El Fosdeh advierte que el impacto más grave del fin del TPS será la separación de familias hondureñas y el retorno forzado a un país sin condiciones dignas para recibirlos
Aunque el gobierno de EE. UU. argumenta mejoras en Honduras, el Fosdeh señala que persisten altos niveles de pobreza, precariedad laboral y servicios públicos deficientes
Tegucigalpa. – Mientras en Honduras se politiza y se enfatiza en el impacto económico que tendrá el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para las y los hondureños en Estados Unidos, se deja de lado las implicaciones humanitarias directas que tendrá la decisión.
Desde el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señalan que el drama migratorio no se mide en dólares sino en la separación de familias y el retorno a un país que poco o nada ha reducido sus indicadores de pobreza desde 1999 y cuyos recursos públicos, en gran medida son destinados al pago de la deuda pública, dejando de lado la prestación de servicios a la población.
“Aunque se argumenta que Honduras ha mejorado sus indicadores desde 1999, lo cierto es que el país no cuenta con las condiciones necesarias para recibir de manera digna a quienes podrían ser deportados” o decidan retornar, señala el Fosdeh en la publicación TPS para Honduras: Una protección desvanecida ante una realidad que persiste.
Este planteamiento desafía los razonamientos utilizados por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien justificó la cancelación del TPS en las mejoras al acceso a agua, sanidad y electricidad, entre otros.
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Mario Palma, jefe de investigaciones del Fosdeh, expresó a Criterio.hn que el problema trasciende lo económico y radica en las implicaciones humanas, específicamente la separación de familias. Así como el ambiente hostil y de persecución –“redadas” y operativos de detención– al que se enfrentan los migrantes, afectando su bienestar y productividad.
El informe del Fosdeh, cuya autoría es de la economista Alejandra Salgado, se concede que, si bien el fin del TPS impactará económicamente al país, quienes estaban amparados bajo este estatus representan el 7% de la población hondureña residente en Estados Unidos.
Palma reconoce que sí hay una afectación económica, pero explica que esta se da de forma indirecta: el endurecimiento de las políticas migratorias genera temor entre los migrantes, que, ante el riesgo de ser detenidos, limitan su movilidad y su capacidad de trabajar. Esto, a su vez, reduce sus ingresos y la posibilidad de enviar remesas de manera regular.
Aunque el temor a ser detenidos ha limitado el trabajo de muchos migrantes hondureños, afectando su estabilidad y disminuyendo el envío constante de remesas, el verdadero problema –según el Fosdeh– es que Honduras no está preparada para recibir a quienes regresen, en especial a quienes ya enfrentan condiciones de precariedad dentro del país.
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Desde esta perspectiva, el Fosdeh hace un llamado urgente al Estado hondureño a actuar con responsabilidad y sin fines políticos. Propone la formulación de un plan de retorno para los beneficiarios del TPS y otros migrantes, el fortalecimiento del cuerpo diplomático en Estados Unidos como orientador activo, y una estrategia diplomática que abogue por un trato humano, la reunificación familiar y la búsqueda de regularización migratoria. Además, unir esfuerzos entre autoridades, sociedad civil, sector privado, academia, organismos financieros, cuerpo diplomático y diáspora para plantear soluciones reales.
