Tomado de InSightCrime
Una nueva base de datos compilada por un grupo de activistas ubicados en Washington, DC, tiene como objetivo aumentar la transparencia en torno a los programas de asistencia que Estados Unidos ofrece a Latinoamérica en materia de seguridad, con la esperanza de que haya un mejor seguimiento y evaluación de los programas.
La Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés) ha creado la “Base de Datos para la Investigación y Supervisión de la Defensa (Defense Oversight Research Database)”, una plataforma que muestra los programas que Estados Unidos está implementando para ayudar a las fuerzas militares y policiales extranjeras, con el fin de ayudar a evaluar su impacto en Latinoamérica.
La base de datos muestra en qué consiste cada programa, la cantidad de dinero que se le puede adjudicar, y cuándo fue establecido. También incluye artículos periodísticos y otro tipo de informes relevantes.
De los 107 programas de asistencia de Estados Unidos en materia de seguridad en todo el mundo, WOLA descubrió que 75 están dirigidos a la región latinoamericana, y que Estados Unidos trabaja con las fuerzas de seguridad de la región, excepto Cuba, Bolivia y Venezuela.
Desde el año 2000, Estados Unidos ha invertido unos US$20,5 mil millones en programas de asistencia de seguridad en Latinoamérica, de los cuales, según WOLA, más de US$17 mil millones se han invertido en programas contra las drogas y el crimen organizado.
Los dos mayores beneficiarios han sido Colombia (US$9,5 mil millones) y México (US$2,5 mil millones), que recibieron grandes paquetes de ayuda en la lucha contra las drogas a lo largo de la primera década de este siglo. Esta situación cambió en el año 2016, cuando entre los tres países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) recibieron más ayuda que Colombia o México, dado que Estados Unidos empezó a prestar más atención a las altas tasas de criminalidad en la subregión.
La administración Trump se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa, a la vez que busca recortar la ayuda exterior de Estados Unidos para el desarrollo económico. Falta ver si esto conducirá a nuevos fondos para los programas de seguridad de Estados Unidos en Latinoamérica, o a una disminución general de las ayudas de Estados Unidos en la región.
Análisis de InSight Crime
La iniciativa de WOLA busca aumentar la transparencia y la eficacia en cuanto a la asistencia de Estados Unidos para Latinoamérica y el resto del mundo en materia de seguridad.
“La información para comprender los paquetes de asistencia de Estados Unidos en general es bastante difícil de encontrar, y nunca ha estado en un solo lugar”, le dijo a InSight Crime Sarah Kinosian, quien ayudó a compilar la base de datos de WOLA. “Si no podemos ni siquiera tener un panorama general de la asistencia de Estados Unidos, ¿cómo podremos evaluarla?”.
Al proporcionar una amplia base de datos de los programas de asistencia de Estados Unidos en materia de defensa, WOLA pretende ponerla disponible para la continua supervisión de la ciudadanía.
Los programas de seguridad de Estados Unidos en Latinoamérica han tenido resultados diversos, tanto en términos de su eficacia a largo plazo, como en su impacto en los derechos humanos. Por ejemplo, la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI por sus iniciales en inglés) —un proyecto a través del cual Estados Unidos ha inyectado más de mil millones de dólares desde 2008— ha sido objeto de debate, pues no hay claridad acerca de si sus programas de prevención de las pandillas y la violencia han dado resultados positivos. Otros importantes planes de seguridad, como el Plan Colombia, de miles de millones de dólares, también han sido criticados por quedarse cortos en algunos de sus objetivos.
Supervisar el cumplimiento de las condiciones que garanticen los derechos humanos ha sido otro tema importante en relación con la ayuda de Estados Unidos parar la seguridad. Aunque Estados Unidos aprobó una ley dirigida a erradicar las fuerzas de seguridad implicadas en las violaciones a los derechos humanos —la llamada Ley Leahy—, la oficina del Departamento de Estado que gestiona el proceso de investigación en este sentido cuenta con pocos recursos financieros, y la ley como tal está llena de lagunas que al parecer han sido utilizadas para evadirla.
La falta de monitoreo y evaluación de los programas de asistencia en seguridad financiados por Estados Unidos hace difícil evaluar en qué medida los paquetes como CARSI y la Iniciativa Mérida hicieron aportes para la solución de los asuntos de seguridad en los países donde se aplicaron.
Dado este contexto, la base de datos de WOLA es un primer paso prometedor hacia la mejora de la transparencia en torno a estos programas. Pero aumentar la supervisión sobre los programas de ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad no será suficiente, según advierte Kinosian. Ella dice que, además de una ayuda militar más eficaz y transparente, las autoridades de Estados Unidos deben también promover más programas de largo plazo que aborden las causas de la violencia en la región, como “desarrollo rural, cultivos alternativos o el fortalecimiento de las instituciones públicas —programas que apuntan a solucionar la base de estos problemas en lugar de solamente atacar sus síntomas”.
Un comentario
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