El auge de los militares en América Latina

Por: Rebecca Bill Chávez/nodal.com

En vista de la recesión democrática global que atestiguamos, no podemos darnos el lujo de ignorar la creciente militarización de las sociedades latinoamericanas, que además coincide con algunas tendencias intolerantes en otras partes del mundo. Tras el desacertado comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible asignación de fuerzas militares para resguardar la frontera sur del país, esta semana el gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los principios centrales de Estados Unidos: puede denunciar lo que ya es un reto para la democracia liberal en gran parte de América Latina, la militarización de las fuerzas policiacas.

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Mientras está en su primer viaje a América del Sur como secretario de Defensa, James Mattis tiene la oportunidad de reafirmar el apoyo de Estados Unidos al mejor método para combatir el crimen y la violencia: la reforma judicial y de la policía. Es el momento idóneo para resaltar los peligros de la militarización. Tres de los cuatro países incluidos en el itinerario del secretario —Brasil, Argentina y Colombia— ya han recurrido, en distintas medidas, a sus fuerzas armadas para garantizar la seguridad nacional. y, de hecho, puede agravar la inseguridad de los ciudadanos.

Mattis comenzó su viaje en el Cono Sur el 12 de agosto y después viajará a Colombia. En vista de la participación histórica del Ejército en represiones en Brasil y Argentina durante las dictaduras de la Guerra Fría, desplegar a las fuerzas armadas como apoyo y, en algunos casos, como remplazo de la policía, es una decisión particularmente alarmante. Las operaciones militares en las favelas de Brasil ya se han hecho frecuentes y actualmente el Ejército brasileño está a cargo de la fuerza policiaca de Río de Janeiro. El candidato que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil, que se celebrarán en octubre, es el capitán retirado Jair Bolsonaro. Lo más probable es que, de ganar, asigne más soldados al combate del crimen. Después de todo, el militar retirado ha sugerido que las fuerzas de seguridad deberían contar con mayor impunidad para dispararles a los criminales y ha expresado nostalgia por los veintiún años de dictadura militar en Brasil, a los cuales se refiere como “una época de gloria”.

Por su parte, Argentina ha dado los primeros pasos para comenzar a depender del Ejército en cuestiones de seguridad interna. El mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció que enviaría tropas a la región de la frontera norte para trabajar en colaboración con la policía en el combate al narcotráfico. En cuanto a la situación de Colombia tras el acuerdo de paz, el presidente Iván Duque seguirá recurriendo a las fuerzas armadas en la lucha continua contra los grupos criminales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se han negado a deponer las armas.

El motivo para recurrir al Ejército es que la policía, que muchas veces no cuenta con suficiente presupuesto y está plagada de corrupción, no ha logrado mejorar la situación de extrema inseguridad ciudadana.

La necesidad de seguridad es urgente e innegable, pero el caso de México demuestra que el Ejército no es la solución.

Aunque América Latina representa solo el ocho por ciento de la población mundial, registra el 33 por ciento de los homicidios a nivel global. La proporción de homicidios en América Latina es de 21,5 por cada 100.000 ciudadanos, más del triple del promedio global de ocho. El número de homicidios en Brasil alcanzó un récord el año pasado, cuando se ubicó en 31 por cada 100.000 habitantes, y la proporción para Colombia es de 27 por cada 100.000 habitantes. A pesar de que en Argentina este porcentaje es mucho menor, pues se registran menos de siete homicidios por cada 100.000 habitantes, el 27 por ciento de los argentinos reportaron haber sido víctimas de algún delito el año pasado. No sorprende que Brasil y Colombia también presenten tasas altas de delincuencia, del 24 y el 25 por ciento, respectivamente.

La necesidad de seguridad es urgente e innegable, pero el caso de México demuestra que el Ejército no es la solución. Desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asignó a las fuerzas armadas a encabezar el combate contra las organizaciones criminales, tanto la violencia como la delincuencia han aumentado de manera drástica. El año pasado, la cantidad de homicidios llegó a 25 por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto desde que el gobierno mexicano comenzó a llevar registro. El 48 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en su propio vecindario y el 19 por ciento cree que debe mudarse por temor al crimen.

El caso de México también demuestra que desplegar al Ejército en las calles conduce a abusos de los derechos humanos. La doctrina militar no se orienta hacia las responsabilidades policiacas, y desde 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha reportado casi 10.000 quejas por abusos a los derechos humanos cometidos por el Ejército, incluidos casos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. En mis conversaciones con funcionarios militares mexicanos de los rangos más altos, el tema común es que desean abandonar las funciones policiacas para poder dedicarse a las actividades tradicionales de defensa. Reconocen que, mientras más tiempo sigan realizando operaciones en las calles, su reputación puede dañarse más.

La historia de México revela otro peligro importante: en cuanto un país elige el rumbo de la militarización, es difícil cambiar de curso. Tanto México como Colombia son ejemplos de que recurrir al Ejército debilita el incentivo para fortalecer a la policía. Cuando Calderón desplegó al Ejército hace doce años, era una medida a corto plazo. Sin embargo, el año pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior en México, que oficializa el papel del Ejército en las funciones de seguridad pública del país, y normaliza y prolonga más la militarización.

En sus reuniones bilaterales y declaraciones públicas, el secretario Mattis debe poner énfasis en que Estados Unidos respalda la idea de replantear el sistema policiaco y fortalecer el sistema de justicia penal para acabar con la impunidad que afecta gran parte de América Latina. En tanto las naciones no cuenten con la capacidad institucional para lograr que los delincuentes rindan cuentas de sus actos, será imposible garantizar la seguridad ciudadana. Por su parte, los gobiernos solo dejarán de encomendarle al Ejército la misión de mantener la seguridad interna si la policía tiene las capacidades y los incentivos necesarios para cumplir con su responsabilidad legal de garantizar la seguridad pública.

(*) Fue subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental entre 2013 y 2017. Actualmente, es investigadora estratégica sénior para América Latina en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts.