Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. Honduras.- La elección del nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) está siendo invisibilizada por la sociedad hondureña a raíz de los temas de la agenda nacional que imperan, lo que podría provocar que en los puestos se coloquen personas a través de componendas políticas, advierten analistas.
Para Tomás Andino Mencía, miembro de la Sociedad Civil, el ojo de los hondureños se mantiene enfocado en la posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) al país y la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
“Estos temas son claves en la agenda nacional del país, pero la elección del fiscal no debe ser opacada por ningún punto y debe ser escrutada por el ojo del pueblo porque si no podría traer consecuencias que podrían lamentar en el futuro”, señaló.
La advertencia de Andino recae sobre la gestión del actual fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, quien, por ejemplo, nunca abrió un proceso legal contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), que ahora es juzgado por la Fiscalía estadounidense, país donde espera un juicio por delitos relacionados con el narcotráfico.
A Chinchilla, desde la oposición no sólo le han reprochado impulsar la reelección ilegal de Hernández, sino también por su incapacidad y displicencia en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico en Honduras que, gracias a sus acciones, la población está amedrentada.
Andino, quien representó a la sociedad civil en la Junta Nominadora para la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentó que desde el pasado 9 de mayo la CSJ convocó a la Junta Proponente para la elección de los funcionarios y hasta el momento no han surgido novedades que capten la atención del pueblo.
“Se acaba de convocar, pero aquí es donde la sociedad civil debe levantar la voz de alerta para llamar la atención. Este proceso de la Junta Proponente fue precisamente una conquista de demanda de la Sociedad Civil y desde ese momento se debe acompañar en el camino”, puntualizó.
Otro motivo de preocupación para Andino es que hay quejas en la Sociedad Civil porque no se les está dando el espacio para elegir el representante que tendrán en la Junta Proponente.
“Pienso que la CSJ tiene una gran responsabilidad por ser la entidad rectora de este proceso y debe garantizar la transparencia de la elección de los que son representantes de distintos sectores para conformar la Junta Proponente. El éxito de la transparencia se desprende desde ahí”, aseveró.
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CONVOCATORIA DE LA CSJ
El pasado 8 de mayo de 2023, la titular de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, convocó a las organizaciones que conforman la Junta Proponente para que designen a sus representantes en esa instancia, y comenzar el proceso de selección de candidatos y candidatas a fiscal general y adjunto que comenzarán sus funciones el próximo primero de septiembre de 2023.
La titular del Poder Judicial informó que luego de realizar un análisis jurídico, concluyen que, ante la carencia de un procedimiento específico para elegir el representante de la Sociedad Civil, las organizaciones para acreditar su participante deben obedecer lo que manda el artículo 6 de la Ley la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora de la elección de magistrados de la CSJ.
La Junta Proponente debe ser integrada por la presidenta de la CSJ y magistrado que elija el pleno; por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un representante de las universidades privadas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y uno por la Sociedad Civil.
Una vez terminado la primera fase, la Junta Proponente recibirá las postulaciones para el cargo de fiscal general y adjunto, quienes deberán de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 19 de la Ley de Ministerio Público.
Después de recibir las postulaciones, la Junta Proponente abrirá un expediente para cada postulante y los escuchará en audiencias públicas en las que evaluará bajo estos criterios: conocimientos jurídicos de la normativa y organización del MP.
Tras la evaluación se les otorgará una puntuación y nominará ante el Congreso Nacional a las cinco mejores evaluaciones. Luego el parlamento en una elección de segundo grado seleccionará con 86 votos (mayoría calificada) a favor a las personas que se desempeñarán como fiscal general y adjunto, en el periodo 2023-2027.
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FALTA DE DIFUSIÓN REFLEJA UN PROCESO VICIADO
Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, vaticinó que la falta de difusión por parte del Estado de la convocatoria para conformar la Junta Proponente que seleccionará a los futuros fiscales del MP, demuestra que desde ya el proceso está viciado.
“Entre menos veeduría haya, entre menos publicidad y transparencia haya, más posibilidad de manipular los procesos hay; puede tratarse de más de lo mismo y un proceso viciado, pero un tema tan importante, como es la elección del fiscal, no puede estar bajo la opacidad”, argumentó.
“No ha habido la suficiente publicidad de la convocatoria de la Junta Proponente, ni de los pasos a seguir, y de las reglas que se van a implementar.
¿Por qué todavía no hay debates? Por qué a los poderes oscuros, fácticos e ilegítimos les gusta trabajar en la oscuridad, bajo la opacidad”, agregó.
APROVECHAR “LEY DE CANJE PUBLICITARIO” QUE CREÓ JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Pero si se trata de que el ojo de la población está enfocado en otros temas, Blen sugirió que el Estado utilice la criticada Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomentos del Sector de las Comunicaciones o conocida coloquialmente como “Ley de Canje Publicitario”, impulsada por Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional y comience una campaña sobre el tema.
“El estado tiene una que creó Juan Orlando ley para difundir mensajes y que el Congreso no ha derogado. A través de la misma se puede estar publicitando en los medios de comunicación, pero no hay voluntad de que este proceso sea visibilizado”, agregó Blen.
Gracias a la aprobación de esta ley, contenida en el decreto legislativo 86-2023, con fecha 4 de junio de 2013, a los medios de comunicación se les exime de pagar deudas en concepto de impuestos, tasas, permisos, licencias, servicios públicos, multas o recargos con el Estado, a cambio de acoplarse al Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomentos del Sector de las Comunicaciones.
Entonces, tras ser beneficiados, los medios de comunicación corporativos, en lugar de señalar o cuestionar las acciones de corrupción en el gobierno de Hernández, las ensalzaban y maquillaban ante el ojo crítico de la población, recordó Blen.
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De igual manera, Blen aseveró estar en contra del pacto firmado, que se rumora, establece una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y que esa reforma podría ser para crear un segundo fiscal adjunto y que la dirección de la Fiscalía quede en elección.
“Esa mano peluda, con esos pactos lo que hacen es desmotivar a los mejores profesionales del derecho que piensan que iraán a un proceso en el cual ya todo está amarrado, en el cual no hay suficiente observación ciudadana”, opinó.
La Ley Orgánica del MP establece que los cargos de fiscal general y adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su designación es a través de una elección de segundo grado que efectúa en Congreso, necesitando la mayoría calificada (86 votos).
Además, precisó que el cargo de director de fiscales deriva del nombramiento exclusivo del fiscal general.
Sin embargo, desde la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) se planteó la idea de reformar la Ley del MP y, en su lugar, crear la figura de un segundo fiscal general adjunto, lo que para muchos analistas representa la repartición de cuotas de poder entre el Partido Nacional, Partido Liberal y el mismo Libre.
