Por: Ricardo Castaneda Ancheta
Economista sénior, Icefi
La mayoría de personas en Centroamérica, en este 2022, ha perdido poder adquisitivo, es decir que en un contexto donde la generalidad de productos está más cara, especialmente los alimentos, y los ingresos no han crecido, cada vez se pueden adquirir menos bienes y servicios. Esto se suma a que todavía los efectos de la crisis provocada por la pandemia se siguen sintiendo. Es decir que, en realidad, se están percibiendo los efectos de una suma de crisis que terminan afectado a la mayoría de la población.
Para algunos pocos, esto implica que el viaje de vacaciones en el tour habitual por Europa tenga que ser más corto, pero para la mayoría de familias, implica un deterioro en el bienestar e incluso representa comer menos o no comer en muchos casos. Las estimaciones indican que la pobreza en la región aumentará, la cual podría venir acompañada de un aumento en la inseguridad alimentaria y la desigualdad. Y la verdad es que la situación no es peor en la región gracias al enorme flujo de remesas que se sigue recibiendo.
Las perspectivas para 2023, muestran que, si bien las tasas de inflación podrían ser menores a las de este año, seguirían reduciendo los ingresos de las personas, en términos reales. A esto se suma, que, para el próximo año, se espera que la economía mundial se desacelere y particularmente en Estados Unidos los temores son cada vez más grandes para que se dé una recesión económica, lo cual impactaría negativamente en los países de la región por la alta dependencia que se tiene con el país del norte, tanto en el tema de las exportaciones, las remesas y la atracción de inversión extranjera directa por mencionar algunos.
Además, en el caso de las economías centroamericanas, a excepción de la hondureña, se proyecta que se sigan desacelerando, es decir que crezcan menos de lo que se espera para 2022. De acuerdo con las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2023, Panamá crecería 4.0%, Honduras 3.5, Guatemala 3.2, Nicaragua 3.0, Costa Rica 2.9 y El Salvador apenas 1.7. A esto hay que sumarle los problemas estructurales de la región como alta vulnerabilidad ambiental, baja cobertura de los servicios públicos, altos niveles de informalidad, inseguridad y grandes brechas de género, por mencionar algunos.
¿Por qué traer a colación todo este contexto? Porque actualmente se están discutiendo los proyectos de presupuesto en todos los países de la región y los presupuestos públicos son el instrumento clave para minimizar todos los efectos negativos antes mencionados, pero sobre todo para proteger a los grupos más vulnerables.
Por ejemplo, en los presupuestos es donde se define si habrá más dinero para propaganda o para medicinas, más para armas o para libros. Si habrá más transparencia en el manejo de los recursos público o más opacidad. También donde se establece quienes van a financiar el presupuesto a través del pago de los impuestos o a quienes se les dará el privilegio de que no lo hagan. Y donde se indicará cuánta deuda se contratará, para qué se usará y con quién se adquirirá.
Lastimosamente en Centroamérica sigue dominando la idea de que la discusión de los presupuestos es para quienes saben, o que es solo competencia de los ministerios o secretarías de Hacienda o Finanzas de la región y de los diputados o congresistas. Por lo que no se generan espacios para la participación ciudadana. Por ello, no es de extrañar que, de acuerdo a la Encuesta de Presupuesto Abierto, de la International Budget Partnership en el área donde peor salen evaluados los países centroamericanos es en el de la participación ciudadana en el ciclo presupuestario.
Lejos de mejorar es lamentable ver cómo hay enormes retrocesos. Quizá el peor caso sea el de El Salvador, que, durante dos semanas, luego de que el Ejecutivo presentara el proyecto de presupuesto, se tuviera escondido y lo que se subió en el portal web de la Asamblea Legislativa fue un documento mal escaneado que dificulta la revisión por parte de la ciudadanía. Pero aún así ya se detectó que ese presupuesto trae recortes en las asignaciones de los hospitales y en programas sociales, mientras aumentan los recursos para la propaganda.
Por ello, es fundamental que la ciudadanía centroamericana se informe y exija que los presupuestos públicos que se vayan a aprobar respondan a las necesidades de las grandes mayorías. Que se establezcan los mecanismos adecuados para la rendición de cuentas y el control en el buen uso de los recursos públicos. También es urgente y necesario que las administraciones públicas, y los gobernantes del istmo, se comprometan con resultados concretos. El 2023 no pinta halagüeño, pero un buen presupuesto público, bien diseñado y ejecutado con responsabilidad, puede evitar que la crisis la sigan pagando los mismos de siempre: las personas más empobrecidas.
