Por: Alex Palencia
La democracia, como sistema de gobierno, tiene sus raíces en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, en donde se practicaba una forma de democracia directa. Sin embargo, el concepto moderno occidental ha evolucionado a lo largo de los siglos, especialmente tras la Revolución Francesa, que sentó las bases para la democracia representativa, aunque hay que decirlo, los primeros revolucionarios franceses lucharon por una democracia participativa inspirados en las propuestas de los grandes iluministas europeos como Montesquieu y Rousseau. La lucha por la inclusión de más sectores de la población en los procesos electorales ha sido una constante en la historia de la humanidad occidental, marcada por hitos como el sufragio universal, el derecho al voto de las mujeres y el reconocimiento de los derechos civiles.
Derechos Naturales del Hombre: Primera Declaración
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es un pilar fundamental en la historia de los derechos humanos. Esta declaración establece que: “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” (Asamblea Nacional, 1789).
Este principio establece la base para que todos los individuos tengan derecho a participar en la vida política y a ser parte del proceso electoral, sustentando la idea de que la legitimidad del poder radica en el consentimiento de los gobernados.
Derechos del Ciudadano: Segunda Declaración en la Revolución Francesa
La Revolución Francesa no solo proclamó los derechos naturales, sino que también introdujo la noción de los derechos del ciudadano. Esta segunda declaración enfatiza que “la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro” (Asamblea Nacional, 1789), lo que implica un marco en el que los ciudadanos tienen la capacidad y el derecho de influir en el gobierno y en la creación de sus leyes. Sin embargo, las restricciones impuestas por las clases dominantes en esta segunda declaración son evidentes al priorizar la condición social de la persona sobre su condición natural de ser un humano, es así que se disfrazan los reglamentos o restricciones como mecanismos de control de la participación política volviéndolas necesarias y beneficiosas en la realización del Estado Democrático, pero escondiendo en realidad, oscuros intereses de clase. Estos últimos solo pretenden tener un mayor control sobre las grandes masas, haciéndoles caer a través de la legalidad que confiere la ley, en trampas que la legitimidad del pueblo no puede contrarrestar porque carece de los mecanismos o recursos que da el poder económico o los medios de producción que están en manos de las élites y que funcionan como una máquina bien aceitada en perjuicio de las grandes mayorías y en beneficio de esas minorías llamadas oligarquías (pequeños grupos que hacen negocios con los recursos del Estado, al que controlan y drenan a su libre albedrío que les adjudica el sistema legalista), limitando o boicoteando siempre el acceso del pueblo al poder.
Derechos Políticos y Sociales: Tercera Declaración dada después de la Revolución Francesa.
Los derechos políticos y sociales han sido interpretados de distintas maneras en función de las ideologías dominantes y el poder hegemónico. El enfoque capitalista pone énfasis en la libertad individual y en el derecho de propiedad, mientras que el marxismo prioriza la igualdad social y la eliminación de las clases sociales privilegiadas. Según Karl Marx: “la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” (Marx, 1852), lo que subraya cómo las élites económicas y políticas pueden restringir de mil formas y maneras el acceso del pueblo al poder. (Hoy día ese concepto planteado por Marx ha sido desnaturalizado a través de la atomización de la sociedad en donde el sistema capitalista ha creado nuevos grupos sociales de diversa índole y género para distorsionar la realidad histórica de la LUCHA DE CLASES).
Las contradicciones radican en que, aunque se proclaman derechos universales, en la práctica, las clases dominantes implementan restricciones a través de reglamentos de los partidos políticos que lejos de facilitar a las personas comunes representar al pueblo o ser representado por uno de sus iguales, se crean prohibiciones que limitan el acceso del pueblo al poder, fue así que se impusieron los principios de la segunda declaración de los Derechos del Ciudadano sobre la primera declaración de los primeros revolucionarios franceses que proponían los Derechos Naturales del Hombre, y nace el mundo occidental y el liberalismo como la panacea del sistema democrático. Aún hoy en día persiste ésta propuesta de la ideología liberal que es vendida como la única opción de los gobiernos democráticos occidentales, satanizando otras opciones de gobierno, incluso más incluyentes, justas y equitativas en lo social y económico que lo propuesto por el liberalismo..
Estas restricciones pueden manifestarse en formas como el sistema electoral, que a menudo favorece a partidos, movimientos o corrientes dentro de esos partidos que tienen recursos económicos y redes de poder consolidadas, excluyendo a los sectores más vulnerables de la población. Esto ha creado un ciclo de desigualdad en el que las voces de las bases del pueblo son sistemáticamente marginadas y acalladas para perecer en la vorágine del poder de las oligarquías coludidas al gran poder hegemónico estadounidense que mete siempre sus narices en todos los procesos electorales de la región y, en general, en el continente y en el mundo.
El Estado hondureño debe actuar como un facilitador en la administración de los procesos electorales y no a la inversa. Esto implica garantizar la transparencia, la equidad y la accesibilidad o facilitación de los mecanismos para que las masas o los pueblos, las personas comunes y sencillas puedan acceder al poder sin tantas restricciones o prohibiciones, y no para crear mecanismos de boicot legales a través de la ley manipulada por las oligarquías. La implementación de medidas como la financiación pública de campañas y el acceso universal a la información electoral son fundamentales para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su clase social, puedan participar plenamente en el proceso democrático.
Para contrarrestar las restricciones creadas por las élites oligarcas es esencial fomentar la educación cívica y la participación activa de la ciudadanía en los procesos políticos. Promover la organización comunitaria y el activismo político permitiendo que las voces de las personas comunes sean escuchadas. Además, la creación de leyes que protejan a los candidatos de clase baja y garanticen la representación proporcional que ayude a equilibrar el panorama político en vez de restringir con prohibiciones legales que rayan en la ridiculez jurídica y en una falta de respeto a la inteligencia de la persona común.
El verdadero espíritu de los procesos electorales reside en la inclusión y la participación equitativa de todos los ciudadanos, no a la inversa, como sucede actualmente en las Honduras. A pesar de las luchas históricas por los derechos y el acceso al poder, las contradicciones generadas por las élites continúan desafiando la esencia de la democracia en nuestro país. El papel del Estado como administrador imparcial y el empoderamiento de la ciudadanía son claves para garantizar que la voz del pueblo sea verdaderamente representada en el sistema político social de la nación. Votemos pues, conscientemente.
*Alex Palencia, Viceministro de Cultura, Arte y Deportes
