Por: Carlos Zelaya Herrera
Ayer escuché la posición de los diputados Esdras Amado López y Walter Banegas, de Libertad y Refundación y del Partido Anticorrupción, LIBRE y PAC, respectivamente, y sus posiciones constituyen el reflejo de un acto consumado, como es el hecho de que el lunes 25 de enero sí se escogerán a los 15 magistrados que conformarán el pleno de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Walter Banegas, reclamó claramente la inclusión de su partido en la Comisión Multipartidaria que el presidente del Congreso Nacional designará para que sea esta la que seleccione los nombres de los 15 propuestos entre los 45 seleccionados por la Junta Nominadora como candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Banegas, diputado por el departamento de Cortés, sostuvo que su partido no apoyará en esa votación a candidatos que hayan sido mencionados por la Embajada de Estados Unidos como personas ligadas al narcotráfico y presuntos actos de corrupción, que querían una Corte Suprema de Justicia ajena a los intereses del Partido Nacional.
El planteamiento de Esdras Amado López es que el presidente Manuel Zelaya ya expuso la posición de la bancada de LIBRE pero que él como «líder» de Nueva Ruta asumirá su responsabilidad histórica en ese sufragio para escoger una Corte Suprema de Justicia que no responda a los intereses del partido nacional. Ese es un claro indicativo de que va a desobedecer la línea de partido.
En la historia universal es muy reconocida la familia de 13 apóstoles que tuvo Jesús, entre ellos estaba uno que se llamaba Judas Iscariote, que lo vendió por 30 monedas, no queremos que eso se repita hoy en LIBRE.
El contexto nos indica que el partido que mantiene una posición adecuada a la realidad y la coyuntura histórica de lucha que vivimos como pueblo, corresponde a LIBRE, que en la voz del Coordinador de Bancada, Manuel Zelaya Rosales, ha reiterado que no participarán en dicho sufragio y que además, por medio de un pronunciamiento suscrito por la mayor parte de los diputados han formalizado dicha actitud.
También hemos escuchado la posición del diputado Edwin Pavón, de Unificación Democrático, (UD), y aunque no nos extraña su entreguismo a las líneas del nacionalismo, no deja de sorprender su arrogancia al anunciar que será la comisión legislativa que seleccione el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la que identificará a los 15 aspirantes a ocupar igual número de magistrados que conformarán el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en una abierta contradicción a lo estipulado en el Artículo 311 de la Constitución de la República.
Manuel Iván Fiallos, diputado liberal, afirmó en horas recientes que su bancada tiene un pacto de gobernabilidad de cuatro años de extensión con el partido nacional, por lo que darán su voto en la elección de los titulares de la primera magistratura del país.
El Artículo en referencia contempla que los magistrados de la Corte serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes (86) de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir y presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados se procederá a su elección.
Los medios de prensa nacional han divulgado que dicha comisión no estará integrada por diputados de todas las bancadas partidarias que integran la Cámara Legislativa, sino que solo por las fuerzas políticas que se han plegado al consenso para elegir a los nuevos magistrados del Poder Judicial Supremo.
Esta comisión será responsable de analizar las hojas de vida de los 45 candidatos seleccionados por la Junta Nominadora y luego proponer al pleno legislativo la lista de los 15 virtuales magistrados a la Corte, en consonancia con lo que establece el artículo 311 de la Constitución de la República.
En ese sentido, el ex Fiscal General de la República, Edmundo Orellana Mercado, aseveró que los escogidos por la Junta Nominadora no son de su agrado pero que el escenario político ha variado debido a ingredientes tales como la llegada de la MACCIH, que daría lugar a la aplicación de la justicia y el combate de la impunidad en el país.
Con respecto a la selección de liberales y nacionalistas como candidatos al poder judicial, el ex Fiscal aseveró que no hubo confianza de otros buenos profesionales del Derecho en el proceso de selección, por lo que excelentes profesionales se abstuvieron de hacerlo. Pero en esta nominación hay excelentes juristas, participantes en el golpe de estado, violadores de derechos humanos y activistas políticos del partido nacional, entre otros.
Entre los candidatos hay nacionalistas y liberales que son juristas independientes como los reclama el pueblo de Honduras; pero dudo que la bancada en el poder les dé oportunidad, ellos buscan permanecer en el poder. La nómina debe ser integrada por los 45 seleccionados, como lo dice la Constitución de la República, que ha sido violada por los políticos cuantas veces han querido; “bueno si dieron un golpe de Estado y destituyeron cuatro magistrados de la Sala Constitucional”.
“Personas como yo no participamos porque no somos de confianza de los que están en el poder, ellos quieren a gente que puedan manipular y ser militante de un partido no es aceptar lo que quieran sus líderes, tenemos valores que nos construyen como nación”, señaló.
Agregó que el Partido Liberal da pena pidiendo cuotas, debe pedir independencia y no los caprichos de los políticos, vamos a caer en la trampa de los nacionalistas, que quieren a los maleables, se va a votar por que se dañe al sistema de justicia del país. Sobre las expresiones del diputado Iván Fiallos, Orellana afirmó que la bancada de su partido ha hecho mucho daño al pueblo hondureño y que él será el primero en pedir al pueblo no votar por diputados que se han entregado a los designios del partido en el poder.
En cuanto a los candidatos que aspiran a la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que los propuestos no es más que una repartición de las magistraturas entre el bipartidismo, cerrando puertas a la democratización de la vida política en el país. Destacó la importancia de la Sala Constitucional en la que no debe replicarse la nomenclatura que está por salir de sus cargos, “por eso necesitamos 5 o 3 miembros esa sala que esté a la altura de lo que el pueblo aspira”, concluyó.
