Por: Ricardo Barrientos
Las prácticas autoritarias y la simpatía por la dictadura, son retrocesos que minan el incipiente proceso democrático centroamericano, cercenando las esperanzas de las grandes mayorías.
Sin duda, el caso más trágico y angustioso es el nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega se erige ya como una vergüenza mundial, en el que la represión ha alcanzado, y posiblemente superado, la que Nicaragua sufrió durante la dinastía Somoza. Una situación peculiar, porque Daniel Ortega no solo ha traicionado los ideales revolucionarios que una vez juró defender, ha expatriado y arrancado la nacionalidad formal a sus antiguos correligionarios y compañeros de lucha sandinista, la auténtica, sino que se ha metamorfoseado en el propio Somoza, el dictador que él ayudó a derrocar en ese cada vez más lejano julio de 1979. Fraude electoral, encarcelamiento de opositores políticos, cierre de universidades y desaforo institucional del sector privado, son solo algunos de los puntos más vergonzosos en el largo listado de vejámenes que sufre hoy Nicaragua.
Pero la dictadura de Daniel Ortega no es el único caso preocupante de regímenes autoritarios y antidemocráticos en Centroamérica. Quizá le siga el de Nayib Bukele en El Salvador. Caracterizado por una altísima popularidad, Bukele está gozando del sueño dorado de todo dictador, la aprobación y simpatía de la mayoría de la población de su país. Ganada a base de una figura millennial atractiva y algunos resultados en términos de seguridad, con un estado de excepción que ha violado los derechos humanos de cientos de inocentes, el precio que El Salvador está pagando a por un poco de tranquilidad, alivio a la desesperación por la el terror de la violencia pandillera. Al punto que las escenas recientes del campo de concentración de pandilleros, llamada prisión de máxima seguridad, escandaliza y horroriza a todo el mundo, menos a El Salvador.
Con un perfil menos extravagante, y, por mucho, menos popular que Bukele, Alejandro Giammattei no se queda atrás en Guatemala. Hoy podría hablarse de un proceso de Orteguización del régimen de Giammattei, el cual ha venido ejecutando una campaña de acoso y persecución penal espuria en contra de jueces y fiscales anticorrupción, organizaciones independientes de la sociedad civil, periodistas, y hace solo unos pocos días, atacó a un candidato presidencial por haber accionado en defensa del derecho de libertad de expresión y de la prensa independiente, asestando un golpe más a un proceso electoral en 2023 sumido en una crisis de carencia de credibilidad y legitimidad. Al igual que los regímenes de Bukele y Ortega, la capacidad para realizar estas acciones autoritarias y represivas no ha sido instantáneo, sino un proceso lento, gradual y sostenido de captura de las entidades del Estado y la destrucción de los valores y las instituciones democráticas.
En el caso guatemalteco ha sido clave la connivencia y complicidad de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que, junto a un grupo de agentes fiscales corruptos, ha convertido a la fiscalía guatemalteca en la principal herramienta de acoso y represión de voces críticas, independientes y democráticas. Además, figuran grupos de derecha extrema y radical, de verdadero corte fascista, que se dedican a acosar, amenazar y desprestigiar en las redes sociales a las víctimas del régimen bruto y represor, los cuales son financiados por grupos de empresarios inescrupulosos, que como la historia ha demostrado en repetidas ocasiones, se benefician de las dictaduras y los regímenes autoritarios, los cuales, a cambio de un poco dinero, les granjean sendos privilegios y ventajas.
Ante la casi inexistente popularidad y simpatía ciudadana que caracteriza al presidente guatemalteco, en contraste con su par salvadoreño, Giammattei mantiene el apoyo político de una red extensa de ministros, diputados, alcaldes, jueces, fiscales, empresarios, exmilitares, narcotraficantes y líderes religiosos fundamentalistas de corte neopentecostal, popularmente conocida como el Pacto de Corruptos, a base de privilegios y la malversación masiva del presupuesto público. Así, el caso guatemalteco ilustra la relación muy estrecha entre dictadura, autoritarismo y otras expresiones antidemocráticas, y la omnipresente corrupción. Cuando el dictador no goza de la simpatía popular, debe comprar cuotas de poder a sectores que están dispuestos por un precio.
La Honduras gobernada por Juan Orlando Hernández, hoy extraditado y juzgado en los Estados Unidos por delitos asociados con el narcotráfico, fue otro de los casos más vergonzosos y preocupantes de la región. Sin embargo, el cambio de gobierno por la vía democrática, luego del triunfo electoral de la actual presidenta Xiomara Castro, supuso para la región una esperanza. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de la presidenta Castro empieza a mostrar inclinación por las prácticas antidemocráticas de sus vecinos. Ya se puede hablar de riesgo de Bukelización del gobierno hondureño, toda vez, pareciera estarse dejando seducir por la idea de ganar popularidad con medidas represivas y violatorias de los derechos humanos como el combate a las pandillas con estados de excepción y capturas masivas, en las que seguramente logran detener a varios pandilleros, pero al costo de cientos de víctimas inocentes.
Ante la reducción aguda de los espacios cívicos y las garantías democráticas fundamentales como los derechos a la libre expresión del pensamiento, organización y protesta pacífica, las fuerzas democráticas centroamericanas necesitan el apoyo valiente y decidido de la comunidad internacional. Sin embargo, las preocupaciones globales parecen centrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto con peligro constante de escalar a una tercera guerra mundial, involucrando a las súper potencias con arsenales de armas de destrucción masiva. En el entorno regional, el gobierno estadounidense del presidente Biden parece más preocupado por las dificultades de reelegirse en las elecciones de 2024, plegándose a los discursos xenófobos y medidas de criminalización de la migración irregular, mientras voltea a ver en una actitud casi tolerante a la corrupción y el autoritarismo rampantes, en lo que solía ser una de sus principales áreas de influencia, su patio trasero.
Semejante panorama nos recuerda una realidad que no debemos ignorar: solo las y los centroamericanos podremos salvar a Centroamérica de otra tragedia como las guerras civiles y las dictaduras militares sufridas unas pocas décadas atrás.
