Estas transacciones incluyen 28 licitaciones nacionales, 7 internacionales, 10 compras directas y 18 compras menores. Estas adquisiciones se han efectuado con el presupuesto asignado al CNE, que asciende a 2,053,024,280 lempiras, parte de la cifra ya transferida por la Secretaría de Finanzas, de los cuales hasta la fecha se han ejecutado 521,074,634.89 lempiras, es decir, el 25.38%.
Compras directas ensombrecen transparencia del proceso
Las compras directas en el proceso de adquisiciones del CNE han generado serios cuestionamientos debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Hasta el 17 de febrero de 2025, el órgano electoral realizó 63 transacciones, de las cuales 10 fueron adjudicadas sin concurso público, un mecanismo que, aunque es permitido por la Ley para la administración y ejecución transparente del presupuesto electoral para las elecciones primarias 2025, genera muchas dudas. La normativa, que respalda las compras realizadas por el CNE, aprobada por los diputados del Congreso Nacional (CN), fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 7 de octubre de 2024.
Entre las adquisiciones realizadas mediante este procedimiento figura el arrendamiento de equipos de radiocomunicación, justificado como una necesidad para garantizar la comunicación durante los comicios.
Además, el CNE compró equipos y etiquetas de radiofrecuencia para la bodega, contrató el arrendamiento de hosting en un data center evolución y adquirió material electoral como crayones, bolsas plásticas, bolsas de seguridad para documentos y banderas de los partidos políticos.
También se adquirieron equipos de comunicación vía red celular, maletas y cajas porta documentos, junto con cabinas y urnas de votación elaboradas en cartón plástico. Además de la adecuación de espacios físicos en las oficinas del CNE, ubicadas en Instituto Nacional Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa.
Aunque la ley que regula la ejecución del presupuesto electoral, faculta al CNE, en su artículo 1, para realizar contrataciones directas de bienes y servicios, sin afectar lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado de Honduras, este mecanismo abre la puerta a posibles irregularidades y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Por ejemplo, de las 10 compras directas registradas en el portal Honducompras del CNE, varias presentan opacidad, ya que no especifican montos ni detalles clave de las transacciones, además, aunque múltiples procesos han sido cerrados, el ente no ha publicado los resultados ni las empresas beneficiadas.
De las 10 compras realizadas, únicamente cuatro ya fueron adjudicadas. Dos de ellas, vinculadas a servicios de conectividad, fueron otorgadas a las compañías Tigo y Claro. Mientras otras dos fueron asignadas a Automatiza Soluciones S.A.S. y Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V., estas últimas sin registros como proveedor del Estado.
La falta de transparencia en los procesos electorales en Honduras no es un fenómeno nuevo, sino un patrón recurrente. Durante las elecciones generales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló, mediante su informe final serias deficiencias en la publicación de los procesos de contratación, señalando que, aunque los documentos eran subidos a la plataforma Honducompras, muchos de ellos se encontraban incompletos, lo que dificultaba la revisión pública y la supervisión efectiva.
Aprobación tardía del presupuesto impulsa compras directas
A criterio del abogado y analista en temas de democracia y transparencia, Lester Ramírez, las compras directas en cada proceso electoral son consecuencia de la falta de acceso oportuno al presupuesto por parte del CNE, lo que impide que las adquisiciones se realicen mediante concursos públicos, debido a la premura en el tiempo.
Según el entrevistado el presupuesto electoral debería aprobarse y transferirse el segundo año de gobierno, en lugar de hacerlo un año antes de las elecciones, como ocurre actualmente, sin embargo, considera que esto es poco probable, ya que su aprobación suele estar condicionada por acuerdos y componendas políticas.
Además, cuando el presupuesto no se aprueba en su totalidad, los fondos deben reservarse para los siguientes comicios, una opción que no es de importancia para los diputados del Congreso Nacional.
De su lado, la especialista en democracia y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Elvir, coincide con Lester Ramírez en que la aprobación tardía del presupuesto obliga al CNE a recurrir a compras directas.
Señala en entrevista con Criterio.hn que, aunque la ley electoral permite este tipo de adquisiciones —de manera similar a las realizadas en emergencias por desastres naturales—, generan desconfianza en la población. Además, el corto tiempo disponible limita la libre competencia, ya que muchas empresas optan por no participar en los procesos de adjudicación debido a la premura en los plazos.
Además, remarca que las compras directas deben ser monitoreadas por entidades como la ONCAE y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para garantizar la transparencia, sin embargo, advierte que, en las compras directas de las elecciones primarias de 2025, en las que no se revelan los montos exactos, se refleja una falta de capacidad para auditar estos procesos por las instituciones encargadas.
Retrasos estratégicos
La valoración de los entrevistados tiene sentido si se recuerda que la aprobación tardía del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuvo marcada por tensiones políticas y retrasos estratégicos en el Congreso Nacional.
Pese a que el ente electoral remitió desde junio de 2024 a la Secretaría de Finanzas (Sefín), una propuesta por 1,492 millones de lempiras, el Legislativo aplazó su discusión con el argumento de que había aspectos que debían revisarse.
El punto crítico del proyecto estaba en el artículo tres, según denunciaron diputados de la oposición (Liberal y Nacional), que señalaron que interfería con las facultades constitucionales del CNE al pretender ampliar el uso de la identificación dactilar, facial y el TREP a los tres niveles electivos, cuando la ley solo lo contempla a nivel presidencial.
La discusión se extendió hasta el 7 de septiembre, un día antes de que la entonces consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, convocara oficialmente las elecciones primarias de 2025. Solo en ese momento, bajo presión y con los plazos al límite, el Congreso aprobó el presupuesto por unanimidad, eliminando el artículo tres que estaba en disputa.
El presupuesto asignado para el proceso electoral actual supera al de años anteriores. En 2021, las elecciones primarias contaron con L1,000 millones de lempiras, a los que se sumó una ampliación de L760 millones para las generales, alcanzando un total de L1,760 millones. Esta cifra también supera la de 2017, cuando el presupuesto combinado para primarias y generales fue de L1,300 millones.
En una entrevista, el 8 de agosto de 2024, cuando aún presidía el CNE, Ana Paola Hall, justificó el aumento argumentando que los costos electorales han crecido debido a la implementación de nuevas tecnologías y el aumento del caudal electoral, sin embargo, un aspecto que siempre ha generado duda es que no se garantiza la eficiencia en la ejecución del presupuesto ni los mecanismos de control para evitar irregularidades.
Papeletas electorales, ¿en manos de quién quedó?
Dos adquisidores del CNE que han generado controversia son la impresión de papeletas electorales y la contratación de conectividad a internet en centros educativos. En el caso de las papeletas, la polémica surgió tras la participación de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), una entidad estatal encargada de imprimir documentos oficiales, como el diario oficial La Gaceta.
Su inclusión en la licitación levantó sospechas entre sectores de oposición, que acusaron al gobierno de Libre de instrumentalizar el aparato estatal para influir en el proceso electoral. Ante estos cuestionamientos, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, aseguró que la adjudicación se haría con base en la idoneidad de las empresas y sin ningún tipo de favoritismo.
El 25 de enero de 2025, el CNE lanzó el proceso de licitación y, el 7 de febrero, anunció las 10 empresas ganadoras, entre las cuales no figuraba la ENAG, sin embargo, sí fueron seleccionadas compañías que han brindado servicios a distintas instituciones públicas en el pasado, incluyendo a la propia ENAG en algunas ocasiones como Impresiones Postales S. de R.L., Lithopress Industrial S.A. de C.V. y Publicaciones Gráficas S. de R.L.
Mientras algunas empresas tienen antecedentes como proveedoras del Estado, otras no cuentan con registros oficiales que respalden su participación en contrataciones públicas, salvo la información publicada en sus sitios web.
Además: Gobierno ha beneficiado empresas vinculadas a corrupción en reconstrucción de escuelas
Cuestionada empresa acapara tecnología electoral en Honduras
Las compras más elevadas en las elecciones primarias 2025, corresponden a la adquisición del Sistema de Identificación Biométrica y el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con costos de L220,186,762.00 y L311,928,910.14, respectivamente, que juntos sumaron 532,115,672.14 lempiras.
Ambos contratos fueron adjudicados a la polémica empresa de dueños venezolanos Smartmatic International Holding B.V., señalada en diversos países por presuntas irregularidades en procesos electorales.
Según los contratos a los que tuvo acceso Criterio.hn, los pagos por procesos no siguen un mismo criterio. En algunos casos, el 100 % del monto será desembolsado por adelantado, mientras que, en otros procesos, el pago se realizará hasta después de la entrega del servicio. Y otros una vez concluidas las elecciones primarias y publicados los resultados.
Smartmatic International Holding B.V., una empresa de inversionistas venezolanos, registrada en Países Bajos, ha consolidado su presencia en procesos electorales a nivel internacional, pese a estar envuelta en controversias. En Honduras, no es desconocida.
Durante las elecciones de 2021, a la compañía se le adjudicó el contrato para proveer el Sistema de Identificación Biométrica de Electores en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), superando a cuatro empresas competidoras, sin embargo, su selección generó inquietud entre organismos de la sociedad civil, que advirtieron sobre su falta de idoneidad y los riesgos que implicaba su participación.
Antecedentes negativos de Smartmatic
El informe «Proceso electoral de 2021», publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en octubre de 2021, expone denuncias sobre Smartmatic en distintos países donde ha operado como: Venezuela, Italia y El Salvador.
Por ejemplo, Smartmatic, fue proveedor del sistema electoral en Venezuela desde 2004, tuvo su última participación en este país durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. La empresa se retiró tras detectarse inconsistencias en el software, que derivaron en la manipulación de datos por la vulnerabilidad del mismo. El propio director ejecutivo, Antonio Múgica, admitió el fraude, lo que llevó a la ruptura de relaciones comerciales entre Smartmatic y el gobierno venezolano.
Otro antecedente que cita el informe es el referéndum de autonomía de Lombardía en 2017, en Italia, dicha empresa fue contratada para gestionar la votación electrónica, sin embargo, dos días antes del proceso, el sistema sufrió una filtración. El experto en ciberseguridad Matteo Flora accedió a los servidores de la empresa y halló vulnerabilidades críticas, incluyendo claves de autenticación expuestas y repositorios abiertos. Pese a la alerta, las autoridades optaron por usar un software alternativo, pero aún suministrado por Smartmatic.
En el conteo de votos a nivel municipal y de diputados de El Salvador en 2018, Smartmatic fue contratada, pero fallas en su software alteraron los resultados, asignando votos de manera incorrecta y beneficiando a ciertos candidatos. El error afectó 13,000 folios procesados, lo que llevó al TSE a exigir una compensación de un millón de dólares. Tras cinco meses de negociaciones, la empresa pagó 226,000 dólares por las irregularidades.
Monopolio electoral
En Honduras la empresa no es desconocida. En las elecciones primarias y generales en 2021, la empresa suministró dos lotes de biometría que incluían 20,000 dispositivos portátiles, de los cuales, según una solicitud de información realizada por Criterio.hn, al CNE, el ente aún conserva 19,850 dispositivos. Por tal razón, Smartmatic fue la única empresa que participó en la licitación internacional, para proporcionar la biometría, ya que el contrato, valorado en 220,186,762 lempiras, obliga ahora a la empresa a entregar 7,000 nuevos dispositivos biométricos y actualizar los 20,000 que le brindó al CNE en 2021.
En estas elecciones, Smartmatic ha consolidado su dominio en el proceso electoral al adjudicársele no solo el servicio de biometría, sino también la licitación internacional para el TREP, un sistema clave en la transmisión de resultados.
El proceso de licitación, lanzado el 14 de octubre, finalizó con la notificación oficial el 8 de noviembre de 2024, dejando fuera a las otras dos empresas ofertantes: SUMITEC (Honduras) y Comunicaciones Globales (Colombia).
El analista político Lester Ramírez advierte que la entrega de dos sistemas a una misma empresa, bajo el argumento de que posee el hardware de elecciones anteriores, representa una monopolización de la tecnología electoral en Honduras.
Según Ramírez, esta decisión no solo otorga el control de los servicios a una empresa, sino también de los datos, lo que considera aún más preocupante. “Permitir que una empresa extranjera maneje el software con los datos de los electores es un asunto de seguridad nacional. En países como Costa Rica, esto no ocurre, ya que no dependen del alquiler de sistemas, sino que han desarrollado sus propias plataformas”, señaló en entrevista con Criterio.hn.
De su lado el analista en temas electorales, Julio Navarro, señala que SmartMatic ha consolidado su presencia en las elecciones de Honduras al actualizar su software y proporcionar nuevo hardware en cada proceso, lo que le da ventaja sobre otras empresas, porque, aunque su continuidad encarece la logística, cambiar de proveedor resultaría aún más costoso.
Según Navarro, este dominio podría cambiar si el CNE ajusta los términos de referencia en las licitaciones, permitiendo la entrada de nuevos competidores ante posibles cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Remarca que, pese a que gestionar directamente la logística abarataría costos, la politización del CNE impide que los partidos confíen en su administración, obligando a tercerizar el servicio.
De su interés: ¿Dónde está la coca?: Cifras de incautación de cocaína no cuadran en Honduras
Smartmatic gana conectividad satelital
Además de la biometría y del TREP, Smartmatic se ganó la adjudicación de uno de los temas más polémicos en el proceso electoral de 2025 que fue la contratación de la conectividad para los centros de votación. En 2024, se reportó que 1,728 de estos centros carecían de acceso a internet satelital.
Sin embargo, el 12 de febrero de 2025, el consejero del CNE, afín al partido Libre, Marlon Ochoa, anunció a través de su cuenta en X que, por unanimidad, el pleno del ente electoral había decidido proporcionar internet satelital a los centros sin acceso.
Ochoa, defendió la medida como una estrategia para evitar posibles fraudes, particularmente en relación con los llamados “votos rurales”, como se le conoció a la estrategia implementada en las elecciones generales de 2017 y que resultó en el fraude electoral más evidente en la historia de Honduras, que dio como ganador del proceso en el nivel presidencial a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras en dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), hoy privado de su libertad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Seguidamente, Cossette López, explicó en una entrevista, el 17 de febrero, que el servicio de conectividad fue adjudicado a la empresa SmartMatic. Según López, el CNE recibió dos ofertas, pero una de ellas retiró la mitad de los servicios esenciales, como las antenas, dejando solo a SmartMatic como opción. “Por ello, 2,000 antenas ya están en camino a Honduras, además de otras de contingencia para garantizar el voto de todos los hondureños”, aseguró López.
Además de las tensiones sobre la conectividad, el proceso electoral también fue marcado por denuncias de amenazas y violencia. El 14 de febrero de 2025, la consejera Ana Paola Hall, vinculada al Partido Liberal, denunció, en conferencia de prensa, que ella y su familia habían sido víctimas de amenazas, presuntamente relacionadas con su rol como consejera y su próxima presidencia del CNE, cargo que asumirá en septiembre, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, advierte que, aunque el actual proceso electoral ha incorporado avances derivados, entre otros, de la Ley Electoral aprobada en 2021, persisten deficiencias estructurales.
Entre las mejoras implementadas, menciona los escrutinios públicos, la incorporación de huellas dactilares, la transmisión simultánea, el pago de la deuda política en registro del voto obtenido por voto pagado, además de la eliminación de las credenciales en blanco, una medida que busca reducir la manipulación en las mesas electorales.
Pese a ello, Aguilar dijo en entrevista con Criterio.hn que la politización de los organismos electorales y la falta de coordinación entre el CNE y el Congreso Nacional siguen afectando el proceso electoral. Señala que el CNE envió el presupuesto a SEFIN en lugar de remitir al Legislativo, lo que retrasó su aprobación. A su vez, el Congreso no agilizó el trámite, obligando al CNE a recurrir a compras directas, un mecanismo históricamente usado, pero cuestionado por su opacidad.
