Por: Marcelo Halperín/Latinoamérica21*
No hay dudas de que el cambio climático, en especial asociado a la emisión de gases de
efecto invernadero y a la degradación abrupta de la biodiversidad es la causa de las
catástrofes climáticas y epidemias impredecibles que se están desatando en el mundo.
Según el consenso científico ambas calamidades derivan de las condiciones de producción
que prevalecen a escala global.
Entre los modelos cuestionados están incluidos tanto los de supervivencia como los
cultivos extensivos generados a costa de la depredación de recursos naturales destinados a
la exportación. Este es el caso de los países latinoamericanos inmersos en la matriz
productiva impuesta por la dependencia estructural. Se trata del modelo de inserción
internacional consolidado en el curso de la tan prolongada como penosa historia de
saqueos y degradaciones coloniales y neocoloniales.
Por un lado, en numerosos países de América Latina persiste y en ciertos casos se afianza
esta matriz productiva y la importancia para sus economías de las exportación de
commodities hacia terceros países. Así lo confirma la reciente investigación de Rosario
Campos y Romina Gayá en un trabajo conjunto de FAO y BID publicado este año bajo un
título que suena pretencioso: “Oportunidades para promover el comercio agroalimentario
intrarregional en América Latina y el Caribe”.
Por otro lado, paradójicamente, están multiplicándose las inhibiciones y obstáculos
impuestos precisamente por los países centrales para el acceso a sus mercados de bienes
obtenidos en desmedro de la sustentabilidad ambiental.
El argumento sobre la subsidiariedad
Es el núcleo de una narrativa utilizada reiteradamente por la UE al invocar la imposibilidad
de cumplir el precepto expuesto en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, según el cual “Las medidas de política comercial con fines
ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni
una restricción velada del comercio internacional… Las medidas destinadas a tratar los
problemas ambientales transfronterizos o mundiales, deberían en la medida de lo posible,
basarse en un consenso internacional”.
Frente a esta directiva, la UE se proclama como guardián de un bien público global. Lo
manifiesta, por ejemplo, en la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que establece un Mecanismo de Ajuste en
Frontera por Carbono: “el cambio climático es, por su propia naturaleza, un problema
transfronterizo que no puede resolverse exclusivamente con medidas nacionales o locales.
La acción coordinada de la UE puede complementar y reforzar eficazmente la del ámbito
nacional y local y mejora la acción por el clima. La coordinación de la acción por el clima es
necesaria a nivel europeo y, en lo posible, a nivel mundial, y la actuación de la UE está
justificada por razones de subsidiariedad”.
Obstáculos al comercio para combatir la deforestación
El principio de subsidiariedad reivindicado por la UE respalda también al Reglamento
2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de mayo de 2023 “relativo a la
comercialización en el mercado de la UNIÓN y a la exportación desde la UNIÓN de
determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación
forestal”.
Habiéndose previsto inicialmente que el grueso de las disposiciones deberían regir antes
del mes de julio de este año, la magnitud y relevancia de su cobertura pueden ponderarse
con sólo repasar algunos ítem contemplados en el punto de partida: ganado y carne bovina;
cacao y chocolate; café; grano y harina de soja; madera, papel y muebles.
Para el acceso al mercado comunitario de las materias primas y derivados que la UE
considere pertinentes, se requerirán certificaciones de trazabilidad sobre la ausencia de
deforestaciones en el curso de los respectivos procesos productivos. Las certificaciones
deberán incluir geo-localizaciones de las zonas de extracción de las materias primas, así
como evaluaciones de riesgo de deforestación susceptibles de afectar total o parcialmente
las perspectivas exportadoras del país donde se asienten las producciones riesgosas.
Además, este año la Comisión debería también evaluar la posibilidad de extender, mediante
ulteriores reformas legislativas, la misma modalidad de protección contra la degradación
de otros ecosistemas tales como praderas, turberas y humedales.
Semejantes pretensiones de aplicar extraterritorialmente la normativa comunitaria, dieron
lugar a un cuestionamiento a través de la carta que en septiembre de 2023 dirigieron once
países de América Latina y el Caribe, tres países asiáticos y dos africanos al Consejo
Europeo, a la Comisión y a la Presidencia Pro-Témpore del Consejo.
La misiva se difundió especialmente a través del Ministerio de Comercio, Industria y
Comercio del Gobierno de Colombia. En principio los países firmantes adujeron la excesiva
carga administrativa y costos para responder a exigencias tales como las de geo-
localización y trazabilidad y que finalmente tendrían que ser absorbidos por los
productores. Pero la objeción más llamativa fue la referida al carácter contraproducente de
las medidas con respecto a la pretensión de fomentar cultivos sostenibles, ya que los pequeños productores rurales resultarían excluidos de las cadenas de valor, no por
deforestar sus tierras, sino por la imposibilidad de cumplir con las normativas.
La carta no se extiende sobre los motivos seculares de la desigualdad entre los agricultores
asentados en sociedades centrales y los de las periferias. Pero nadie ignora que, en el caso
de la ruralidad latinoamericana, la estructura productiva es el resultado de una letal
combinación inducida por los procesos coloniales y neocoloniales. Por un lado la
explotación desmesurada de inmensos territorios y, por otro, las frágiles economías de
subsistencia de las que deben valerse los estratos sociales más pobres y desamparados.
Si bien era conocido el impacto de las producciones agrícolas no sustentables respecto de
las emisiones de efecto invernadero, esto recién se abordó la cuestión en la Cumbre
Climática de Dubái (COP 28). Allí, al menos ciento treinta y cuatro países suscribieron una
ostentosa Declaración firmada por los delegados de Estados Unidos, China, la UE y
numerosos países de la periferia como todos los centroamericanos y sudamericanos con
excepción de Bolivia, Guyana y Paraguay. La Declaración sobre Agricultura Sostenible,
Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática es un primer compromiso aunque
todavía no vinculante para incluir a los sistemas alimentarios y a la producción agrícola en
los planes nacionales contra el cambio climático.
¿Cómo cursar la transición? El silencio que aturde
Una vez reconocida la necesidad de transformar las condiciones de vida de la mayoría de la
población en las periferias, habría que preguntarse cómo cursar la transición sin afectar las
ya muy penosas economías de subsistencia y simultáneamente los ingresos devengados
por la exportación de producciones agrícolas extensivas de las que dependen las finanzas
públicas de dichos países.
¿Será posible revertir tales sistemas sin ocasionar daños mayores a los ya conocidos? ¿Y
acaso los países atrapados entre una endémica exclusión social interna y los términos
asimétricos de sus intercambios comerciales internacionales deberían además hacerse
cargo de su propia transformación productiva?
En los países centrales los particulares están obteniendo reconocimientos jurisdiccionales
de su derecho a la protección ambiental frente a los Estados donde residen. El caso más
reciente es el resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al pronunciarse
sobre la responsabilidad del gobierno suizo, cuyas medidas inadecuadas para reparar los
daños atribuidos al cambio climático fueron consideradas como un menoscabo de los
derechos humanos.
Cabe recordar entonces la propia doctrina de la UE: en materia de cambio climático lo que
está en juego es verdaderamente un bien público global. Los Estados nacionales que
levantan el blasón de la economía verde y la preservación de la biodiversidad son las
mismas potencias coloniales que promovieron aquellas expoliaciones de ultramar y hoy
disparan las alarmas. ¿No deberán entonces asumir una mayor responsabilidad frente a los
ingentes costos de cualquier iniciativa reparadora fuera de sus fronteras?
Parece lejana una concertación multilateral de programas para la reconversión de las
estructuras productivas y los sistemas alimentarios. Entretanto, los países periféricos
exportadores deberían disponer efectivamente de la asistencia técnica y financiera que
permita cumplir con los recaudos medioambientales adoptados por los países centrales en
su condición de importadores.
*Marcelo Halperín es profesor del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad
Nacional de La Plata.
