Por: Sam Adler-Bell
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Nueva York. Una tarde, en septiembre de 2014, John Prince escuchó un gritó a través de la ventana. Salió a la calle. En la acera delante de su casa, un primer piso en la avenida Elmwood en Providence, Rhode Island, dos agentes de policía de paisano estaban interrogando con agresividad a dos mujeres jóvenes. «Los polis estaban siendo realmente groseros», dijo Prince, «las estaban intimidando con preguntas como ‘¿Qué lleváis en el bolso?’ y ‘¿De dónde venís?'». Ordenaron a las mujeres que se sentaran en el bordillo. Prince dice que vio a uno de los agentes meter las manos en la cinturilla del pantalón de chándal de una de ellas.
«No debes hacer eso», le llamó la atención Prince. El agente se volvió, le dijo que se metiera en sus asuntos y se largase. Pero John Prince, que lleva en Providence 45 años, no se largó. Es negro y uno de los coordinadores de la organización comunitaria de base Acción Directa por los Derechos y la Igualdad (DARE , por sus siglas en inglés). (Nota: El autor ha sido voluntario en DARE, donde conoció a Prince hace pocos años). Él y sus vecinos llevan décadas luchando para hacer frente a un sistema legal criminal que, en sus propias palabras, «trata a las personas de color como si siempre hubieran hecho algo malo de antemano«.
En lugar de «largarse», Prince hizo lo que cada vez está haciendo más gente en comunidades con una fuerte presencia policial cuando les parece que están ante un caso de mala actuación por parte de la Policía. Entró, cogió su teléfono móvil y volvió a salir a grabar.
«¿Por qué haces eso?», le preguntó uno de los agentes, esta vez enojado.
«No me gusta cómo están tratando a estas mujeres», contestó Prince. El poli le dijo a Prince que él y sus compañeros estaban trabajando de manera encubierta y le dio instrucciones para que dejara de grabar. Prince insistió en que tenía derecho a grabarlos. El agente le pidió a Prince la identificación.
«¿Para qué la quieren?», preguntó Prince.
«Quiero saber quién me está grabando», respondió el poli. Prince sabía que no tenía porqué mostrarle su DNI. Se negó.
Mientras discutían se aproximó otro agente. Al ver que Prince llevaba un gorro con Barack Obama el tercer poli gritó «¡Eh, Obama!» El chiste no relajó los ánimos.
El primer agente volvió a pedir a Prince su DNI, con mayor contundencia. En ese momento Prince sintió un pinchazo de miedo. Retrocedió unos pasos.
Entonces, el policía al mando gritó «¡Agarrad ese teléfono!», y los otros dos polis saltaron la valla que separaba la acera del patio y fueron a por Prince. Él se dio la vuelta y echó a correr hacia su casa.
Según Prince, los polis lo alcanzaron en el portal. Uno de ellos lo arrojó contra la pared lastimándole gravemente el cuello. Al intentar llegar hasta la puerta de su piso uno o dos de los polis le agarraron y le tiraron al suelo. Los pantalones se le bajaron hasta las rodillas cuando empujaron su cara contra el suelo. Alguien le quitó el teléfono de la mano.
En sus declaraciones a asuntos internos, los agentes admiten haber saltado la valla y haber perseguido a Prince. No dicen qué iban a hacer si le cogían. La Policía asegura que Prince se tropezó en las escaleras que conducían a su casa y se cayó en el portal. Los detectives Francisco Guerra y Louis Gianfrancesco, los agentes que le persiguieron, dicen que se detuvieron en el umbral del edificio y se dieron la vuelta. Gianfrancesco dice que encontró el teléfono de Prince en los escalones y lo puso en el maletero del coche de Guerra. Niegan haberlo manipulado.
Sin embargo, Lisa Reels, que se encontraba en el piso de Prince mientras todo esto ocurría, afirma que oyó cómo los agentes derribaban a Prince. Cuando se asomó a ver lo que pasaba Prince estaba en el suelo con los pantalones en los tobillos. Los polis estaban al otro lado de la puerta.
Decidido a recuperar su teléfono –y el video–, Prince volvió a la calle. Allí dice que vio a uno de los polis borrar el video y lanzar el teléfono a la maleza.
«Eso es lo que te pasa por meterte en los asuntos de la Policía», dijo otro poli.
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Los reporteros hablan de una «epidemia» de violencia policial en las comunidades negras. Pero no hay tal, al menos en el sentido de la palabra que aparece en el diccionario: enfermedad que estalla en un determinado momento. La idea de un «brote» de violencia policial –que comenzaría con el asesinato de Michael Brown en 2014, o el de Ramarley Graham en 2012, o el de Oscar Grant en 2009– confunde el momento en que muchos estadounidenses blancos se vieron obligados a empezar a prestar atención a esta crisis con el momento en que surgió.
La violencia policial no es nueva –tampoco lo es la impunidad que le brinda el sistema judicial– pero sí lo es el actual nivel de preocupación pública por su prevalencia. Y los actos individuales de grabar a la Policía han jugado un gran papel en ese cambio.
«Hay una nueva conciencia debido a las redes sociales y las cámaras», dijo el presidente Obama el 28 de abril, con el tono cauteloso que lo caracteriza, «sobre los problemas y desafíos que existen en la manera como actúa la Policía y como se aplican las leyes en ciertas comunidades, y tenemos que estar atentos y responder».
Las protestas en Baltimore fueron alimentadas, en parte, por el video que grabó alguien que pasaba y vio a los polis arrastrando a Freddie Gray esposado al interior de la furgoneta. En él puede oírse al joven de 25 años chillando de dolor. Al llegar a la comisaría no respondía a ningún estimulo y murió una semana después.
Unas semanas antes Walter Scott padre, a cuyo hijo disparó por la espalda el agente de policía Michael Slager en North Charleston, Carolina del Sur, dijo que al ver las imágenes de la muerte de su hijo: «Me desplomé y mi corazón estaba destrozado», pero también señaló que «agradecía a Dios» que alguien hubiera grabado aquel video. Sin él, las verdaderas circunstancias de la muerte de su hijo, añadió, «nunca saldrían a la luz. Las habrían escondido bajo la alfombra, como hicieron con muchos otros».
William Murphy, el abogado de la familia de Freddie Gray, se hizo eco de ese sentimiento el 27 de abril. «Gracias a Dios por las cámaras de los teléfonos móviles», dijo, «porque ahora la verdad está saliendo a la luz. Y es horrible».
Durante décadas, manifestó Jay Stanley, analista político de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), «ha sido la palabra de los agentes de policía uniformados contra la palabra de los delincuentes acusados, que suelen ser pobres, negros o pertenecer a otras minorías. Los jueces, los fiscales y el público se han colocado históricamente del lado de la Policía». Pero los videos –normalmente grabados con teléfonos móviles con cámara– están empezando a cambiar ese hecho. «Se ha producido un cambio», añadió Stanley, «en lo que la gente está dispuesta a creer».
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Sin embargo, en la celebración mediática de los videos como baluarte contra la brutalidad policial apenas se ha abordado el hecho mismo de que apuntar la cámara hacia un poli a veces es respondido con brutalidad, sobre todo cuando, como en el caso de John Prince, la persona detrás de la cámara es negra.
La historia de Prince resulta familiar para Aidge Patterson, encargada de coordinar un programa [comunitario de lucha contra la violencia policial] Cop Watch de la [coalición de organizaciones de base] People’s Justice en la ciudad de Nueva York, que se ocupa de formar a particulares y de organizar grupos de vecinos que vigilen sus barrios y documenten los encuentros con la Policía.
«Cuando nos desplegamos en equipo es raro que veamos violencia policial. Normalmente, al vernos con nuestras camisas a juego, disciplinados y organizados se comportan de la mejor manera posible», explicó Patterson a Truthout.
Y ese es el punto. «La prioridad es evitar que algo llegue a suceder», añadió.
Pero eso no suele funcionar cuando los vecinos graban a la Policía por su cuenta. Quienes vigilan a la Policía a nivel particular a menudo son detenidos y acusados de delitos menores como desorden público, obstrucción a la justicia o violación de la propiedad. «Es intimidación» señaló Patterson. «Saben que la gente no quiere ir a la cárcel, aunque después salgan libres sin cargos».
La página web » Photography Is Not a Crime » recoge y mantiene un archivo de videos de la brutalidad policial, muchos de los cuales muestran a la Policía acosando a la persona que lleva la cámara. En un video reciente filmado en Vineland, Nueva Jersey, puede verse a los agentes azuzando un perro policía contra Phillip White, de 32 años, cuando este ya había sido golpeado y parecía haber sido reducido. Uno de los agentes se aproxima en ese momento a la persona con la cámara y dice: «¿Viste lo que ocurrió? ¿Todo? De acuerdo, voy a necesitar tus datos y me voy a quedar con tu teléfono». Phillip White murió a causa de las lesiones que sufrió durante el enfrentamiento.
Ramsey Orta –que grabó al agente del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) Daniel Pantaleo asfixiando a Eric Garner hasta matarlo– ha sido detenido dos veces desde el asesinato de Garner en julio de 2014. Su madre, su hermano y su esposa también han sido detenidos . La tía de Orta, Lisa Mercado, declaró a Democracy Now! que después de la muerte de Garner y de forma regular pasaban coches patrulla por delante de su casa en mitad de la noche y dirigían sus focos hacia las ventanas. Orta salió de [la cárcel de] Rikers en abril, cuando los fiscales retiraron una impugnación que le habría impedido pagar la fianza con el dinero recaudado gracias a los donativos en línea. Cree que tanto él como su familia han sido el objetivo del NYPD en represalia por haber grabado el asesinato de Garner.
Y Feidin Santana –que grabó el video que condujo a la detención del agente Michael Slager por el asesinato de Walter Scott– cuenta que al principio pensó en borrar las imágenes y abandonar la ciudad por miedo a las represalias de la Policía. «Lo primero que me dijo … fue, ¿cómo puedo conseguir protección?», declaró a NBC News el abogado de Santana. «Qué hace alguien cuando quienes se supone que tienen que protegernos se vuelven contra nosotros?»
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Sus temores están bien fundados. Jay Stanley, de la ACLU, afirmó: «Existe un patrón persistente y generalizado según el cual los agentes encargados de garantizar el cumplimiento de la ley ordenan a la gente que deje de sacar fotos o grabar videos en lugares públicos y acosan, retienen y detienen a los que no cumplen con este requerimiento». La ACLU ha ayudado a la gente a demandar a los departamentos de policía de Boston, Portland, Filadelfia y otras ciudades por violar su derecho a grabar a agentes de policía.
Stanley explica que la propia ley es «perfectamente clara»: tienes el derecho constitucional de grabar a la Policía en lugares públicos siempre que no interfieras en su trabajo. El Departamento de Justicia estadounidense está de acuerdo, tal y como queda de manifiesto en una declaración de intereses de 2012:
El derecho de grabar a los agentes de policía mientras desempeñan sus funciones en un lugar público, así como el derecho de ser protegido de la confiscación y destrucción de dichas grabaciones sin orden judicial, no solo están indicados en la Constitución. Se ajustan a nuestras ideas fundamentales de libertad, promueven la rendición de cuentas de nuestros funcionarios de gobierno e infunden confianza en los agentes de policía que están a nuestro servicio a diario.
Aunque solamente cuatro tribunales federales han reconocido explícitamente el derecho constitucional de grabar a la Policía, los expertos en derecho tienden a coincidir con el Departamento de justicia en que grabar un encuentro con la Policía está protegido por la Primera Enmienda. «Expresarse sobre cómo los funcionarios públicos desempeñan sus funciones está en el centro de las protecciones de la Primera Enmienda» señalaron Evan Bernick y Paul Larkin de la conservadora Heritage Foundation, «y grabar, por ende, debería tener un amplio espacio».
El verdadero problema, sugiere Stanley, no está en las leyes, sino en la voluntad de la Policía de ignorarlas, y la evidente licencia de la que gozan para hacerlo.
Aidge Patterson está de acuerdo. «La ley y los derechos que se supone que tienen las personas distan bastante de cómo se desarrollan las cosas en la realidad. Cuando la Policía detiene a nuestra gente por grabar, a los agentes no les pasa nada mientras que nuestra gente queda detenida o va a la cárcel. No hay nada que incentive a la Policía a no jodernos en primer lugar».
Este problema –el que interferir con el derecho ciudadano de grabar raramente tenga consecuencias graves para la Policía– es uno de los asuntos que los legisladores de Colorado están intentando resolver con un nuevo proyecto de ley dentro del llamado «Rebuilding Trust», un paquete de leyes para reformar la Policía que está pasando por la legislatura estatal.
El proyecto de ley contemplaría un «derecho privado de acción» de los habitantes de Colorado para demandar a la Policía por daños en materia civil, lo que supondría una sanción de 15.000 dólares cuando un agente interrumpa la grabación legal de un encuentro con la Policía, o cuando un agente destruya o se apodere de una grabación sin consentimiento o sin una orden judicial. Su promotor, el republicano Joe Salazar de Thornton, dijo que este proyecto de ley es una respuesta a las denuncias que dan cuenta de la Policía de Colorado obligando a los ciudadanos a entregar sus cámaras, lo que, según este abogado de derechos humanos, es una «conducta inaceptable».
Denis Mees, director de políticas públicas de la ACLU de Colorado, que testificó a favor del proyecto de ley, explicó que las penalizaciones tienen el objetivo de «conseguir que los departamentos de policía presten atención e instruyan a los policías sobre lo que pueden y no pueden hacer».
El proyecto de ley ha recibido algún rechazo por parte de la Policía local y los fiscales, quienes sostienen que es innecesariamente punitiva. Anne Marie Jensen, cabildera de la Asociación de Jefes de Policía de Colorado, manifestó que el sindicato «no cree que las personas que arriesgan su vida a diario deban tener un estándar de responsabilidad distinto del resto de funcionarios estatales».
Tom Raynes, del Consejo de Abogados del Distrito de Colorado, estuvo de acuerdo en que los agentes necesitan mejor formación, pero insistió en que «la rendición de cuentas mediante demandas es una manera bastante cínica de lograrlo».
Maes, que trabajó para la administración Obama antes de incorporarse a la ACLU, encuentra que hay cierta ironía en todo esto. «En nombre del cumplimiento de la ley nosotros, los ciudadanos, somos objeto de una rampante vigilancia, pero cuando somos nosotros los que vigilamos el cumplimiento de la ley entonces inmediatamente se dice, ‘¡Eh, un momento, eso ya no mola!'»
También indica que hace falta dar la vuelta al actual paradigma de vigilancia. «El funcionario público debería estar sujeto a la mirada pública. Mientras que los individuos particulares deberíamos poder mantener nuestra privacidad».
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Unos pocos días después de ser agredido, John Prince interpuso una denuncia en la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Providence, ante la insistencia de un conocido del departamento. Ninguna de las mujeres que la Policía retuvo esa noche fue detenida. Y ellas optaron por no interponer denuncia.
En noviembre se celebraron una serie de audiencias, y a primeros de abril Prince y su abogado fueron informados de que dos de los tres agentes que aparecían mencionados en su denuncia habían sido declarados culpables de violar políticas departamentales. El sargento Roger Aspinall –que ordenó a los otros apoderarse del teléfono de Prince– fue suspendido un día sin sueldo, recibió una carta disciplinaria y deberá reciclarse. Francisco Guerra –uno de los agentes que persiguió a Prince– también recibió una carta disciplinaria y tendrá que reciclarse, pero no fue suspendido. Louis Gianfrancesco, el agente que llamó a Prince «Obama» no fue declarado culpable pero también tendrá que reciclarse.
El departamento, no obstante, fue evasivo sobre los hechos que motivaron esas sanciones.
La portavoz del Departamento de Policía de Providence, Lindsay Lague, declaró a Truthout que debido a la «carta de derechos de los agentes de policía» ella no podía dar los nombres de los policías sancionados. Admitió que Prince «fue perseguido por un agente en la entrada», y que el «oficial superior allí presente que dio las órdenes había sido debidamente sancionado».
Sin embargo, dijo: «No ha sido confirmado que algún agente borrara el video del teléfono de Prince aquella tarde», y ni las lesiones de Prince ni las alegaciones de haber sido agarrado y tirado al suelo fueron reconocidas por la oficina de asuntos internos.
Vale la pena señalar que «él tropezó y cayó» es el tipo de explicación que tienen preparada cuando los policías son acusados de brutalidad . De hecho, Bo Dietl, ex detective del NYPD, la empleó recientemente en Fox News al referirse a las lesiones que sufrió Freddie Gray en la médula espinal.
El procedimiento de asuntos internos no se ocupa de si el departamento de Policía tiene alguna culpa de las violaciones. Sin embargo, el 3 de octubre de 2014, justo dos semanas después de la denuncia presentada por Prince, el departamento publicó una nueva orden general de «relaciones comunitarias» que decía:
Es política del Departamento de Policía de Providence reconocer que los ciudadanos tienen el derecho de grabar a los agentes de policía en lugares públicos siempre que esas acciones no interfieran con el desempeño de sus funciones ni con la seguridad de los agentes o de otras personas.
Lague afirma que esta política ya se estaba desarrollando cuando tuvo lugar el incidente.
Prince dice que las sanciones impuestas por asuntos internos no son suficientes.
«Un día sin sueldo. Reciclaje. Una especie de ceremonia en la que se sientan en círculo y hablan de lo que hicieron: eso no es suficiente», comentó. «Estos hombres llegaron hasta mi casa, me agarraron y me tiraron al suelo, se llevaron mi teléfono, borraron cosas y me dijeron ‘eso es lo que te pasa'».
Si el relato de Prince es cierto, los agentes pueden ser culpables de violar derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda. Un agente de Albuquerque fue acusado de manipular pruebas por borrar un video de un teléfono móvil que supuestamente mostraba una mala actuación policial. La ciudad de Baltimore reclamó 250.000 en un procedimiento civil por un video borrado.
«Me trataron como si yo no importara,» dijo Prince, «y solo les han dado un tirón de orejas».
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Los videos no van a solucionar el problema de la violencia policial. Tampoco pueden garantizar «justicia» a las victimas, de una manera u otra. Los videos pueden haber ayudado a que se organizasen manifestaciones masivas en Baltimore pero queda por ver si las acusaciones presentadas el 1 de mayo contra los seis agentes que detuvieron a Freddie Gray llegan a juicio.
Y, sin embargo, como apunta Aidge Patterson: «Si no fuera por personas como Ramsey Orta nadie sabría el nombre de Eric Garner». Lo mismo vale para Walter Scott, Oscar Grant o Rodney King.
Cuando grabas a la Policía les estás quitando parte del control de la narrativa. Como decía hace poco Stanley: «La fotografía es una forma de poder y la gente se muestra reticente a ceder poder, incluyendo los agentes de policía».
Las cámaras –en especial las que maneja la gente corriente , no la Policía– han ayudado a abordar lo que ha sido uno de los mayores impedimentos para combatir la brutalidad policial en Estados Unidos: la falta de voluntad del sistema judicial penal para reconocer el sufrimiento negro o creer una historia con víctimas negras.
No deja de ser otra muestra de la barbarie de la supremacía blanca el que un movimiento tan hermoso y humano como Black Lives Matter deba comerciar con imágenes de cuerpos negros maltratados para legitimar sus reivindicaciones ante la incredulidad blanca. No debería ser así. Pero de momento lo es.
Por eso debemos asegurar que la gente pueda grabar a la Policía en sus barrios sin ser acosada, detenida o atacada. Hacen falta más proyectos de ley como el de Colorado –que ya ha sido enviado al despacho del gobernador John Hickenlooper– y penas más severas para policías como Aspinall, Guerra y Gianfrancesco.
Grabar a la Policía, sostiene Paterson, no tiene solo que ver con la rendición de cuentas. «También tiene que ver con que las comunidades adquieran el poder de protegerse a sí mismas».
«Nosotros lo vemos como un acto de amor», añade, «una manera de aparecer y hacer saber a la gente, ‘mira, me preocupo por ti, estoy aquí para intentar y asegurarme de que esta noche vuelves a casa sano y salvo'».
Escritor estadounidense.
