El 1 de septiembre no sólo es el Día de la Bandera, también se inicia formalmente el período de propaganda electoral que habilita a las y los partidos políticos y candidatos para difundir sus mensajes y promover su imagen rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
No hace poco las y los hondureños observaban con atención la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que por un momento puso en vilo la celebración de los comicios.
Pero eso quedo en el pasado, ya que, desde tempranas horas del lunes 1 de septiembre, las y los hondureños ven los espacios públicos, los canales de televisión, redes sociales y diarios impresos colmados con las fotografías de las y los candidatos que buscan obtener el voto para ocupar un cargo de elección popular para los próximos cuatro años.
Tegucigalpa, Honduras. -La campaña electoral en Honduras arranca marcada por un fuerte debate sobre el financiamiento político, los límites de gasto y la capacidad institucional para vigilar y sancionar a quienes violen la ley, y a quienes promuevan la violencia política.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia definieron las reglas del juego, pero persisten dudas sobre quién descifrará el costo real de la contienda y cómo se garantizará el cumplimiento de las normas.
Una de las grandes interrogantes es si la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), podrá fiscalizar o calcular con precisión cuánto gastó cada candidato, cada candidata y cada partido político en su campaña, considerando que históricamente ha existido una brecha entre lo declarado y lo ejecutado.
Sumando a ello, la reserva de información sobre los aportantes privados a campañas políticas, que tiene su origen en 2018, cuando la Unidad de Política Limpia, mediante el acuerdo 001-2023, respondió a una solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para proteger estos datos bajo reserva.
Además, se plantea la pregunta de quién vigilará y aplicará sanciones a aquellos políticos que violenten la Ley Electoral, ya sea utilizando imágenes de niños, instrumentalizando la religión o recurriendo a ataques personales contra sus adversarios.
La normativa establece sanciones, pero la experiencia reciente demuestra que pocas veces se aplican con rigor, lo que genera un clima de impunidad.
El CNE aparece como el órgano rector del proceso, con la obligación de vigilar que se respeten las reglas, mientras que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tendrá la tarea de sancionar las faltas graves.
Soto recordó que en San Pedro Sula ya se registraron episodios de violencia política en el contexto de la campaña, con el caso del alcalde Roberto Contreras como un ejemplo de prácticas poco éticas que, aunque cuestionadas, generan simpatía en ciertos sectores del electorado.
El analista subrayó que la gran pregunta es si la violencia política responderá a un sentido ético o si seguirá utilizándose de manera instrumental para buscar votos.
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UFTF CARECE DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA FISCALIZAR CAMPAÑAS ELECTORALES
En este escenario, la Unidad de Política Limpia cobra relevancia como el ente encargado de fiscalizar el financiamiento de las campañas y promover la transparencia en el uso de recursos. Sin embargo, analistas consultados por Criterio.hn señalan que esta institución carece de las capacidades técnicas y presupuestarias necesarias para cumplir con esa tarea de manera efectiva.
En cuanto a la fiscalización, Soto advirtió que la Unidad de Política Limpia ha quedado rebasada en procesos anteriores y que todo apunta a que volverá a ocurrir en estas elecciones generales.
En las primarias, dijo, la Unidad se vio obligada a ampliar los plazos para que candidatos, que participaron en las elecciones primarias del 9 de marzo, y los partidos entregaran sus informes financieros, lo cual refleja la fragilidad del sistema de control que se ve rebasado por intereses políticos partidarios.
Además, aunque las reglas existen, casi nunca derivan en sanciones, ya sean de carácter administrativo o pecuniarios, ningún candidato pierde su postulación por incumplir, lo que resta seriedad al marco legal.
A esto se suma que la UFTF aún está a la espera de un presupuesto robusto para poder ejercer su labor de supervisión, lo que limita aún más su protagonismo en el proceso de fiscalización de los gastos de campaña de las y los candidatos a cargos de elección popular.
Para Soto, los fondos de campaña se dividen entre los legales, que aparecen en la contabilidad, y los irregulares, difíciles de rastrear, que terminan influyendo de manera decisiva en las elecciones.
En este terreno, los tres partidos más grandes tienen ventaja por su acceso a la deuda política y por el músculo financiero de sus candidaturas en los diferentes niveles electivos.
“Estos últimos tres meses son los más costosos, y el día de las elecciones es cuando se gasta más dinero. Allí es donde se notan los desequilibrios”, afirmó el entrevistado. En contraste, los partidos pequeños prácticamente carecen de recursos, lo que limita su competitividad frente a las grandes estructuras.
Sobre las sanciones previstas en la ley, Soto admitió que existen, pero en la práctica los problemas de financiamiento suelen resolverse políticamente y no mediante la aplicación de castigos.
Según Soto, la clase política tiene preocupaciones más urgentes relacionadas con la logística electoral —como el TREP, la biometría y la custodia militar de materiales— que con el control financiero.
Lester Ramírez, director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), coincidió en que la fiscalización no parece ser una prioridad en este proceso electoral.
“El CNE lo que sí podrá hacer es garantizar la transmisión de resultados. Eso será su prioridad para evitar conflictividad y violencia política”, dijo a Criterio.hn el entrevistado.
Ramírez añadió que la apertura hacia la observación electoral será clave para generar confianza, aunque reconoció que el órgano electoral no tiene la capacidad de prevenir directamente la violencia política entre las y los candidatos.
Para el analista, más que las instituciones, es la ciudadanía la que puede enviar mensajes correctivos a los partidos políticos. “El partido o candidato que insista en una campaña de polarización le irá mal en las urnas. La población no quiere violencia”, sostuvo Ramírez.
En relación con la Unidad de Política Limpia, el analista fue más crítico al señalar que es una “institución débil, con condiciones paupérrimas de trabajo y que no incide en la transparencia ni en el financiamiento”.
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TECHOS DE CAMPAÑA EN EL NIVEL PRESIDENCIAL EXCEDEN LOS 508 MILLONES DE LEMPIRAS
El 11 de junio, el CNE y la Unidad de Política Limpia establecieron los techos de gastos de campaña para todos los niveles electivos.
De acuerdo con la certificación 1310-2025 del acuerdo N° 42-2025, el valor del voto para las elecciones del 30 de noviembre fue fijado en 43.25 lempiras. Con base en ese cálculo, el techo de gasto para la candidatura presidencial asciende a 508,588,773 lempiras.
Esta cifra representa un aumento de más de 100 millones con respecto a las elecciones de 2021, cuando el límite fue de 393,632,522.76 lempiras.
En el nivel legislativo, el gasto máximo varía según el departamento: en Francisco Morazán el techo por candidato a diputado es de 4,137,137 lempiras, y en Cortés asciende a 4,790,000 lempiras.
En el nivel municipal, la cifra cambia de acuerdo con el tamaño del municipio y la carga electoral. Por ejemplo, en San Pedro Sula (Cortés) el tope es de L44,830,009.00 por corporación y en el Distrito Central (Francisco Morazán) es de 71,492,163.00 lempiras.
Mientras que, en municipios más pequeños como Mercedes de Oriente, en el departamento de La Paz, se registra el techo más bajo de todo el país con apenas 98,437.00 lempiras.
Estos límites pretenden equilibrar la competencia y reducir los excesivos gastos que han caracterizado a campañas anteriores, pero expertos advierten que de poco servirán si no hay mecanismos de control efectivos.
En conclusión, la campaña electoral de 2025 en Honduras enfrenta un doble desafío, por un lado, garantizar la transparencia en el financiamiento y, por otro, contener la polarización y la violencia política que amenazan con desviar la atención del verdadero debate: los planes de gobierno que deberían presentar los candidatos al país.
