Por: Urpi Torrado/Latinoamérica21
La democracia, concebida como un fin en sí mismo, ha enfrentado desafíos crecientes para mantener su legitimidad y apoyo público en todo el mundo. A medida que las expectativas de los ciudadanos aumentan y las demandas de resultados concretos en áreas como seguridad, economía, educación y salud se vuelven más urgentes, el respaldo a la democracia se desvanece cuando no se ven resultados tangibles. Aun así, en lugar de tomar acción, se suele subestimar o ridiculizar las opiniones considerándolas meras percepciones, lejos de la realidad. En la medida que un colectivo social o un sector de la población crea firmemente en algo, basados en experiencia propia o de terceros, la percepción será la realidad.
En Latinoamérica se observan cambios en las percepciones; las cifras son reveladoras. En Perú, mientras que el 45% de la población está de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema para gobernar (a pesar de sus defectos), el 31% está en desacuerdo. Estas estadísticas sitúan al Perú primero en la región y en segundo lugar en el ranking de países con menos confianza en la democracia, según una encuesta reciente de GIA realizada en 43 naciones. Por otro lado, incluso por encima del promedio mundial (59%), México sería el país latino con mayor respaldo a la democracia pese a los problemas que pudiera presentar (67%).
Esto ocurre en un contexto en el que muchas personas no comprenden completamente el significado de democracia y confunden conceptos políticos organizadores de la misma como derecha o izquierda. La mayoría de la población tiene una visión pragmática y busca resultados concretos que respondan a sus necesidades inmediatas. En un contexto en el que las preocupaciones diarias como el empleo, la seguridad y el acceso a servicios básicos ocupan un lugar central en la vida de las personas, la política y la democracia a menudo se perciben como abstracciones lejanas. Por lo tanto, es fundamental que los líderes políticos y las instituciones democráticas establezcan vínculos claros entre las políticas propuestas y las mejoras tangibles en la calidad de vida de la ciudadanía, a fin de recuperar la confianza y el respaldo hacia el sistema democrático.
Dos de las condiciones básicas para una democracia saludable están en riesgo. La primera, la percepción de que el gobierno está realmente dirigido por la voluntad del pueblo. Esta percepción es la que le daría legitimidad de resultado o de ejercicio al gobierno. Nuevamente, México (51%) lidera los resultados de la región, con relativa distancia sobre los argentinos (38%), quienes se mostrarían más críticos en relación a si se gobierna en base a la voluntad popular. La segunda condición está relacionada con las elecciones y su percepción de transparencia, adecuación y justicia; es —en definitiva— el requisito de legitimidad de origen. En Perú, solo el 24% considera que son justas y libres, mientras que un 43% no está de acuerdo con esa afirmación. Estos resultados distan de lo registrado en otros países de la región donde las opiniones están divididas. Argentina registra los mejores resultados: el 57% de los encuestados confían en los procesos electorales de su país.
La realidad es que la democracia necesita convencer. Ya no es suficiente con afirmar su superioridad como sistema de gobierno; debe demostrar su capacidad para abordar las necesidades materiales y aspiraciones de la sociedad. Los ciudadanos no solo buscan libertades políticas, sino también un Estado que funcione eficazmente para resolver problemas cotidianos y proporcionar un marco claro de reglas y regulaciones que garanticen la igualdad y la justicia para todos.
En este proceso, debe entenderse que las acciones y mensajes no son transversales a toda la población. Por ejemplo, las mujeres son más críticas con la democracia que los hombres. Y aunque el comportamiento por grupos etarios es bastante similar, sí encontramos diferencias importantes por niveles de ingreso. Las personas con menores ingresos (quintil más bajo) muestran menor apoyo a la democracia (51%), marcando una postura distinta al sector de la población con mayores ingresos (quintil más alto), donde el 70% está de acuerdo con la afirmación de que la democracia es el mejor sistema de gobierno pese a sus defectos. Cuando las encuestas hacen conocer la opinión de la ciudadanía sobre las elecciones y la voluntad popular, se observa la misma tendencia. Visiones positivas o negativas dependen del nivel educativo. Este hallazgo subraya la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo que tome en cuenta las diversas realidades y perspectivas de la población. La democracia no puede ser efectiva si deja atrás a ciertos grupos o comunidades marginadas.
En este sentido, es crucial repensar la relación entre la democracia y las necesidades materiales de la población, en su conjunto, pero también desde los distintos colectivos sociales. La democracia no puede limitarse a ser un ideal abstracto; debe traducirse en resultados tangibles que mejoren la vida de las personas. Esto implica un compromiso continuo con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las instituciones democráticas deben estar al servicio del pueblo y ser percibidas como tales.
Sin embargo, lograr este objetivo no es tarea fácil. Y a pesar de las diferencias entre los países de la región, hay un denominador común. La complejidad de los desafíos actuales, como la corrupción, la desigualdad económica y la inseguridad, requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos políticos como los sociales y económicos, pero que lleguen de manera concreta a la base de la pirámide. El fondo va más allá del discurso político y de posiciones ideológicas.
En un clima en el que las frustraciones hacia el sistema democrático se hacen cada vez más palpables, opciones radicales emergen como alternativas a un sistema que algunos perciben como fracasado. También se reduce la tolerancia y aumenta el pragmatismo. Es por ello que resulta crucial recordar que la solución no radica en el abandono de la democracia, sino en su fortalecimiento y renovación constante para abordar con determinación las necesidades y aspiraciones cambiantes de la sociedad. Abrir espacios de participación, conversación y escucha puede ser un primer paso para superar los desafíos y avanzar hacia una democracia más sólida y representativa en la región. Y esta tarea no solo corresponde a los partidos políticos y a los gobiernos, sino también a todos los colectivos sociales.
Urpi Torrado es CEO de Datum, consultora líder de opinión pública en Perú, y profesora de la Universidad del Pacífico. Actualmente es vicepresidente de WAPOR Latinoamérica: www.waporlatinoamerica.org
