Por: Víctor Meza
Palabra casi mágica esta que hace referencia al cambio. En ocasiones puede significarlo todo y, a veces, nada. Todo y nada encerrados en un solo vocablo. A lo mejor, por eso es que esta noción es cada vez más frecuente en el discurso político cotidiano, en donde todos demandamos un cambio aunque no todos queremos el mismo tipo de cambio.
Como suele suceder, el uso constante de un vocablo acaba un buen día por pervertir su significado original. Dicho en otras palabras: el uso y abuso sin el rigor requerido degeneran en perversión lingüística y distorsión de contenido. Eso también ha sucedido y sucede con la palabra cambio.
El inicio de una nueva administración gubernamental es ocasión propicia para hablar del cambio, de la misma forma que lo fue durante la prolongada campaña electoral que debimos soportar en los últimos dos años. Casi todos los candidatos, con diferente énfasis y distintos niveles de sinceridad, clamaron y exigieron un cambio. Unos lo demandaban para no cambiar, es decir hacer pequeñas concesiones para mantener la sustancia y conceder transformaciones mínimas justo para no modificar nada. Es lo que llaman el “gatopardismo”, en honor a la célebre novela de Lampedusa “El gatopardo”(1957), que proclama la aparente contradicción según la cual para evitar el cambio es preciso hacer que las cosas cambien.
Otros, menos cínicos, pedían el cambio para evitar la avalancha que ya veían que se les venía encima. Cambiar para contener la furia social, hacer modificaciones suficientes para aplacar la ira colectiva. El cambio como salvación, la salida del túnel y el túnel como vía de escape.
Y, por supuesto, también están aquellos que reclaman los cambios convencidos de su real utilidad e impostergable necesidad. El cambio como solución, como puerta abierta hacia la justicia social y la equidad debida. Por suerte hay cambios para todos los gustos y opciones. Hay cambios radicales, por ejemplo, que apuntan, como el adjetivo lo indica, a la raíz de los hechos y a la causa misma de los fenómenos. Los hay más suaves y graduales, más parecidos a las reformas que a los verdaderos cambios; y existen aquellos que son verdaderas revoluciones, que cambian las relaciones de poder y sustituyen las estructuras económico-sociales existentes.
Por regla general, los gobiernos recién inaugurados piensan en cambios de impacto para llevar a cabo en los famosos primeros cien días de la nueva administración. No se trata de cambios tan profundos ni radicales, pero al menos sirven para aplacar la ansiedad de la masa y dar solución a demandas inmediatas (sobre todo en el área de las tarifas de los servicios públicos y los precios en general). Después vienen – o deberían venir – los cambios de mediano plazo, los que generalmente apuntan – o deberían apuntar – a desmontar la arquitectura jurídica del régimen anterior, especialmente en todo lo que concierne a concentración del poder en manos del Ejecutivo, limitación a la independencia de los jueces, desequilibrio en la balanza de los poderes del Estado, opacidad en el desempeño de la función pública, telaraña de impunidad y cobertura a favor de los protagonistas de los recientes actos de corrupción y otros.
El desmontaje de la infraestructura legal del régimen autoritario debe ir acompañado de la aprobación de nuevas normas legales que llenen el vacío jurídico y devuelvan a la institucionalidad sus características de Estado de derecho.
En una tercera etapa se deben llevar a cabo las transformaciones que conciernen a la superestructura del Estado, que apuestan al cambio profundo y a la modificación sustancial de las relaciones de poder. Es entonces cuando el verdadero poder se siente desafiado y busca la forma de castigar y contener el atrevimiento reformista del aparato gubernamental. Es el momento en que se ponen a prueba las tensiones dinámicas entre la reforma y la contrarreforma, la revolución y la contrarrevolución. Paciencia sin sosiego y sabiduría sin soberbia son virtudes que pueden ser muy útiles en esta “hora de los hornos…”
