El Banco Mundial es uno de los cuatro pilares fundamentales del Orden Liberal Internacional surgido bajo la hegemonía de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los otros tres son el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (WTO) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Este último surgido como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2008, en el marco del Grupo de las 20 economías más fuertes del mundo (G20).
Desde sus inicios, Estados Unidos ha aportado el mayor capital al Banco Mundial y tienen por ello, la voz cantante, con una proporción desmesurada de votos en el directorio de dicha institución. Esto significa que, como es común en tales casos, es el Gobierno estadounidense quien propone a la persona que habrá de dirigir el organismo multilateral. En el caso del FMI, el acuerdo de las principales potencias económicas agrupadas en el G7, era reservar a Francia el derecho escoger al director de dicha institución. Esto cambió en 2019 con la elección Kristalina Georgieva, quien se convirtió en la primera persona proveniente de una economía emergente (Bulgaria) en dirigir el FMI desde su creación en 1944.
Las cuotas de poder siempre han dependido de las cuotas de capital. Esto tuvo sentido tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la situación ha cambiado y actualmente China cuestiona, junto con otras economías emergentes, las estructuras de poder vigentes en las instituciones de Bretton Woods. Dichos cuestionamientos ya han provocado cambios que reflejan de mejor manera la nueva correlación de fuerzas en la economía global.
El Banco Mundial ya no es el actor más relevante en la dinámica de financiamiento global. Lejos están los tiempos en los que las instituciones gemelas levantaban el bastón de mando para dirigir la sinfonía de la globalización con los programas de ajuste estructural de las economías en los países de menores ingresos. Todo lo contrario, en los últimos veinte años el Banco Mundial ha tenido el combate a la pobreza como mandato central, mientras que el FMI ha asumido las tareas promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial con el objetivo de garantizar el crecimiento económico y no a estrangularlo, como en el pasado.
En este marco, el candidato propuesto por Joe Biden para asumir la presidencia del Banco Mundial, a partir de junio de 2023, es Ajay Banga. Banga nació en 1959 en el seno de una familia sij, en Khadki, una pequeña ciudad al suroeste de India. Es economista del St. Stephen’s College de la Universidad de Delhi y tiene un máster del Instituto Indio de Administración de Ahmedabad. Con Ajay Banga como nuevo presidente, el énfasis del Banco ya no será solamente el combate a la pobreza, los vientos vienen acompañados ahora de una brisa más sostenible.
Banga quiere combatir el cambio climático sin descuidar el combate a la pobreza. Esas son buenas noticias. Una mejor partitura, especialmente si lo comparamos con la desastrosa política de su predecesor David Malpass, quien compartía el negacionismo climático de su padrino Donald Trump, entre muchos otros disturbios ideológicos.
Banga es, evidentemente, ciudadano estadounidense. Sin embargo, su origen indio lo acerca mucho a los dilemas del Sur Global. Quizá por ello, su candidatura obtuvo el apoyo casi inmediato de India, Kenia, Ghana y Bangladesh. Y por su decidida iniciativa de hacer mucho más contra el cambio climático recibió igualmente la aceptación de Francia y Alemania en la reunión de los funcionarios financieros del Grupo de los 20, en marzo del 2023.
Desde la perspectiva de los países de menores ingresos, el objetivo es que el nuevo director logre que el Banco Mundial pueda servir como un catalizador que vincule la acción entre los gobiernos, el sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo y la sociedad civil. No es tarea fácil, definitivamente.
Menos deudas, más financiamiento climático
Los llamados a reformar el Banco Mundial, otorgándole una mayor presencia en el financiamiento climático, no han hecho más que multiplicarse. Muchos países de ingresos bajos y medianos se están endeudando cada vez más y enfrentando costos crecientes a medida que aumentan las consecuencias del cambio climático. El reciente informe del G20, instando al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarrollo a relajar sus restricciones crediticias para que fluya más dinero a los países que lo necesitan, no es más que una muestra de ello.
Una comisión, dirigida por los economistas Nicholas Stern, Amar Bhattacharya y Vera Songwe, pidió que se impulse la inversión de forma rápida y sostenida y que se priorice la transición hacia una energía más limpia. El informe concluyó que la inversión anual de estos países en acción climática debe aumentar de inmediato y alcanzar USD 1 billón para 2025 y USD 2,4 billones para 2030. Según los autores del estudio, las inversiones anuales en acción climática del Banco Mundial y los demás bancos multilaterales de desarrollo deberán triplicarse a USD 180 mil millones para 2025.
Tanto, Estados Unidos como sus socios europeos y Japón están abiertos a una reforma del Banco Mundial para adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin embargo, la propuesta formulada por el Banco Mundial hace unos meses parece insuficiente para hacer frente a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta.
Ya no es posible ignorar las exigencias de muchos países del Sur Global para que se alivien las deudas. Pero hasta ahora ha habido poco movimiento hacia la creación de un marco global para la reestructuración de la deuda y los procedimientos de manejo de insolvencia soberana. Los retrasos actuales son el resultado de la negativa de China a aceptar el mismo corte de deuda (“haircut”) que otros acreedores.
Sin embargo, hay un mínimo consenso internacional en torno a las exigencias. Una de las más importantes se refiere a que el Banco Mundial debería proporcionar más dinero para la protección del clima. Dicha exigencia adquirió mayor relevancia en la COP27 en Egipto donde se solicitó que el Banco Mundial se posicione con más fuerza para abordar los “desafíos globales”.
Para ello, es necesario renovar el modelo vigente de financiación y habrá que formular condiciones crediticias más favorables, entre otras medidas, que fomenten las inversiones en bienes públicos.
