Tegucigalpa, Honduras. -Los constantes conflictos en el Congreso Nacional, entre el oficialismo y la oposición, derivados por la falta de consensos en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, pueden generar una mala imagen a nivel internacional, misma que a juicio de analistas consultados por Criterio.hn podría afectar la posible instalación de un mecanismo anticorrupción en el país.
Desde el 31 de octubre en el Poder Legislativo los niveles de confrontación han ido en aumento, lo anterior como resultado de algunas acciones ejercidas por la Junta Directiva que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, al designar la Comisión Permanente, con la que se nombró a Johel Zelaya como fiscal general interino, y a Mario Morazán, como fiscal general adjunto interino.
Dicha acción ha provocado el rechazo de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la embajadora de EEUU. en Honduras, Laura Dogu.
Para el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, la crisis política y polarización que enfrenta la sociedad hondureña, no permite ver el trabajo o los avances que se dan en la lucha contra la corrupción con la derogación de pactos de impunidad heredados del gobierno anterior.
Madrid dijo a Criterio.hn que los políticos hondureños deben recordar que Naciones Unidas designó una misión de expertos para analizar las condiciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Añadió que “esta misión exploratoria que termina su proceso hasta febrero del próximo año y seguramente cuando emitan ese informe no va a ser satisfactorio y va a determinar que en Honduras no existe un ambiente favorable para instalar la CICIH debido a que la conflictividad política es muy alta”.
El jurista señaló que en el informe de la misión de expertos detallará el conflicto generado por los sectores políticos y la falta de acuerdos, diálogos y consensos, que existen alrededor de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. “La situación que existe en el país no es la idónea para que se instale un organismo internacional contra la corrupción”, puntualizó.
Entre tanto, el abogado y exintegrante de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, es del criterio que primero se deben ver cuáles serán las valoraciones que hará la misión de exploración enviada por Naciones Unidas (ONU) para saber si realmente se podrá instalar en el país un mecanismo anticorrupción.
Navas comentó que la CICIH tendrá las garantías de trabajo, en relación a tener un fiscal debidamente electo o con un fiscal interino, “creo que este es un farol rojo, porque al final creo que Naciones Unidas necesita toda la garantía y la certeza para poder instalar la CICIH”.
Seguidamente, argumento que habrá que ver cuáles son las dimensiones que van a poder medir la misión de exploración y ver si en el diagnóstico pueden definir si pueden trabajar con fiscales interinos o esperarían la elección de las autoridades de la fiscalía.
No obstante, el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó que la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la instalación de la CICIH son dos cosas distintas y que “no interfieren una con la otra”.
“Hay que recordar que en caso que se instale la CICIH, las personas que sean designadas en dicho mecanismo trabajarán directamente con una unidad especial en el caso de Honduras la encargada sería la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco)”, declaró en entrevista con este medio digital.
En ese sentido, explicó que los datos en su poder y por las reuniones en las que él ha estado con el grupo de expertos de Naciones Unidas “es que son dos procesos separados”, por un lado, la elección del fiscal general y fiscal general adjunto y la instalación de la CICIH.
A juicio de Mejía, lo que sí podría afectar la llegada del mecanismo anticorrupción es la parálisis legislativa y que no se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz. “Recordemos que para poder ver si se están haciendo las cosas bien para que se instale la CICIH, lo que hay que hacer es leerse la hoja de ruta, que es el memorándum de entendimiento”, precisó.
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PODER LEGISLATIVO SUMERGIDO EN CRISIS, ANTE FALTA DE CONSENSOS
Desde el 31 de agosto, fecha en la que se intentó elegir a las nuevas autoridades de la fiscalía, el Poder Legislativo enfrenta una nueva crisis, lo anterior a razón de que la Junta Directiva presidida por, Luis Redondo, se reunió para nombrar una comisión permanente y de manera paralela los diputados de oposición se autoconvocaron en una sesión extraordinaria para ampliar el período de sesiones ordinarias.
El pasado lunes 30 de octubre, Redondo convocó a sesión extraordinaria para el jueves 2 de noviembre a las 2:00 de la tarde, dos días después de finalizar el período de sesiones ordinarias de la segunda legislatura.
Dicha situación provocó la molestia de las y los diputados opositores, quienes afirmaron que lo ideal era convocar a sesión ordinaria para extender el período de sesiones ordinarias. Por lo anterior, congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Nacional y Partido Liberal, le dieron un lapso de tiempo a la Junta Directiva para convocar la sesión, sin embargo, la respuesta del presidente del Congreso Nacional fue convocar a sesión extraordinaria.
Posteriormente el titular del Poder Legislativo convocó a reunión de Junta Directiva, en la que se nombró a la Comisión Permanente, amparándose en el artículo 207 de la Constitución de la República para entrar al receso y convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de noviembre.
Pero la noche del 31 de octubre, fecha en la que culminó el período de sesiones, Sin embargo, la respuesta del presidente del Congreso Nacional fue convocar a reunión de la Junta Directiva en la que se nombró la Comisión Permanente.
En la primera reunión de la Comisión Permanente, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, propuso una moción normativa para que los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán para que ocupen los cargos de fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente, de manera interina.
