El análisis de un pódcast sobre crimen ambiental en América Latina revela un sistema que conecta economías extractivas, redes criminales y estructuras del Estado. Aunque centrado en Sudamérica, el caso de Honduras ––y el asesinato de Berta Cáceres– ilustra como este ciclo opera en la región.
Ilustración de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. –– Durante años, el crimen organizado en América Latina se explicó casi exclusivamente a través del narcotráfico. Hoy, esa lectura resulta insuficiente.
Así lo expone Mark Ungar, profesor en justicia penal y ciencias políticas, quien advierte que el crimen organizado ambiental está en expansión y que, incluso ya no es un fenómeno paralelo, sino una pieza central del crimen organizado en la región
La afirmación fue realizada en el pódcast Latinoamérica Hoy, producido por la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) y conducido por Adam Isacson, director para veeduría de defensa.
En el episodio “El crimen organizado ambiental en Venezuela y en toda América”, centrado principalmente en la situación venezolana, el académico utilizó el caso de Honduras como una pieza clave para entender el fenómeno en la región.
Ungar sostiene que el asesinato de la líderesa indígena Berta Cáceres, en 2016, no ocurrió en un vacío, sino en medio de un conflicto por el control del territorio, donde intereses empresariales, estructuras de seguridad y decisiones estatales convergieron alrededor de un proyecto hidroeléctrico.
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“Vemos que incluso en un país pequeño [como Honduras] hay familias muy poderosas que controlan grandes proyectos económicos, represas ––contra las que luchaba Berta Cáceres––, proyectos turísticos, mineros y forestales, propiedad de grandes familias con conexiones con narcotraficantes desde Sudamérica, pasando por México, y que están muy vinculadas con el Partido Nacional”, planteó el académico.
Agregó que el crimen organizado ambiental es probablemente la tercera actividad delictiva más importante del mundo, después del narcotráfico, y que quienes participan en estas economías ––oro, tala, ganadería extensiva, entre otras–– tienen acceso a grandes extensiones de tierra y redes que también son utilizadas por el narcotráfico.
NO SON HECHOS AISLADOS ES UN SISTEMA
La afirmación no describe hechos aislados, sino una estructura. En ella, proyectos económicos, redes criminales y actores políticos no operan por separado, sino que convergen en el control del territorio.
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Ese control, a su vez, forma parte de un ciclo que se reproduce en distintos territorios de la región. Como explica Ungar, estas actividades no solo coexisten, sino que se interrelacionan y comparten rutas, actores e infraestructura.
Primero, la ocupación y explotación de la tierra mediante actividades como la minería, la tala, o la expansión ganadera. Luego, el control del territorio, que puede ejercerse a través de actores o redes locales que aseguran el funcionamiento de estas economías.
A esto se suma la participación, activa o por omisión, de actores estatales, desde autoridades locales hasta instituciones encargadas de regular o fiscalizar estas actividades. Finalmente, los recursos extraídos ingresan a circuitos legales mediante cadenas de comercialización que dificultan rastrear su origen.
Sin embargo, el ciclo no solo se sostiene por su rentabilidad, sino también por las debilidades institucionales. Aunque existen marcos legales para sancionar estos delitos, su aplicación es limitada.
Ungar afirmó que las fiscalías del medio ambiente en países como Honduras, Colombia, Perú y Brasil pueden tener las capacidades técnicas, pero enfrentan falta de recursos, presión política y riesgos en el terreno. Además, dependen del apoyo logístico de las fuerzas militares, que controlan el acceso a estas zonas, cooperación que en muchos casos no se produce, en un contexto donde hay distintos niveles de involucramiento estatal.
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A esto se suma que los crímenes ambientales están vinculados a delitos “habilitadores” como el acaparamiento de tierras, la corrupción y el blanqueo de capitales, mucho más difíciles de investigar. Las fiscalías encargadas de estos casos carecen de coordinación, no están diseñadas para trabajar de forma conjunta y enfrentan constantes cambios políticos y condiciones laborales precarias, lo que limita su capacidad para actuar frente a estructuras criminales complejas.
El caso de Honduras solo es una ventana a un fenómeno mayor. El análisis expuesto en el pódcast muestra que el crimen ambiental no es un delito aislado, sino una economía criminal integrada a escala regional, conectada a mercados globales y sostenida por la convergencia entre poder económico, redes ilícitas y estructuras estatales.
