El informe de Cristosal revela que el estado de excepción en El Salvador ha generado un colapso en el sistema judicial, con detenciones arbitrarias masivas y una alarmante institucionalización de la tortura
El director de litigio estratégico de Cristosal denuncia que el sistema judicial salvadoreño está colapsado debido a las detenciones arbitrarias y masivas, afectando gravemente los derechos humanos y prolongando los procesos judiciales
Tegucigalpa, Honduras. – El impacto del estado de excepción en El Salvador ha sido devastador para las comunidades más vulnerables del país, según un reciente informe presentado por la organización Cristosal, en el cual se documentan las consecuencias de esta medida que ya lleva dos años en vigencia.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, afirmó que el estado de excepción se ha convertido en una política permanente y generalizada, afectando desproporcionadamente a la población pobre. Dentro de estas comunidades, las mujeres y los niños son los más perjudicados, pagando un alto costo debido a detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
Entre los hallazgos más alarmantes, Cristosal ha documentado hasta 60,000 niños y niñas en condiciones de abandono debido a las detenciones arbitrarias de sus padres. Además, se reportaron impactos psicológicos severos en los menores de edad que han sido testigos de torturas y tratos crueles durante las detenciones de sus padres.
El estado de excepción es el modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele, el cual está siendo replicado por el gobierno de Honduras mediante la adopción de medidas similares y que se ha ido ampliando en tiempo y en espacio.
PATRÓN DE TORTURA Y MUERTES EN CUSTODIA
Un aspecto alarmante del informe es la documentación de un patrón de tortura que se ha institucionalizado durante el estado de excepción. “La tortura se ha vuelto política del Estado”, denunció Bullock.
La Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción, documenta que dicho régimen ha resultado en la muerte al menos de 265 personas bajo custodia estatal, incluyendo a cuatro bebés recién nacidos cuyas madres fueron detenidas durante el embarazo.
De acuerdo con el director de Cristosal, este registro no es el universo total, debido a que en El Salvador toda la información relacionada con el régimen de excepción está clasificada, abarcando detenciones, estadísticas de homicidios, feminicidios, población penitenciaria, investigaciones fiscales y procesos judiciales.
Pese a la opacidad del Estado salvadoreño, Cristosal también logró documentar más de 80,000 detenciones, de las cuales el 15 % corresponde a mujeres, y ha documentado 28 prórrogas de una medida de detención temporal.
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SISTEMA DE JUSTICIA COMPROMETIDO
La complicidad del sistema judicial en estos abusos es otro punto crítico del informe. La justicia en El Salvador ha dejado de ser un contrapeso ante los abusos de poder, con reformas que permiten detenciones provisionales de hasta cuatro años sin garantías mínimas de defensa para las personas detenidas.
En entrevista con Criterio.hn, Abrahám Ábrego, director de litigio estratégico de la organización Cristosal, expresó su profunda preocupación por la situación del sistema judicial en El Salvador bajo el régimen de excepción. Según Ábrego, la estrategia de realizar capturas masivas ha resultado en un sistema judicial desbordado e incapaz de gestionar adecuadamente los procesos legales.
Ábrego señaló que el enfoque del régimen se ha centrado en detenciones arbitrarias en lugar de investigaciones previas y focalizadas. Esta práctica ha provocado una acumulación de casos y una mora judicial significativa. “El sistema judicial ha sido impotente e incapaz de gestionar todos estos procesos,” afirmó.
Hasta el momento, el sistema judicial salvadoreño no ha logrado condenar a personas adultas detenidas bajo el régimen de excepción. Esta falta de condenas subraya la ineficacia del enfoque de capturas masivas, ya que el volumen de arrestos ha sobrepasado la capacidad del sistema para procesar y juzgar adecuadamente a los acusados.
La incapacidad de emitir sentencias refleja un colapso en la administración de justicia y pone en duda la legitimidad y eficiencia del actual modelo de seguridad en el país centroamericano que esta siendo referencia para otros países de la región.
