En un nuevo escándalo de corrupción, el Ministerio Público de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal que involucra a 15 exfuncionarios, incluyendo a José Octavio Godoy Urbina, por desviar más de 143 millones de lempiras durante la administración de Juan Orlando Hernández
Las investigaciones revelan un complejo esquema de empresas de maletín y complicidad institucional que pone en evidencia la ineficacia de los controles estatales
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público (MP) de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal en el caso de corrupción denominado “Helios”, en el cual se investiga el desvío de más de 143 millones de lempiras (aproximadamente 5.8 millones de dólares) de las finanzas públicas durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, entre los años 2016 y 2017.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) es la encargada de llevar este caso, que involucra a 15 personas, entre ellas a José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano.
Hasta el momento, el MP ha logrado capturar a Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, quienes enfrentan cargos por delitos que incluyen fraude y lavado de activos. Además, se han asegurado nueve sociedades mercantiles, una ONG, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos financieros de 12 personas naturales y tres jurídicas vinculadas al caso
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, respecto a los demás implicados, puntualizó que ya están vigentes las órdenes de captura, pero hasta que estas no se ejecuten no se podrá conocer quiénes son los involucrados para evitar una posible fuga.
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DETALLES DEL CASO
Las investigaciones de la Uferco, revelan que Godoy Urbina utilizó su influencia para reclutar a personal de confianza tanto en Casa Presidencial como en el Instituto de la Propiedad (IP) y entre particulares.
Yuri Mora, detalló que diseñaron un esquema fraudulento que consistía en la creación de empresas de maletín vinculadas al sector de publicidad y comunicaciones. Estas empresas fueron utilizadas para desviar fondos públicos mediante la emisión de 144 cheques, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias asociadas a dichas sociedades
Una vez depositados, los fondos fueron retirados en efectivo por los acusados, quienes también realizaron depósitos fragmentados en cuentas bancarias sin justificación. Este proceso se facilitó gracias a un listado proporcionado por Hilda Rosario Hernández Alvarado, exministra de Comunicaciones y Estrategia y hermana del ex presidente condenado en Nueva York, Juan Orlando Hernández.
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INEFICACIA DE LOS CONTROLES ESTATALES
La corrupción en Honduras se ha convertido en un cáncer que afecta profundamente las arcas del Estado, debilitando las instituciones y socavando la confianza pública.
Edmundo Orellana, exfiscal general del Ministerio Público (MP) de Honduras, expuso la alarmante situación de corrupción que históricamente ha afectado al país, señalando la ineficacia de los controles administrativos y la complicidad de altos funcionarios en el desvío de recursos públicos.
Orellana enfatizó que “ninguno de los controles funcionó”, refiriéndose a la falta de acción del gerente administrativo, del auditor interno y del Tribunal Superior de Cuentas, cuya inacción ha permitido que se perpetraran actos delictivos a gran escala.
Orellana destacó que “la prueba de que no funcionaron” dichos mecanismos, es evidente en las acciones judiciales contra los ex magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, funcionarios, que, en palabras de Orella, se prestaron para certificar y “lavar” las irregularidades cometidas por diputados con los famosos fondos departamentales, lo que refleja un sistema profundamente arraigado en la corrupción.
En cuanto a las políticas públicas necesarias para prevenir futuros casos de corrupción, Orellana afirmó que ya existen leyes adecuadas; sin embargo, subrayó que lo que falta es la voluntad política para aplicarlas efectivamente. “El problema no son las leyes, sino la falta de voluntad para implementarlas”, concluyó.
