Por: Filiberto Guevara Juárez.
El domingo 9 de marzo de 2025, los tres partidos mayoritarios de Honduras: Liberal, Nacional y Libre, celebraron sus elecciones primarias e internas para escoger a sus candidatos presidenciales a la República, alcaldes, diputados y autoridades de partido. Resulta que hubo problemas de toda índole en las principales ciudades: Tegucigalpa (ciudad capital) y San Pedro Sula (segunda ciudad en importancia), con respecto a la apertura de algunos centros de votación, debido a que las maletas que contenían el material electoral se extraviaron durante muchas horas, al grado tal que muchos votantes no pudieron ejercer el sufragio. ¿Quiénes fueron los culpables de lo sucedido? Quizá nunca se sabrá exactamente.
El otro gran problema, y quizá de mayor impacto político para la nación hondureña, es que, por una u otra razón, se están reportando todo tipo de irregularidades e inconsistencias en aproximadamente 29,000 actas de cierre correspondientes a los niveles electivos presidencial, municipal y de diputados al Congreso Nacional de la República, al grado tal que se calcula que, de las casi 25,000 urnas que se colocaron a nivel nacional, un poco más del 38% de dichas actas, emitidas por sus respectivas Juntas Receptoras de Votos y que representan como 800,000 votos, presentan diferentes tipos de irregularidades.
¡Desastre electoral en todos los aspectos! Un desastre electoral de esa magnitud, después de haber erogado un poco más de 2 mil millones de lempiras del erario nacional, no tiene justificación alguna. No obstante, y como ya es costumbre en nuestro país, todo pasará como que si no hubiera pasado nada, porque ya nos tienen acostumbrados a ello nuestros dizque políticos, que más que políticos son politiqueros de oficio. En realidad, en Honduras, en los 203 años de supuesta vida política con forma republicana y democrática de gobierno, nunca hemos tenido una verdadera democracia electoral.
No queda la menor duda de que, producto de tantos problemas de toda índole, los hondureños no han escogido a sus mejores candidatos a cargos de elección popular en los distintos niveles electivos ya aludidos.
El nivel electivo donde más problemas se presentan es el nivel de diputados, pero con mayor dificultad para detectarlos a simple vista, por lo que, en dicho nivel, muchas actas de cierre seguirán ocultando la verdadera voluntad popular. En ese nivel, a diferencia de los niveles presidenciales y municipales, los candidatos no son elegidos por votos propiamente dichos, sino mediante marcas que un solo votante asigna a los precandidatos a diputados en cada departamento del país. Lo más complejo se presenta en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con la escogencia de 23 y 20 candidatos a diputados, respectivamente. El conteo y asignación de marcas por parte de los miembros de la Junta Receptora de Votos es excesivamente complicado, tedioso y muy inexacto, por lo que se hace necesario recurrir, a futuro, a la votación electrónica en dicho nivel, para que se refleje la real voluntad del electorado hondureño.
El otro gran problema es lo relacionado con el voto en “plancha” inducido por el precandidato presidencial en dicho nivel electivo, donde el votante lo hace prácticamente a ciegas, porque por una u otra razón desconoce a quién o a quiénes asigna marcas, salvo excepcionalmente, cuando con cierta dificultad logra identificar la imagen fotográfica del probable candidato a diputado de su preferencia. Es quizá por eso que obtienen mayor número de marcas candidatos completamente desconocidos para el votante, lo cual naturalmente impacta en la calidad de los futuros diputados al Congreso Nacional de la República.
Para evitar dicho problema a futuro, lo mejor y más conveniente para la vida política de la nación hondureña es que se haga la reforma electoral pertinente, separando el momento de la elección de precandidatos y candidatos en elecciones primarias y generales, respectivamente, para evitar el nefasto voto en “plancha” inducido por el precandidato o candidato presidencial, afectando naturalmente la independencia de poderes del Estado, ya que los futuros diputados se pueden ver hasta obligados a consentir los caprichos del futuro gobernante del país, por una u otra razón.
