Por: Rodil Rivera Rodil
Desde tiempos inmemoriales, los hombres han procurado conocer la suerte que les depara el porvenir. Para satisfacer ese anhelo, no exento de morbosidad, aparecieron los llamados adivinos, agoreros, sorteros y hechiceros, quienes, por unas pocas monedas, y, generalmente, mediante la diestra manipulación de barajas especiales, proporcionaban la información requerida, incluyendo, no faltaba más, el ajustarla a la mejor conveniencia del interesado.
Alejandro Dumas relata en su novela “Memorias de un médico” que cuando en mayo de 1770 la hermosa princesa María Antonieta de Austria, de apenas quince o dieciséis años, arribó a Francia para su boda con el futuro Luis XVI, un misterioso personaje, de nombre José Bálsamo, más conocido como el conde de Cagliostro, y con fama de mago, a su obstinada insistencia, le hizo ver en una garrafa de agua el fin que le esperaba un poco más de dos décadas después: su decapitación en la Plaza de la Revolución, de Paris. “María Antonieta -prosigue Dumas- se esforzó extraordinariamente por levantarse; pero vaciló un momento, volvió a caer, exhaló un grito terrible y perdió el conocimiento”.
Cuando recibí la noticia de que el jurado de Nueva York había declarado culpable al ex presidente Juan Orlando Hernández, recordé esta historia de la prodigiosa imaginación de Dumas y me pregunté: ¿habrá recibido JOH en su pasada vida, antes de trasladarse en su temprana juventud a la capital de la República, alguna señal, de ignota procedencia, no solo de las envidiables alturas a las que llegaría, sino también del ominoso abismo al que, en tan corto tiempo, terminaría precipitándose?
No por esperado el veredicto ha sido menos impactante para los que seguimos el juicio de Juan Orlando Hernández con ese interés que solo despiertan los acontecimientos que nos tocan en lo más hondo, a la vez, como seres humanos y como patriotas. Y mucho más cuando detrás de ellos subyace una polarización tan intensa como en la que hoy nos hallamos inmersos.
Es por ello que tenían razón los que sostenían que Juan Orlando Hernández estaba siendo juzgado, simultáneamente, también en Honduras, con la diferencia que aquí lo es por un jurado integrado por millones de nosotros, guiados, no desde la imparcialidad, sino desde las innumerables y encontradas perspectivas que nos brinda nuestra mayor o menor cercanía, personal, social o política, con el ex mandatario. Para los juristas de profesión, y más para los de afición, se abrió una inagotable cantera para el análisis y, sobre todo, para la especulación, sin contar las interrogantes que quedaron sin respuesta. ¿Por qué subió JOH al estrado? ¿Por qué no lo hizo su hermano Tony? ¿Y por qué tampoco su primo Mauricio Hernández y el “tigre” Bonilla, quienes, supuestamente, habían admitido su culpabilidad para beneficiarse de atestiguar contra él?
Y he aquí que yo mismo me propongo, en las líneas que siguen, aventurar unas cuantas hipótesis acerca de lo acaecido en Nueva York, no tanto desde mi conocimiento del derecho procesal estadounidense, que es mínimo, sino de la lógica y principios jurídicos de carácter universal. Antes que nada, es importante tener presente que, al margen del grave deterioro de nuestra administración de justicia, el “tratado” por el que fue extraditado Juan Orlando no es, en realidad, ningún convenio, sino el producto de la sola voluntad de los Estados Unidos. Como diría Juan José Arévalo, el autor de la leída obra “El tiburón y las sardinas”, sobre sus desiguales relaciones con América Latina, muy rara vez los tiburones han celebrado acuerdos equitativos con las sardinas.
Y es que el asunto no es tanto de derecho internacional como de la geopolítica que rige nuestras dos naciones, o dicho de otro modo, de la real politik. Entonces, cómo nadie podía creer, por mucha buena fe que tuviera, salvo cuando se estira hasta la ingenuidad, que el gobierno norteamericano se iba a llevar a JOH corriendo el riesgo de que una corte suya lo absolviera de toda culpa para pasar después por la vergüenza de tener que devolverlo, y de repente, hasta con disculpas, a un país tan insignificante para ellos como es Honduras, o en términos más crudos, a un “país de mierda”, como, con su inefable grosería, nos calificó el ex presidente Donald Trump.
De otro lado, no puede pasarse por alto que los jurados en Norteamérica son, más propiamente denominados, “jurados de conciencia”, porque con ellos, como rezan sus postulados doctrinarios, recogidos, dicho sea de paso, por algunas legislaciones de la región, en particular, de Argentina:
“Cada individuo debe ser juzgado por sus iguales, pues solo ellos podrán comprender sus motivos, hechos y reacciones que justifiquen, atenúen la acción motivo del delito… El pueblo o la sociedad no deben ser privados del derecho a juzgar a aquellas personas que han quebrantado sus normas sociales o de seguridad”.
Está claro que los miembros del jurado nunca pudieron ver en JOH a un igual a ellos, sino, más que nada, a un extranjero que atentó gravemente contra la seguridad de Norteamérica. Y, precisamente, con el objetivo de instalar desde el principio en su imaginario la idea de su culpabilidad, fue que la fiscalía llevó como su primer testigo al contador que le escuchó decir que iban a “meterles la droga en las narices a los gringos”. Por lo que es muy probable que el destino del ex presidente comenzara a tejerse tan pronto el avión que lo transportaba puso sus ruedas en suelo norteamericano.
Tómese nota de que los cargos contra JOH no fueron por el delito de narcotráfico sino por solo “conspirar” para cometerlo. Y entre ambas figuras penales hay una notable diferencia. Conspirar equivale, únicamente, a ponerse de acuerdo con uno o más sujetos para incurrir en una infracción penal, independientemente de que se lleve a cabo o no. Solo restaba acreditar, entonces, que JOH tuvo algo que ver con los narcotraficantes confesos que sirvieron de testigos, para lo que, por la mera lógica de las presunciones jurídicas, era suficiente mostrar que tuvo vínculos con ellos, sin importar que no quedara dilucidado exactamente de qué tipo. Máxime si Juan Orlando negaba siquiera haberlos, como así ocurrió, lo que estimo que fue un grave error de su defensa.
Por si quedare alguna duda sobre lo anterior, en las instrucciones generales que los jurados recibieron del juez Castel figura la de atender “a los testimonios de los testigos”. Y en las específicas con respecto al cargo 1, de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, les previno lo siguiente:
“Jurados, consideren esto: los conspiradores no suelen difundir sus planes. Una conspiración casi invariablemente se caracteriza por el secreto. Solo necesitan encontrar que el acusado participó en la conspiración con una o más personas…
Bastaban, por tanto, para que el jurado se fuera inclinando por aceptar la responsabilidad de JOH, las simples manifestaciones orales de los narcotraficantes que participaron en el proceso. Y, bien pensado, ¿quiénes más podían conocer en detalle su implicación en tales delitos? Y estos tampoco son tan torpes como dejar actas u otros documentos reveladores de sus propósitos.
Reparemos, asimismo, en lo que el juez Castel advirtió a los jurados en cuanto al cargo 2, de usar y portar ametralladores y dispositivos destructivos:
“En el cargo 2, bastaría tener conocimiento previo de que un co-conspirador utilizaría una ametralladora o un dispositivo destructivo…”
O sea, que tampoco era necesario que JOH, en lo personal, poseyera tales armas, sino que era suficiente que estuviera enterado, por ejemplo, de que las utilizaba el narcotraficante Arnulfo Valle, con quien aparece abrazado en la fotografía que se le presentó. Nada más fácil. En Honduras muchas personas las adquieren en el mercado negro, y los narcotraficantes los primeros, quienes, además, gustan de exhibirlas hasta enchapadas en oro. ¿Cómo no lo iba a saber JOH?
Las fotografías suyas con los Valle y con los hijos de Giovanny Fuentes Ramírez, aparte de ser una prueba material, de las que pedían sus abogados y partidarios, en mi criterio, fueron determinantes para el veredicto. En nuestro medio, por el tamaño de nuestra población y por otras circunstancias históricas y sociales, estamos familiarizados con que algunos de nuestros compatriotas, incluyendo políticos, tengan o hayan tenido relaciones personales, no necesariamente ilegales, con personas tildadas de delincuentes. Aunque muy rara vez se arriesgan a tomarse instantáneas tan explícitas y comprometedoras, a menos, claro está, que medien lazos de otra clase. En cualquier caso, para el ciudadano común de Norteamérica, dotado de la probidad que se requiere para ser jurado, tales nexos son simplemente inconcebibles y, desde luego, evidencias muy fuertes de culpabilidad.
Y esto nos lleva a las razones que movieron a su defensa, o al mismo JOH, a subir al estrado, faltando a la regla de oro de los penalistas estadounidenses de nunca hacerlo, uno de cuyos mayores exponentes fue el célebre abogado, Samuel Leibowitz, a mediados del siglo pasado. Los acusados, aun siendo inocentes, resultan, por norma general, malos defensores de sí mismos. Sin descartar que la peculiar personalidad del ex mandatario, con algo de mesianismo, mucho de egocentrismo y un punto de perturbación, haya contribuido a la decisión, pero considero más probable que su defensa hubiere llegado al convencimiento de que las cosas no pintaban bien y que no les quedaba otra opción que recurrir a este recurso. Sin embargo, vista desde lejos, y cualquiera que fuere el motivo, pienso que la idea nunca fue buena.
Lo peor que puede hacer el encausado en un tribunal norteamericano es negar lo obvio, como lo era la identidad de los que se fotografiaron con él, al igual que valerse de pueriles evasivas, como los “no recuerdo”, “todos son unos mentirosos”, o el “podría ser” que, “entre risas”, empleó JOH para contestar al fiscal que le preguntó si era él quien aparecía en la fotografía con los hijos de Fuentes Ramírez, agregando, con no menos torpe ligereza, que “había conocido a tantos niños…” . Y más todavía cuando el ex gobernante insinuó que no eran auténticas.
No tuvieron, igualmente, ningún éxito los esfuerzos de sus abogados por desmarcarlo de Tony Hernández, ya que, entre otros hechos de tinte incriminatorio, no hay manera de que este se hubiera postulado y salido electo como diputado sin su irrestricto respaldo. Y tampoco surtieron ningún efecto, sino algo peor, las declaraciones de los militares que viajaron a Nueva York, tanto por su vaguedad como por su nula contundencia, por lo que, al menos con uno de ellos, el fiscal ni siquiera se tomó la molestia de contra interrogarlo.
Y para finalizar esta parte de mi enfoque, ¿por qué no testificaron su primo Mauricio Hernández y el “tigre” Bonilla? Se me ocurren tres posibilidades: una, porque no estuvieron dispuestos a proporcionar a la fiscalía toda la información que necesitaba, o no la tenían, dos, porque el precio que exigieron era demasiado alto, y tres, porque quedaron reservados para otros casos. Y Tony Hernández, por qué no subió al estrado, dado que lo normal era que lo hiciera para ayudar a su hermano, ya que no creo que hubiera estado dispuesto a lo contrario. Más me parece, por lo que apreciamos de él en su propio juicio, que fue porque su testimonio podía ser demasiado endeble, sino contraproducente, y porque, aun siendo abogado, luce poco fiable para salir indemne del interrogatorio de un fiscal. Así es que solo sirvió de blanco para que la defensa tratara de desviar la atención del jurado hacia él como el único de los dos hermanos que “andaba en malos pasos”. Y permítaseme no comentar la intervención en el proceso del hijo del ex presidente Lobo Sosa porque la misma trascendió lo estrictamente judicial y político para asumir el cariz de una lamentable tragedia familiar.
El telón ha descendido en el último acto de este drama. Los fariseos de la oposición, y de la derecha del país, se desgarran las vestiduras y buscan torcer el veredicto hacia la campaña electoral, casi como si JOH fuera de Libre y no nacionalista. ¡Se imaginan la furia de los medios si así fuera! Y los dirigentes del Partido Nacional, en lugar de aprovechar la coyuntura para rescatarlo de la ignominia en que lo ha terminado de hundir la justicia norteamericana, han escogido embarrarlo aún más, si cabe, haciendo incondicionalmente suya la causa de corrupción y narcotráfico de su antiguo jefe y ahora hasta lo comparan con Gandhi y con Mandela, aunque deberían aclarar porqué también con Magdalena. Y el colmo es su afirmación de que “la decisión, bíblica y divina”, ¡Qué tal!, de ir a juicio fue del propio JOH. ¡Vaya! Y nosotros, que creíamos que habían sido los Estados Unidos los que habían pedido su extradición.
Y volviendo al juicio que se ventila en Honduras, este debe concluir con la terminante resolución de tomar las medidas, legales y estructurales, para impedir que nadie más pueda replicar la historia de JOH. Comenzando por lo que no se abordó en Nueva York, la enorme corrupción que dejó incrustada en nuestra institucionalidad. Para lo que el tema de la CICIH es, simplemente, insoslayable, y puede tener un decisivo peso en las próximas elecciones.
El Ministerio Público, mientras tanto, debe investigar cuanto antes a las personas que surgieron del juicio con indicios de responsabilidad, así como la forma precisa en que este señor pudo hacerse tan fácilmente con el control absoluto del país, y, en primer lugar, establecer la plena identificación de todos los diputados, sin excepción, a quienes pagó cuantiosos sobornos para que lo fueran eligiendo en los distintos cargos del Congreso Nacional que, sin otro mérito, fue desempeñando, como jefe de banca y, enseguida, presidente del mismo, al igual que la verdadera procedencia de dichos recursos.
Finalmente, he oído a algunos abogados expresar que la Fiscalía no tiene la capacidad de afrontar una carga como esta. Puede ser. Pero estamos obligados a intentarlo. Solo algo así podrá convencer al mundo, y a nosotros mismos, de que hemos aprendido la lección. Ello, si es que, en verdad, como escucho por allí, queremos que este juicio marque el fin de una era y el principio de otra.
Tegucigalpa, 12 de marzo de 2024.
