Por: Gordon Brown, Winnie Byanyima, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Graça Machel, Ken Ofori-Atta, Mary Robinson y Kevin Watkins
LONDRES – “Nadie está seguro hasta que todos lo estén” es el mantra característico de la era de la pandemia de COVID-19. Resume una verdad fundamental. Frente a un virus que no reconoce fronteras, ningún país es una isla y no hay sustitutos para la solidaridad internacional.
La cumbre del G7 que se celebrará en junio en el Reino Unido ofrecerá a los líderes políticos de los países más ricos del planeta una oportunidad de demostrar esa solidaridad. Podrían aprovecharla acordando un plan de acción financiera para apuntalar la batalla de la humanidad contra la COVID-19, partiendo por un acceso equitativo a las vacunas.
El desarrollo de vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces fue un verdadero triunfo científico. Nuevas instancias de colaboración entre gobiernos, empresas, filántropos e instituciones multilaterales probaron, entregaron y comenzaron a administrar vacunas en tiempo récord. El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A), una asociación excepcional entre la Organización Mundial de la Salud y otros actores, ofrece un marco multilateral para la cooperación en torno al diagnóstico, los tratamientos y las vacunas. El mecanismo de Acceso Global a la Vacuna contra la COVID-19 (COVAX), uno de los pilares fundamentales de esa relación, ha entregado hasta hoy un total de 40 millones de dosis en más de 100 países.
A pesar de estos logros, la desigualdad del acceso a la vacuna se agrava a pasos agigantados. Con un 16% de la población mundial, los países de altos ingresos representan más de la mitad de los pedidos de vacunas confirmados, o cerca de 4,6 mil millones de dosis, suficientes para vacunar a sus habitantes varias veces en algunos casos. Con el doble de esa población, los países en desarrollo más pobres tienen la mitad de los pedidos confirmados. Los actuales insumos para el África subsahariana cubren menos del 1% de la población. A medida que los países ricos inmunizan a los grupos demográficos más jóvenes y sanos, los trabajadores sanitarios de Mozambique, Nepal y Bolivia enfrentan la pandemia sin protección, con la consiguiente pérdida de vidas.
La brecha en las vacunas subraya una intensa injusticia. De seguir las tendencias actuales, mientras los países del G7 están en vías de alcanzar un 70% de cobertura para fines de este año, algunos de los países más pobres no alcanzarán ese nivel sino hasta el año 2024. Esto recuerda ominosamente la respuesta inicial a la crisis del VIH/SIDA, cuando África y otras regiones en desarrollo quedaron al final de la fila para los medicamentos antirretrovirales que ya estaban ampliamente disponibles en los países ricos. La demora en la entrega costó cerca de 12 millones de vidas.
Dejar detrás a los pobres del mundo en la carrera por vacunar contra la COVID-19 es un fracaso moral catastrófico, además de ser devastadoramente autodestructivo. A medida que el coronavirus se propaga y muta entre poblaciones no inmunizadas, se convertirá en un peligro público para todo el mundo, incluidos los países ricos. Es más, las perturbaciones a los mercados causadas por las bajas tasas de inmunización en los países en desarrollo podrían costarle a la economía mundial $9,2 billones, y las economías avanzadas sufrirían la mitad de esas pérdidas.
En resumidas cuentas, hay una abrumadora necesidad ética, epidemiológica y financiera de una urgente acción colectiva para lograr la igualdad de acceso a las vacunas. Mientras más decididamente actuemos como una sola comunidad humana, más vidas se salvarán y más rápido se recuperarán las economías.
El desafío es asegurarnos de que haya vacunas suficientes disponibles y asequibles para todos los países. No lograremos este objetivo solo con donaciones voluntarias, acuerdos bilaterales fuera del COVAX ni el rampante nacionalismo de las vacunas que ha caracterizado la respuesta de los países ricos hasta ahora.
Este es un momento que llama a la osadía. Los países del G7 deben aumentar urgentemente la escala de su respaldo al ACT-A, al tiempo que apoyan la autonomía de la vacuna en los países en desarrollo. Para crear defensas globales eficaces contra la COVID-19 y las futuras amenazas pandémicas, tenemos que compartir las vacunas de manera equitativa y abierta los conocimientos prácticos, la información y la tecnología para desarrollar capacidades de fabricación compleja allí donde se las necesite. La renuncia a los derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia ayudaría al uso compartido, elevaría la producción y bajaría los precios. La Alianza Popular por la Vacuna (People’s Vaccine Alliance) está promoviendo el apoyo para esa renuncia, y los gobiernos de Sudáfrica e India han presentado propuestas a la Organización Mundial de Comercio.
Falta el plan financiero para construir sobre los cimientos creados por el ACT-A. La cumbre del G7 puede desempeñar al respecto un papel fundamental. Los líderes políticos deberían acordar la financiación de un plan global que apunte a alcanzar las ambiciones en torno a la vacuna de todos los países para fines de este año, de manera que todo aquel que desee vacunarse lo esté para fines de 2022. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África se ha fijado como meta un 60% de cobertura para la región para esa fecha.
Si el G7 se compromete a entregar fondos por alrededor de $30 mil millones al año durante el próximo bienio, complementados con medidas más amplias para apoyar la autonomía de la vacuna, ese objetivo se podría lograr. También ayudaría a cerrar la actual brecha financiera del ACT-A para este año, que asciende a cerca de $22 mil millones. El Presidente sudafricano Ramaphosa y la primera ministro noruega Erna Solberg han escrito a los gobiernos proponiendo un acuerdo de compartir la carga financiera global según el peso económico relativo de cada país. Apoyamos ese enfoque y uno de nosotros (Brown) ha propuesto su adopción en la cumbre del G7.
¿Se pueden permitir los países del G7 el plan que proponemos? Invitamos a los líderes a dar vuelta esa pregunta: ¿Se pueden permitir no hacer esa inversión? Los fondos necesarios equivalen en términos generales a lo que las economías del G7 perderán cada dos semanas por la dislocación del comercio resultante del acceso limitado a las vacunas. Más aún, la vacunación equitativa se pagará sola. El Fondo Monetario Internacional estima que las economías avanzadas pueden ganar más de $1 billón de ingresos adicionales por el impulso a la recuperación económica generado por la aceleración de la vacunación global, un retorno de $16 por cada $1 invertido.
Los gobiernos del G7 tienen a su disposición algunos mecanismos de financiación rápida. Podrían acordar emitir de $10 a 15 mil millones en bonos de vacunas contra la COVID-19 canalizados mediante el Fondo Financiero Internacional para la Inmunización. Suscribir garantías de riesgo para la financiación de la lucha contra la pandemia provistos por el Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales es otra opción. Con el respaldo de su calificación crediticia de triple A, el Banco podría movilizar entre $4 y 5 por cada $1 facilitado por las garantías.
Dado su estatus de accionistas principales del FMI y el Banco Mundial, los gobiernos del G7 deberían ser más ambiciosos en el apalancamiento de los recursos de ambas entidades para responder a la pandemia de COVID-19. Los países de bajos ingresos que enfrentan una combinación letal de menor crecimiento, deuda insostenible y espacio fiscal limitado necesitan apoyo financiero con urgencia. El FMI estimó hace poco que se requieren $200 mil millones adicionales para la contención de la pandemia, incluida la financiación de los sistemas sanitarios y los programas de vacunación.
Tras el acuerdo en principio de los Estados Unidos para la emisión de $650 mil millones de derechos de giro especiales (o SDR, el recurso de reserva del FMI), lo que en la práctica es nuevo dinero internacional, hay una oportunidad de impulsar la liquidez e ir estrechando la brecha de financiación. Los gobiernos del G7 podrían acordar la duplicación de la asignación de SDR para países de bajos ingresos, medida que generaría $42 mil millones para enfrentar la pandemia. También podrían preguntarse por qué más de 40 países pobres siguen gastando más en el servicio de la deuda que en salud, y avanzar para convertir pasivos de deuda impagables en vacunas que salven vidas.
Por supuesto, el dinero es solo una parte de la ecuación. También importa la gobernanza. Debemos asegurarnos de que todos los gobiernos –y la sociedad civil- tengan voz en la concretización de la cooperación internacional. La Asamblea Mundial de la Salud es una plataforma para esas voces y tiene un papel clave que desempeñar para el logro de la igualdad en el acceso a la vacuna.
Es famosa la advertencia de Benjamín Franklin a los autores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos acerca de los peligros de la división de cara a un enemigo poderoso. “Tenemos que hacer fuerza juntos o, de lo contrario, sin dudas nos ahorcarán por separado”. Ante esta mortífera pandemia, los líderes del G7deben demostrar hoy una solidaridad global. La seguridad de sus ciudadanos y del planeta entero dependen de ello.
Gordon Brown fue primer ministro del Reino Unido. Winnie Byanyima es Directora Ejecutiva de ONUSIDA. Tedros Adhanom Ghebreyesus es Director General de la Organización Mundial de la Salud. Graça Machel es fundadora del Graça Machel Trust. Ken Ofori-Atta es Ministro de Finanzas de Ghana. Mary Robinson fue presidenta de Irlanda. Kevin Watkins es Director Ejecutivo de Save the Children UK.
