Por: Jennifer Moore y Karen Spring
Mientras el gobierno de Estados Unidos bombardea barcos y asesina a civiles en el Caribe y el Océano Pacífico — y ahora ha invadido ilegalmente Venezuela y secuestrado a su presidente y a la primera dama bajo acusaciones infundadas de narcoterrorismo — desplegó una campaña injerencista en las elecciones hondureñas del 30 de noviembre de 2025, que está incitando a un retorno a la narcopolítica al país.
En los días previos a las elecciones, el presidente Trump respaldó públicamente al candidato derechista del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, para la presidencia, y al día siguiente de las elecciones indultó a un importante narcotraficante y antiguo aliado de Estados Unidos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Tres semanas después, el día de Nochebuena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Asfura presidente electo.
Cabe destacar que, hasta que Trump dio su apoyo a Asfura, no se le consideraba un candidato serio. Además, dado un empate técnico de menos de 30 000 votos entre Asfura y el candidato del Partido Liberal, la declaración del CNE es muy cuestionable, ya que se produjo antes de que se verificaran completamente los resultados, se revisaran varias inconsistencias y se investigaran los fallos tecnológicos del software de transmisión electoral.
Como resultado, los líderes de los movimientos sociales y los observadores electorales independientes, consideran que los resultados son ilegales y una imposición extranjera que socava completamente la democracia electoral y representa un pacto entre la élite adinerada y la clase empresarial hondureñas, con el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos extranjeros. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, al igual que el partido LIBRE, han presentado un recurso formal para impugnar los resultados.
Forzar al Partido Nacional a volver al poder sin duda dará lugar a la reinstauración de un narcoestado y un modelo de inversión que favorece una vez más las inversiones de tipo mafioso — una agenda corporativa perjudicial para las personas afectadas y las arcas públicas, plagada de corrupción e irregularidades, entrelazada con los intereses del crimen organizado y la represión.
Documentamos estas prácticas en mucho detalle como coautores del informe de octubre de 2024 Inversiones Mafiosas Contra Honduras.
En el informe, el Programa de Economía Global del IPS, la Red de Solidaridad con Honduras, el Transnational Institute y TerraJusta, describen cómo las políticas y proyectos perjudiciales impuestos durante la narcodictadura liderada por Hernández, ahora indultado, y el Partido Nacional, siguen proyectando una sombra devastadora sobre los intentos de Honduras de restaurar la estabilidad económica.
Durante los breves cuatro años del mandato de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), se hicieron esfuerzos para revertir algunas de las políticas más atroces, como la creación, muy impopular, de las ciudades modelo conocidas como ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que actualmente ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Aunque el destino de estas demandas aún está por verse, es seguro que las inversiones e intereses corporativos similares impuestos bajo la narcodictadura (2009 a 2022), seguirán adelante con menos obstáculos bajo el gobierno hondureño de 2026-2030.
Injerencia directa de Trump
Setenta y dos horas antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, Trump publicó un mensaje en Truth Social expresando su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura. En el mismo mensaje, prometió indultar a Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión en junio de 2024, por conspirar para traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y por cargos relacionados con armas.
Mientras Hernández ocupó el cargo de presidente del Congreso de 2010 a 2014 y luego como presidente de Honduras de 2014 a 2022, no solo buscó meterles las drogas (en sus palabras) “directamente en la nariz a los gringos”, sino que utilizó sus poderes presidenciales para favorecer a ciertos cárteles de la droga y bloquear las investigaciones sobre sus actividades, utilizar los puertos y el espacio aéreo de Honduras para transportar drogas hacia el norte y proporcionar contratos estatales a sus socios narcotraficantes para facilitar el lavado de dinero.
Hernández también supervisó un régimen que reprimió al pueblo hondureño con el fin de imponer políticas y proyectos que favorecieron a las redes de corrupción, así como a las empresas nacionales y transnacionales que buscaban beneficiarse.
Después de que Trump firmara su indulto el 1ro de diciembre, Hernández fue inmediatamente liberado de prisión. Trump publicó sucesivos mensajes en las redes sociales para favorecer a Asfura y amenazar a los hondureños con que Estados Unidos cortaría la ayuda exterior al país centroamericano si el candidato del Partido Nacional no era declarado ganador de las elecciones presidenciales hondureñas. Honduras depende en gran medida de la ayuda y los préstamos internacionales.
El lobby corporativo detrás de la injerencia estadounidense
En referencia explícita a los posibles intereses corporativos detrás de la intromisión de Trump, la revista estadounidense Mother Jones informa cómo “el asesor de Trump desde hace mucho tiempo, Roger Stone — el delincuente convicto y ahora indultado y estratega político” — presionó para que se indultara a Hernández con el fin de garantizar que el próximo gobierno hondureño fuera más favorable a los intereses corporativos estadounidenses. El mismo artículo cita un blog de enero de 2025 en el que Stone menciona esto como útil para salvar “el experimento Próspera”, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) extranjera, que cuenta con la inversión de los oligarcas tecnológicos alineados con Trump, Peter Thiel, de PayPal y Palantir, y el capitalista de riesgo Marc Andreessen. La ZEDE es una forma de ciudad-estado privatizada impulsada, en particular, por la élite tecnológica libertaria que quiere vivir al margen del control gubernamental.
El New York Times también ha señalado que el exdirector de campaña de Trump en 2020, Brad Parscale, “trabajó con consultores que ayudaron a dirigir la campaña presidencial de Nasry Asfura antes de las elecciones”.
El Grupo Próspera, con sede en Estados Unidos, es uno de los numerosos inversionistas que se beneficiaron de la narcodictadura, cuyos persistentes esfuerzos impulsaron un marco legal para la ZEDE con el apoyo de Juan Orlando Hernández, y que fue muy controvertido en todo el espectro político de Honduras. Fue derogada por la actual administración de Xiomara Castro y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Honduras en septiembre de 2024. En respuesta a estas medidas del gobierno de Castro y a la resistencia a las ZEDE liderada por la comunidad desde hace mucho tiempo, en 2022 el Grupo Próspera presentó una demanda de 10 800 millones de dólares contra el Estado hondureño. El caso está pendiente y ahora se valora en 1600 millones de dólares.
El informe Inversiones Mafiosas Contra Honduras examinó a Próspera y a más de una docena de otras empresas transnacionales que han presentado demandas por miles de millones de dólares contra Honduras, lo cual ha sido posible gracias a los privilegios corporativos exclusivos incorporados en los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, una ley nacional de inversión aprobada después del golpe de Estado de 2009 y una serie de contratos. Estas demandas impagables para un país como Honduras son otra forma en que las corporaciones extranjeras intentan chantajear a los gobiernos para que negocien bajo coacción o tomen decisiones que les beneficien.
Massimo Mazzone, que recientemente presentó una demanda millonaria contra Honduras por su inversión en el proyecto ZEDE conocido como Ciudad Morazán, confirma en una entrevista con el podcast Free Cities que el sector ZEDE esperaba la derrota del gobierno de Castro. Sin embargo, incluso entonces, afirma que “el pozo está envenenado” contra las ciudades modelo en Honduras, especialmente teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de 2024 contra la ZEDE. Anticipa que Próspera seguirá adelante con su arbitraje y utilizará su demanda impagable para Honduras, como una palanca para buscar un acuerdo negociado con el gobierno con el fin de seguir adelante con su proyecto.
El asalto corporativo se intensifica
La difícil crisis electoral, que aún se está desarrollando, augura un escenario aún más difícil durante 2026 para el pueblo hondureño, los movimientos sociales y las comunidades afectadas por megaproyectos que amenazan sus territorios, sus tierras, su agua y su bienestar.
Como señala el equipo de observadores electorales organizado por Global Exchange, la Red de Solidaridad con Honduras y CESPAD en un informe publicado antes de la declaración del ganador de las elecciones presidenciales, “independientemente de si el vencedor final es el Partido Nacional o el Partido Liberal, [esto representará] un retroceso tangible y peligroso para los derechos y el bienestar de la población hondureña. Este escenario, basado en precedentes históricos, amenaza con profundizar los patrones de despojo, afianzar la impunidad e incluso revertir los logros más limitados en materia de derechos humanos”.
Además, el indulto a Juan Orlando Hernández, que las organizaciones del movimiento social hondureño señalan que no equivale a la inocencia, “abre la puerta a la restauración de las redes de poder que se formaron en torno al narcotráfico, la corrupción y la captura del Estado” durante la dictadura de Hernández, según informa Criterio.
Miroslava Cerpas, presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras, ha advertido: “En estas elecciones, hemos observado que, desde el 28 de noviembre, cuando se anunció el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, se ha producido un levantamiento de los grupos criminales, las maras y las pandillas —que eran el brazo armado del cártel de Hernández— para intimidar a la gente y que no ejercieran su derecho al voto, para que no votaran al Partido Libre (o para que votaran específicamente al Partido Nacional)”.
The Intercept documentó además que miembros de la pandilla MS-13, designada como organización terrorista extranjera por la administración Trump, intimidaron y amenazaron a posibles votantes para persuadirlos de que votaran por Asfura en lugar de por Libre.
A pesar de estas graves evidencias del empeoramiento de la violencia sistémica, la Organización de Estados Americanos (OEA) omitió cualquier referencia a una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Honduras en su comunicado del lunes 15 de diciembre. Esto no hace más que intensificar el «olor a fraude», que recuerda a los días posteriores al golpe de Estado respaldado por los militares en 2009 contra el entonces presidente Mel Zelaya y la espiral de violencia y represión que siguió.
A pesar de este contexto de incertidumbre y miedo, las redes de apoyo mutuo, la resistencia comunitaria y el movimiento social liderado por hondureños y hondureñas, se están movilizando de nuevo contra el legado de corrupción, abuso y violencia bajo la narcodictadura de Juan Orlando Hernández.
Este momento exige igualmente una mayor solidaridad internacional y la condena del continuo ataque corporativo contra Honduras y la agresión que Estados Unidos ha desplegado en toda la región en nombre de la lucha contra las drogas y el terrorismo, y como parte de un intento abierto de afirmar su dominio en el hemisferio a través de la Doctrina Monroe, con la complicidad de otros gobiernos del Norte Global cuyas corporaciones también se benefician de la continua desestabilización de Honduras.
