El Mirón verifica las declaraciones de Ana García, quien asegura que el perdón presidencial “reconoce la inocencia” de JOH, y comprueba que el indulto solo cancela la pena, pero no borra la condena ni los hechos por narcotráfico.
Presentar el perdón de Trump como prueba de inocencia distorsiona la figura del indulto y desinforma a la ciudadanía hondureña.
Tegucigalpa, Honduras. – El indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), condenado a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armas, ha desatado críticas dentro y fuera de Honduras.
Analistas nacionales e internacionales advierten que esta decisión no solo contradice el discurso oficial de Estados Unidos de combatir el crimen organizado en la región, sino que envía un mensaje de doble rasero al dejar en libertad a una persona considerada pieza clave en el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
El indulto ha sido celebrado efusivamente por la familia de Hernández, quien salió en libertad el 1 de diciembre, apenas un día después de las elecciones en las que Trump intervino abiertamente –en un acto injerencista— pidiendo el voto por el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, y condicionando su apoyo a Honduras a ese resultado. Este respaldo incluyó la promesa pública de otorgar el indulto a Hernández, presentado por Trump como una suerte de recompensa política, lo que refuerza las críticas sobre la injerencia externa y el uso del perdón presidencial como moneda de cambio electoral.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
Ana García, esposa de Hernández, afirmó en el programa televisivo colombiano NTN24 que el indulto otorgado por Donald Trump a su esposo es prueba de que “ha prevalecido la justicia” y de que, a través de ese perdón, se “reconoce su inocencia”.
La Frase
“Lo importante aquí es que ha prevalecido la justicia, que el presidente Donald Trump, que es la máxima autoridad del gobierno de los Estados Unidos, ha extendido este perdón y a través de este perdón se reconoce esa inocencia”: Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández.
Con esa declaración, la exprimera dama presentó la decisión presidencial como si fuera una especie de certificación jurídica que borra la condena por narcotráfico y armas dictada en Estados Unidos, y no solo como un acto de gracia política que extingue la pena.
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¿UN INDULTO SIGNIFICA INOCENCIA?
El indulto presidencial en Estados Unidos es un acto de clemencia mediante el cual el presidente perdona delitos federales y puede cancelar o reducir las penas impuestas por los tribunales. Según la Constitución de Estados Unidos, en su artículo II, sección 2, el presidente tiene la facultad de “conceder indultos y conmutar penas por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de impeachment”, lo que significa que esta potestad solo aplica a delitos federales y no puede usarse para anular procesos de destitución política. En la práctica, el indulto no reabre el juicio ni convierte por sí mismo una condena en declaración de inocencia, sino que elimina las consecuencias penales bajo jurisdicción federal.
En la doctrina y la práctica jurídica de Estados Unidos existe un amplio consenso en que el indulto no borra la condena como hecho histórico ni supone, por sí mismo, una declaración de inocencia. Comentarios anotados de la Constitución, memorándum de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y estudios del Servicio de Investigación del Congreso señalan que, salvo que se trate expresamente de un “pardon based on innocence”, el perdón presidencial elimina penas y ciertas inhabilidades, pero no convierte a la persona en jurídicamente “no culpable” ni niega que haya existido conducta delictiva.
Distintas opiniones legales en Estados Unidos sostienen, incluso, que aceptar un indulto tradicionalmente se entiende como una forma de asumir la responsabilidad por el delito, aunque no todos los tribunales lo han interpretado igual.
En el caso de Juan Orlando Hernández, el uso del indulto por parte de Trump encaja precisamente en la lógica que han descrito fiscales y tribunales estadounidenses: el perdón presidencial es un acto de clemencia que elimina la pena, pero no borra la condena ni los hechos que la sustentan. En un escrito reciente ante una corte federal, la Fiscalía recordó que un indulto “no borra la culpa ni expunge la sentencia”, citando fallos como In re North y United States v. Noonan, y añadió que, según el precedente de Burdick v. United States, aceptar un perdón implica reconocer responsabilidad por el delito, no proclamarse inocente.
Leído a la luz de esos criterios, el indulto que Trump concedió a Hernández no equivale a una declaración de inocencia, sino a una decisión política de perdonarle la pena pese a una condena firme por narcotráfico y armas.
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“DECIR QUE EL INDULTO VUELVE INOCENTE A JUAN ORLANDO ES ENGAÑAR A LA GENTE”
El abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía cuestiona las declaraciones de Ana García. A su criterio, resulta “increíble” que una profesional del derecho no tenga clara la diferencia entre perdonar la sanción y borrar el delito, y remarca que el indulto es una figura de clemencia que no elimina los antecedentes penales ni los hechos probados por un tribunal.
Mejía añade que jurídicamente el indulto concedido por Trump “conmuta la sentencia, pero no anula el veredicto del jurado” que declaró culpable a Hernández por delitos vinculados al narcotráfico, más allá de toda duda razonable.
El registro oficial en Estados Unidos seguirá mostrando a Juan Orlando Hernández como una persona condenada, solo que con la sanción perdonada por una decisión de la Casa Blanca. En ese sentido, insiste en que equiparar indulto con inocencia es, o bien tratar a la población hondureña como si fuera “estúpida”, o bien un reflejo preocupante de la baja calidad de la formación jurídica en el país, donde se gradúan abogados y abogadas que “no tienen ni la mínima idea” de lo que significa la figura del indulto
Para el exfiscal del Ministerio Público y abogado Víctor Fernández, el eventual retorno de Juan Orlando Hernández al país, representa “una burla” y “un irrespeto” para la sociedad hondureña. Señala que, el caso demuestra la urgencia de que Honduras configure “un modelo institucional propio” capaz de juzgar y hacer efectivas las sentencias contra criminales de alto perfil, sin depender de decisiones políticas externas.
Fernández recuerda que la ciudadanía ya emitió un “mandato popular masivo” contra Hernández en las elecciones de 2021, cuando rechazó, además de sus vínculos con el narcotráfico, la corrupción y el uso del Estado para fines privados.
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REPERCUSIONES DEL INDULTO DE JOH PARA LA SOCIEDAD HONDUREÑA
La liberación de Juan Orlando Hernández y su posible retorno a Honduras abren la puerta a una recomposición de las redes de poder que se articularon alrededor del narcotráfico, la corrupción y la captura del Estado, advierten tanto Víctor Fernández como Joaquín Mejía.
Para Fernández, el indulto y la excarcelación envían “un pésimo mensaje” a la ciudadanía, porque un sistema que exhibió a Hernández como pieza central de una estructura criminal transnacional ahora lo devuelve al escenario político y social, lo que percibe como una burla y un irrespeto hacia el mandato popular que lo rechazó en 2021.
Mejía, por su parte, insiste en que el indulto solo perdona la sanción, pero no borra ni el delito ni el veredicto del jurado, de modo que, a ojos de la justicia estadounidense, Hernández sigue siendo un expresidente declarado culpable por narcotráfico, lo que coloca a Honduras frente al reto de asumir su propia responsabilidad judicial.
Ambos coinciden en que las repercusiones más profundas serán institucionales y políticas: si el sistema de justicia hondureño no actúa con firmeza frente a las causas pendientes —como los casos de corrupción, el fraude electoral y la reelección ilegal—, el mensaje para las élites y las estructuras criminales será que la impunidad sigue siendo la regla.
Fernández alerta del riesgo de que las viejas redes de corrupción y narco vuelvan a “tener una vigorosa fuerza” en un contexto de triunfo del tradicionalismo político, mientras Mejía subraya que el discurso que presenta el indulto como “inocencia” busca precisamente rehabilitar la figura de Hernández y desmovilizar la indignación social.
En ese escenario, la respuesta —o la omisión— del Ministerio Público, los tribunales y la sociedad hondureña será determinante para definir si el país consolida un Estado de derecho propio o vuelve a quedar atrapado bajo las mismas estructuras que lo llevaron a ser señalado como “narcoestado”.
Recientemente, el MP ha informado que se ha girado orden de captura en contra del expresidente condenado en Nueva York y recientemente indultado. Para Mejía, la orden de captura internacional, emitida, es un paso correcto y el verdadero examen ahora será para el sistema de justicia de Honduras, que deberá demostrar si está dispuesto a procesar a un expresidente pese a las presiones políticas y mediáticas.
El Mirón concluye que la afirmación de Ana García es FALSA: el indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández no equivale jurídica ni desde la realidad de los hechos a una declaración de inocencia. A la luz de la Constitución estadounidense, de la doctrina legal y de la propia práctica de los tribunales y la Fiscalía de ese país, el perdón presidencial es un acto de clemencia que conmuta o perdona la pena, pero no anula el veredicto del jurado, no borra la condena ni reescribe los hechos probados en juicio.
Presentarlo como “reconocimiento de inocencia”, como hizo la ex primera dama, desinforma a la ciudadanía hondureña y encaja en una estrategia política para rehabilitar la imagen de un expresidente condenado por narcotráfico.
