Por: Kenneth Rogoff*
CAMBRIDGE – Mientras que los habitantes de las economías más ricas del mundo debaten sobre el destino y la fortuna de la clase media, más de 800 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad. Y más de dos mil millones no tienen instalaciones de cocina limpias, lo que les obliga a utilizar alternativas tóxicas como los desechos animales como combustible principal para cocinar. Además, las emisiones de dióxido de carbono per cápita en Europa y Estados Unidos siguen siendo mucho más altas que en China e India. ¿Qué derecho tienen los estadounidenses, en particular, de quejarse cuando China aumenta la producción en las industrias de chimeneas para contrarrestar la desaceleración económica causada por su guerra comercial con los Estados Unidos? Para muchos en Asia, el debate interno en Occidente a menudo parece sordo y sin importancia.
Incluso si Europa y EE. UU. Detuvieran deliberadamente sus motores de crecimiento capitalista, como podrían hacer algunas de las propuestas de política más radicales si se implementan, no sería suficiente contener el calentamiento global si las economías emergentes permanecen en su trayectoria actual de crecimiento del consumo.
Los datos más recientes de las Naciones Unidas sugieren que el mundo ya ha alcanzado un punto de inflexión en el que hay pocas posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global a lo que los científicos del clima consideran el umbral seguro de 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales. De hecho, es probable un aumento significativamente mayor. Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, limitar el calentamiento global incluso a 2 ° C requeriría un precio global del carbono de al menos $ 75-100 por tonelada de CO2, más del doble de su nivel actual, para 2030.
Cualquier solución al problema requiere dos partes interconectadas. El primero y más importante es un impuesto global sobre las emisiones de CO2, que desalienta las actividades que exacerban el calentamiento global y fomentan la innovación. Igualar el precio de las emisiones de CO2 a nivel mundial eliminaría las distorsiones por las cuales, por ejemplo, una empresa con sede en los EE. UU. Podría optar por trasladar su producción más intensiva en carbono a China. Además, un impuesto mundial sobre el carbono lograría de una sola vez lo que miles de medidas de comando y control no pueden replicar fácilmente.
El segundo componente crítico es un mecanismo que impulsa a las economías emergentes y menos desarrolladas a aceptar la reducción de emisiones, lo que puede ser muy costoso en términos de crecimiento inevitable. En los últimos años, el mayor contribuyente al aumento global de las emisiones de CO2 ha sido el rápido crecimiento de Asia, donde se construye aproximadamente una nueva planta de carbón cada semana. Para las economías avanzadas, donde la planta de carbón promedio tiene 45 años, la eliminación gradual de tales instalaciones es una fruta de bajo rendimiento en términos de reducción de emisiones de CO2. Pero en Asia, donde la edad promedio de las plantas de carbón es de solo 12 años, el costo de gravar las plantas en el olvido hace que sea prácticamente imposible sin ayuda externa.
Sí, Europa y los EE. UU. Pueden imponer impuestos fronterizos de carbono a los países en desarrollo que no cumplan con sus estándares. Pero, más allá de los desafíos técnicos asociados, esto plantearía problemas de equidad, dada la profunda desigualdad energética global. Una idea prometedora, que he sugerido anteriormente, sería establecer un Banco Mundial de Carbono que se especialice en temas de transición energética y brinde asistencia técnica y financiera a los países pobres y de ingresos medios.
En principio, un impuesto al carbono o un sistema de cuotas, como el que Europa ha instituido, puede funcionar. Pero, como lo demostró el fallecido economista Martin Weitzman en un trabajo pionero a principios de la década de 1970, existen sutilezas importantes que dependen de la naturaleza de la incertidumbre. Por ejemplo (y simplificando demasiado), si los científicos tienen una idea bastante precisa de la cantidad de emisiones acumulativas de CO2 que el planeta puede manejar desde ahora hasta 2100, y si los economistas no están tan seguros de qué trayectoria de precios induciría a los países y empresas a adherirse esos límites, entonces el caso de las cuotas (negociables) es fuerte. Bajo otras suposiciones sobre la naturaleza de las incertidumbres de costo y beneficio, es preferible un impuesto al carbono.
Un tema que Weitzman no consideró es que es probable que los acuerdos de impuestos sobre el carbono sean más transparentes y fáciles de controlar que las cuotas; Esto es particularmente importante en el comercio internacional. Hay buenas razones por las cuales una sucesión de acuerdos de reducción arancelaria de varios países después de la Segunda Guerra Mundial buscó eliminar las restricciones regulatorias y cuantitativas, y reemplazarlas con listas arancelarias relativamente simples.
Además, los impuestos al carbono podrían generar ingresos significativos para apoyar la investigación ecológica, compensar a los hogares de bajos ingresos dentro de los países por los costos de transición (por ejemplo, dando incentivos a los propietarios de automóviles para comerciar con viejos «cacharros» y comprar vehículos más eficientes en combustible), y Financiar transferencias de países ricos a países pobres a través de un mecanismo como el Banco Mundial de Carbono. Las cuotas podrían, en principio, subastarse para lograr el mismo objetivo; pero a menudo se regalan.
*Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI, es profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Harvard.
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