Tegucigalpa, Honduras.- Dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, el Ejecutivo pretende que las secretarías de Estado, al igual que las instituciones desconcentradas y descentralizadas, puedan realizar contrataciones directas sin la autorización de la presidenta Xiomara Castro.

Así aparece consignado dentro de los artículos 289, 290 y 291 de las disposiciones generales del Presupuesto que envió la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional. En el documento, textualmente, el artículo 289 dice que “se autoriza a las Secretarías de Estado, e Instituciones Desconcentradas y Descentralizadas, para que, en el ejercicio de sus facultades, puedan contratar utilizando la modalidad de Contratación Directa, bajo procedimiento especial, sin que esta requiera de la autorización de la presidenta de la República”

Mientras que en el artículo 290 se especifica en qué casos las instituciones pueden realizar estas contrataciones, detallando lo siguiente: “La modalidad de Contratación Directa, bajo procedimiento especial, autorizada en el artículo anterior, aplica para la adquisición de bienes y servicios, suministros, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean necesarios para la ejecución de programas y proyectos de forma expedita, con la finalidad de atender las prioridades en tiempo y forma; generar mayor participación de prestadores de bienes y servicios; ahorros por mejores precios; dinamizar la economía y generar oportunidades de empleo”.

Sin embargo, un procedimiento especial para realizar las contrataciones directas, que, según la Ley de Contratación del Estado, solamente pueden realizarse en casos de emergencia.

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“El problema radica en que, al permitir que los ministros hagan compras directas, se abre una puerta a la corrupción, porque ahí he se puede beneficiar a quien usted quiera con toda la intencionalidad, se puede hablar de beneficiar a amigos o familiares, de coimas y conflictos de interés. En pocas palabras, el mismo ministro puede crear su empresa y volverse contratista del Estado, así de riesgoso”, explicó a Criterio.hn el economista y exsecretario de Planificación, Julio Raudales.

En estos momentos, en el Congreso Nacional está próximo a discutirse y aprobarse el Presupuesto 2023, que ascenderá a los L 392,519,733,991.00, una variación del 8.88% si se compara con los L 360,505,902,545.00 de 2022. El presupuesto se caracterizará por un alto énfasis en los sectores de seguridad y defensa, mientras que otros, como salud y educación, se verán relegados. También crecerá el presupuesto destinado a proyectos de asistencialismo que, ha advertido este medio digital, se financiará con préstamos de la banca multilateral.

COMPLETO RECHAZO

Pero más allá de ello, lo consignado en los artículos 289, 290 y 291 de las disposiciones generales del Presupuesto 2023 ha sido catalogado como una completa aberración, tanto por economistas y líderes de la oposición. Además de ello, y más importante aún, no ha encontrado eco en la Secretaría de Transparencia, que dirige Edmundo Orellana.

El 1 de diciembre de 2022, el vicepresidente de Comisión de Presupuesto y Finanzas del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, envió al secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, una carta contenida en el oficio ICPCN-018 mediante la cual le solicitó una propuesta de modificación a las disposiciones generales del Presupuesto 2023, “principalmente a lo concerniente a los procesos de compras y contrataciones a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE)”.

El 5 de diciembre la Secretaría de Transparencia emitió su pronunciamiento legal, exponiendo que los artículos 289, 290 y 291 deben ser eliminados y no considerados dentro del documentos final de presupuesto de ingreso y egreso, por “contravenir lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución de la República que establece que el Estado debe realizar sus procesos por medio de una licitación, concurso o subasta y contemplando como excepción únicamente los contratos por objeto atender emergencias y los que por su naturaleza solo pueden celebrarse con una persona determinada”.

Además, mencionó que autorizar a las instituciones del Estado a realizar contrataciones directas por medio de un procedimiento especial es una total violación a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia e igualdad y libre transparencia consignados en la Constitución de la República, el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y la Ley de Contratación del Estado.

Al mismo tiempo, indica que el artículo 290 permite la discrecionalidad de los funcionarios y limita la igualdad y competencia, que son dos principios rectores de las contrataciones del Estado.

Dentro de sus conclusiones, la Secretaría de Transparencia también planteó que las compras directas no fomentan la planificación y ejecución ordenada en las instituciones, por lo que es un proceso que la ley únicamente contempla en casos de emergencias y situaciones excepcionales.

El propio secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, declaró a medios locales que “nosotros nos habíamos opuesto en dos oportunidades, emitiendo dictámenes en los que fijábamos que estábamos en contra durante las reuniones que sostuvimos con la Secretaría de Finanzas. No podríamos estar a favor de una propuesta como esta”.

ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL CONGRESO

La Comisión de Presupuesto y Finanzas del Congreso Nacional presentará en los próximos días el dictamen del Presupuesto 2023 y, aunque la intención del Ejecutivo ha encendido las alarmas en la ciudadanía, la apertura de la comisión de dictamen con las instituciones del Estado ha generado esperanza.

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El vicepresidente de la comisión, Hugo Noe Pino, declaró que “esos artículos van a ser eliminados o reformados, esto ya se había señalado. Cuando hay un presupuesto abierto a discusión y escrutinio público, como es el caso, es normal que surjan aspectos de discusión como estos”.

En esa misma línea se pronunció Julio Raudales, quien declaró, en conversación con este medio digital, que “al menos ha quedado claro que existe la voluntad del Congreso de eliminar estos artículos que existen en las disposiciones generales y que no debieron colocarse nunca porque atenta contra los principios de transparencia”.

Otros sectores, como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), han advertido que, si a los secretarios de Estado se les da vía libre para realizar contrataciones directas, automáticamente se estará contradiciendo la política anticorrupción que ha pregonado el gobierno de Xiomara Castro. Sin embargo, será el Legislativo quien tendrá la palabra final.